La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Juana Díaz relacionadas con las recaudaciones, transferencias de fondos y las conciliaciones bancarias. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela que no se localizaron, ni los funcionarios municipales suministraron, unos 839 recibos de recaudación en blanco. Esta deficiencia de control interno propicia que se cometan irregularidades con los fondos municipales y dificulta que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades.

La auditoría de dos hallazgos señala que el Municipio contaba con 10 fondos especiales con $342,561 inactivos hasta por más de seis años. Además, el Municipio mantenía 8 cuentas bancarias con saldos de $264,891 inactivos hasta por cuatro años. Los funcionarios y empleados municipales no ofrecieron las razones sobre la inactividad, ni las gestiones realizadas para reprogramar y utilizar dichos fondos. Esta situación que priva de recursos económicos al Municipio, se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-17 del 1 de febrero de 2016.

Nuestros auditores identificaron múltiples faltas de controles efectivos en las operaciones de los almacenes del Municipio. Algunas de estas faltas detectadas se refieren a la falta de segregación de deberes de los empleados, a que no se mantenían inventarios perpetuos de los artículos, a que no se realizaban inspecciones físicas ni se preparaban requisiciones escritas para el despacho de materiales y piezas.

La auditoría comenta que un asesor financiero detectó que un recaudador oficial no había depositado unos $27,471. Este hecho se lo notificó a la Unidad de Auditoria Interna del Municipio que a su vez suspendió al empleado y reportó la situación al Departamento de Justicia, a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental. El recaudador fue destituido de su puesto y queda pendiente la investigación de Justicia y Ética Gubernamental.

El Informe también comenta que en Juana Díaz se implementó en 2017, una reducción de 20 horas semanales a la jornada laboral, y una reducción del 10% del sueldo de los funcionarios de confianza para atender la crisis fiscal. En el 2018 se dejó sin efecto la reducción de jornada laboral.

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2017.

Vea el Informe de Auditoría M-19-16.

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