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Esta semana, publicamos dos auditorías de cumplimiento sobre las operaciones del Municipio de Guayama y de la Oficina Regional Educativa de Bayamón del Departamento de Educación.

En ambas auditorías se refieren hallazgos al Departamento de Justicia, para que tomen las medidas que correspondan.

En la Oficina Regional Educativa de Bayamón, no se llevaron a cabo subastas formales del servicio de transportación escolar, para los años fiscales del 2018 y 2019. Por el contrario, se otorgaron 453 contratos de emergencia por $78 millones de dólares.

Además, la Oficina formalizó 162 contratos durante cinco años, del 2015 al 2020, por la suma de $53 millones de dólares, a dos corporaciones cuyo dueño era la misma persona. El Departamento de Educación a nivel central tenía conocimiento de esta situación.

Esta Oficina presta servicios a 114 escuelas en los pueblos de Bayamón, Cataño, Corozal, Morovis, Naranjito, Orocovis, Toa Alta y Toa Baja.

Por otro lado, el Informe de Guayama reveló, que el Municipio contrató en el 2020, una corporación regular no autorizada a ejercer la práctica de la ingeniería, ni a ofrecer servicios a proyectos de construcción.

Este contrato sería nulo por no cumplir con el ordenamiento jurídico vigente.

Además, el presidente de la corporación no era ingeniero licenciado, y no estaba registrado en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, ni en la Junta Examinadora. Los funcionarios de Guayama, sabían que el oficial de la corporación no era ingeniero licenciado mas, sin embargo, autorizaron un desembolso por la cantidad de $23 mil dólares en el 2021.

Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestro portal www.ocpr.gov.pr.

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