La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela atrasos de $32.6 millones en el pago de obligaciones y retenciones, entre otros, a la Administración de los Sistemas de Retiro, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad de Energía Eléctrica, y al Internal Revenue Services, al 31 de diciembre de 2016. Esta cifra incluye $1.1 millones en intereses, recargos y penalidades por los atrasos. Una situación similar ya se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-49 del 2016.

La auditoría de tres hallazgos señala que la alcaldesa autorizó 284 transferencias de crédito por $18.4 millones que tuvieron el efecto de rebajar el presupuesto en 14 partidas de obligaciones estatutarias. Las transferencias que causaron el aumento en los gastos operacionales, se realizaron sin la certificación de sobrantes por parte de los directores de Finanzas.

De hecho, esta situación ocasionó sobregiros en las partidas del presupuesto que junto a otros factores ha causado déficits acumulados de hasta casi el 50% del presupuesto de Ponce del 2015 al 2017. Durante dicho periodo los déficits sumaron $38.9, $37.8 y $44.8 millones de un presupuesto de $94.6, $92.8 y $88.9 millones. Situaciones similares se habían comentado también en los Informes M-13-07 del 2013 y M-16-02 del 2015.

Nuestros auditores identificaron cheques por $31,593 sin cobrar por más de seis meses desde su emisión y no se proveyó para examen, 249 conciliaciones bancarias de 14 cuentas para el periodo de julio de 2014 a diciembre de 2016. Estas situaciones pueden propiciar irregularidades con los fondos y nos impidió verificar el detalle de los cargos efectuados por los bancos.

El Informe comenta que se realizaron tres préstamos al Banco Gubernamental de Fomento, del 2013 al 2014 por $21.3 millones, uno de ellos para cubrir deficiencias en efectivo y el pago de deudas contraídas con entidades gubernamentales por $10 millones. La Contraloría considera que no es una buena práctica administrativa el solicitar préstamos para el pago de deudas y obligaciones. Para dicho periodo, el Municipio tampoco tomó medidas efectivas para aumentar la capacidad de ingresos, ni para cubrir las deficiencias en los fondos operacionales.

Al 30 de junio de 2017, el Municipio no había recobrado $310,209 que se recomendó en el Informe de Auditoría M-16-49 del 2016.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2017

Vea el Informe de Auditoría M-19-30.

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