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 La Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó recientemente los informes de auditoría de: la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, Autoridad de Tierras y elDepartamento de la Vivienda.

La auditoría de laAdministración de Servicios Médicos de Puerto Rico reveló que el 92 por ciento de las órdenes de compra para atender la pandemia del COVID-19 no incluían una cláusula de penalidad en caso de entregas tardías.

Además, señala que la supervisora de Cuentas a Pagar a proveedores no realizaba las conciliaciones mensuales con el subsidiario.

Estas situaciones, impiden mantener un control administrativo adecuado.

El Informe indica que esta Agencia tiene un balance de pago por $448 millones de dólares desde el año 2010 de una línea de crédito que tomó del Banco Gubernamental de Fomento por $284 millones de dólares.

El no consignar en el presupuesto el pago del principal y los intereses agrava la situación económica y podría tener el efecto de que el Centro Médico de Puerto Rico, que sirve de colateral de la línea de crédito, pierda la titularidad de las 149 cuerdas de terreno.

Por otro lado, la Contralora emitió una opinión favorable de las operaciones de los sistemas de información computadorizados de la Oficina de Recuperación de Desastres del Departamento de la Vivienda.

Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones se realizaron en todos los aspectos significativos de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable.

La Oficina de Recuperación, es responsable de administrar los fondos del programa Community Development Block Grant -Disaster Recovery que fomenta la recuperación tras los desastres causados por los huracanes Irma y María.

Además, se publicó un informe de investigación de la Autoridad de Tierras, a raíz de dos querellas, que reveló que el Fondo de Mejoras Municipales no se utilizó de acuerdo con la ley y la jurisprudencia.

Una enmienda al Código de Rentas Internas en el 2020 le otorgó a los legisladores la autoridad para disponer del Fondo, contrario a lo que establece la Constitución sobre la separación de poderes.  Los senadores y representantes seleccionaban a los beneficiarios del Fondo, los referían para recibir la ayuda, y determinaban la construcción de obras y mejoras permanentes.

La investigación señala también, múltiples incumplimientos en los contratos entre la Autoridad de Tierras con las entidades sin fines de lucro.

Le recordamos que los Informes de la Oficina del Contralor, las Cartas Circulares y otros documentos, están disponibles en nuestra página www.ocpr.gov.pr.

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