Contralora revela incumplimiento con las especificaciones de rugosidad y múltiples irregularidades en la construcción del Puente Atirantado

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) anunció los resultados de la investigación sobre la construcción del puente Jesús Izcoa Moure (Puente Atirantado). El entonces director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) y actual secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo, le solicitó el 10 de enero de 2023 a la OCPR, investigar el proyecto cuyo avanzado deterioro apuntaba a una ejecución incorrecta del contrato de construcción. 

La investigación reveló que el Puente Atirantado se inauguró el 24 de octubre de 2008 a petición de la ACT. El contratista indicó el 23 de octubre de 2008 que el puente estaba sustancialmente terminado. 

Sin embargo, el diseñador informó que se podía abrir, pero con la restricción de evitar el tráfico pesado y limitar el espacio a dos peatones por metro cuadrado, hasta que los tendones del puente fueran tensados y cementados. El diseñador señaló, además, que no se podía garantizar que la plataforma de rodaje no se agrietara, y advirtió que se diera la más alta prioridad a completar los trabajos con los tendones. A pesar de las advertencias, dos días después de su inauguración se celebró la carrera 10K el Chango con 1,200 corredores. 

Un mes después de su inauguración, el administrador notificó que no debía permitirse el tráfico pesado ya que estaba causando vibración excesiva en la plataforma y estaba ejerciendo un impacto excesivo en el anclaje y que faltaban trabajos críticos por completar. Al 1 de febrero de 2024, la ACT confirmó que no hallaron documentación que explique las razones por las cuales no se llevaron a cabo las restricciones recomendadas. 

A tales efectos, la integridad de la estructura pudo verse comprometida, se puso en riesgo la seguridad de los usuarios del puente, y este hecho pudo haber tenido consecuencias adversas para la ACT. 

El Informe, de ocho resultados, señala que el 6 % del hormigón que se depositó en el puente era de una resistencia a la compresión menor a la requerida. La ACT aceptó el hormigón de baja resistencia depositado en la torre #4 tras un análisis estructural del diseñador. Sin embargo, no hay evidencia de haberse realizado la validación para la torre #5 ni para la plataforma. 

La inspección de la rugosidad de la superficie de la plataforma de rodaje reveló que, no cumplía con los estándares de construcción, y el contratista tampoco presentó alternativas para corregir las ondulaciones según requerido. Un informe de inspección de una compañía privada en el 2016 le informó a la AC que las vigas de los bordes no estaban derechas y parecían desviarse de los alineamientos, y que esa irregularidad podría estar relacionada a las ondulaciones de la vía de rodaje. Sin embargo, estas deficiencias no se corrigieron. 

La directora del Área de Construcción de la ACT certificó que no tenía conocimiento de haberse realizado reparaciones y mantenimientos en el puente desde el 2010 hasta el 2022. El director ejecutivo de ACT certificó que no se habían documentado planes de mantenimiento para el puente desde el 2008 hasta el 2016 y que desde el 31 de octubre de 2022 se llevan a cabo proyectos de reparación por $31 millones. 

La falta de planificación en los trabajos de mantenimiento del Puente Atirantado ocasionó que la ACT tuviera que incurrir en gastos de contratación por $31 millones para llevar a cabo las inspecciones, la rehabilitación, y encargar una auditoría forense para determinar las deficiencias y adjudicar responsabilidades. 

La evaluación devela que la fecha de terminación sustancial de la construcción del Puente Atirantado se adelantó del 8 de mayo de 2010 al 31 de enero del 2010 a solicitud del contratista y aprobado por el entonces director regional previa recomendación de la ingeniera supervisora. Al 1 de febrero de 2024, el director ejecutivo de la ACT no había tomado una decisión sobre el pago de este “early completion bonus”, según indica el contrato. 

El contratista y la ACT formalizaron un acuerdo –Change Order– en el 2019, por un importe negativo de $1.4 millones como parte del proceso de liquidación de pago de la construcción del puente. El Manual de Especificaciones establece que, al terminar un proyecto, el ingeniero tiene 10 días para inspeccionar y certificar la obra. 

Sin embargo, al 8 de mayo de 2023, la inspección final no se había realizado, y el 1 de febrero de 2024 el director ejecutivo de la ACT certificó que está revisando posibles incumplimientos por parte del contratista. 

Los auditores detectaron que 30 enmiendas por $4.4 millones otorgadas desde el 2002 al 2009, no se registraron en la OCPR en contravención de la reglamentación vigente. Además, del 2015 al 2022, la ACT no presentó a la Asamblea Legislativa informes detallados sobre el estado y progreso de todas las facilidades de tránsito y de transportación, según dispone la Ley 74 de 1965. 

El Informe le recomienda a la secretaria designada de Justicia y al administrador de la Federal Highway Administration en Puerto Rico, considerar los resultados de esta investigación para que tomen las medidas que estime pertinentes. 

El Informe Especial OC-25-68 con fecha del 1 de abril de 2025 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.