Oficina del Contralor revela pagos indebidos, en exceso y sin contrato en auditoría de opinión adversa en Salud del Municipio de San Juan

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Departamento de Salud del Municipio de San Juan. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la contratación, desembolsos y cuentas por cobrar, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El Informe revela que el Municipio pagó $299,631 en exceso del 10% que dispone el Reglamento de Contratos del Municipio a contratista que prestaría el servicio y personal de facturación y cobros de planes médicos para los servicios médicos en el Hospital Municipal y en los nueves Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT). Además, el contrato formalizado el 12 de julio de 2017, indicaba que prestaría los servicios en áreas de ropería, dietas, ward clerks y asistencia en oficinas médicas. El contrato estableció que la corporación cobraría el 11% de los recaudados mensualmente por la facturación y cobro a los planes médicos.

Además, se pagaron $115,497 sin que mediara un contrato por servicios prestados del 1 al 11 de julio de 2017, y $22,665 por un error matemático en exceso de lo facturado. Los pagos sin contrato son perjudiciales ya que no hay un documento legal que establezca los derechos y las obligaciones de ambas partes, y los pagos en exceso no permiten que estos recursos se utilicen para otras necesidades de la ciudadanía.

La auditoría de 11 hallazgos señala que las corporaciones sin fines de lucro A y B que se incorporaron en el 2003 y 2010 respectivamente, realizaron trabajos sin autorización legal en el Hospital Municipal. La corporación A, a cargo de la facturación y cobro de servicios médicos y la corporación B, responsable de prestar servicios de medicina y cirugía, no tenían contratos o acuerdos escritos con el Municipio.

Del 1 de enero de 2017 al 15 de diciembre de 2021, la corporación A recibió $809,383 que no depositó en las cuentas del Municipio sino en una cuenta privada de la corporación. De estos, el 88% corresponden a la administración de la exalcaldesa y 12% al alcalde actual. La Ley 56 del Sistema de Asistencia Médico-Hospitalaria de 1969 dispone que estos fondos se deben depositar en cuentas del Municipio.

Los auditores de la Contraloría hallaron que la pagadora especial depositó seis cheques por $11,055 en su cuenta bancaria personal, que eran para reponer dinero en el fondo especial que rembolsa los incentivos para la transportación y dietas de los participantes de la Unidad de Investigación del Hospital San Juan. El 4 de octubre de 2021, se visitó el área para realizar un arqueo y la pagadora especial indicó que no tenía la llave para abrir la caja de seguridad. Luego se acogió a licencia por enfermedad hasta el 24 de octubre de 2021. El 25 de octubre, la gerente de la División le indicó al director que la pagadora especial le había entregado los $7,000, que es el balance determinado por la Ordenanza 46 para este fondo.

Esta posible malversación y apropiación ilegal de fondos públicos por parte de la pagadora especial se refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 29 de agosto del 2023 para su evaluación y acción correspondiente. También se recomienda al National Institute of Health que evalúe la situación y que tome las medidas que estime pertinente.

El Informe devela que al contrato de $13,250,000 por servicios farmacéuticos, laboratorio y enfermería, formalizado el 29 de junio de 2018 por la exalcaldesa, se firmó una enmienda por $2,866,833 sin justificar los servicios adicionales para aumentar el contrato. Además, el Municipio no obligó los créditos necesarios al momento de otorgar el contrato, hecho que impide mantener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias.

El Departamento de Finanzas del Municipio no mantiene los registros de las cuentas por cobrar de 50,735 pacientes que deben $7,180,666 por los servicios brindados en las salas de emergencia. El 90% del total corresponde a la administración de la exalcaldesa y el 10% al alcalde actual.

Además, el Municipio había facturado $666,308 (77% la exalcaldesa y 23% el alcalde), en exceso de las tarifas fijadas para los servicios médicos en los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) para los pacientes sin plan médico, incluidos los laboratorios y Rayos X. Esta acción impone una carga adicional a los pacientes y propicia que se cometan irregularidades.

Los auditores evidenciaron que se desembolsaron $2,870 por servicios de radiología que no se prestaron y $5,040 por un diferencial otorgado a médico especialista que a partir del 1 de julio de 2021 no ejercía las tareas adicionales por las que recibía el diferencial. Estos pagos indebidos no permiten una administración adecuada del personal.

Al 1 de septiembre de 2022, el Municipio no tenía reglamentación, ni procedimientos para el manejo de los inventarios del material médico-quirúrgico y de medicamentos, ni para el control y disposición de medicamentos expirados. Tampoco tenía reglamentación para el traslado de medicamentos y de material quirúrgico entre los CDT’s, ni para las gestiones del cobro de deudas. La reglamentación facilita el logro de los resultados prioritarios con eficiencia.

La auditoría publica que no se realizaron inspecciones periódicas de los almacenes de los materiales médicos-quirúrgicos en seis CDT’s y en el Hospital Municipal que al 30 de junio mantenían inventarios por $1,214,682. Además, el examen realizado a las operaciones de recaudaciones reveló que el Municipio no contaba con recaudadores auxiliares para cubrir los 32 turnos en las salas de emergencia.

El Informe revela que la Oficina de Auditoría Interna del Municipio no realizó auditorías que incluyeran las áreas de materialidad y riesgo, como el inventario de material médico-quirúrgico, medicamentos o los controles internos del funcionamiento del sistema de contabilidad Oracle, o el módulo Evolution, entre otros. Esta situación impidió mantener una fiscalización continua y eficaz de las operaciones del Municipio.

La auditoría comenta que, al 19 de agosto de 2024, dos demandas por $1,054,738 estaban pendientes de resolución en los tribunales.

El presupuesto del Municipio fue de $477,771,247, $447,771,247, $435,707,777, $428,760,777, $426,447,777, $455,500,000 y $484,992,768, del 2017 al 2013 respectivamente. De estos, se asignaron al Departamento $164,994,144 (35 %), $157,775,730 (35 %), $149,916,658 (34 %), $88,110,100 (21 %), $110,849,993 (26 %), $131,172,955 (29 %) y $140,011,957 (29 %).

Los estados financieros reflejaron déficits acumulados de $103,002,116, $183,031,021, $171,914,023, $190,949,809 y $706,829 del 2017 al 2022.

La auditoría, además, le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de San Juan cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.

Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2022

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El Informe de Auditoría OC-25-27 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.