La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Salinas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la Oficina de Turismo de Salinas recaudó $31,803 con recibos no oficiales y sin contar con un nombramiento de recaudador auxiliar. Además, los empleados no expidieron recibos por $2,083 por el alquiler de kayaks, ventas de artículos y rutas en el trolley.

La auditoría de seis hallazgos señala que el recaudador de Finanzas no solicitaba los recibos no oficiales, para verificar la corrección del cuadre del dinero recaudado que preparaba el director de turismo. Además, se identificaron recaudos por $37,514 entregados a Finanzas hasta un año después del recaudo. Estas situaciones propician que se cometan errores, irregularidades o el uso indebido y pérdida de los fondos municipales.

El Informe enumera otras deficiencias contrarias a la Ordenanza 24 de 2016 sobre la renta de bienes y servicios turísticos como por ejemplo: la recaudación por el alquiler de artículos no incluidos en la Ordenanza y las recaudaciones a precios distintos a los que establece el documento. La misma Ordenanza no tiene disposiciones relacionadas con la administración ni los procedimientos para la solicitud y alquiler de bienes y servicios.
Los auditores no encontraron para examen los formularios de reservaciones, relevos de responsabilidad, y recibos emitidos. Esta situaciones se atribuye a la falta de supervisión de las operaciones de Turismo, falta de espacio para salvaguardar los documentos y a la pérdida de documentos a causa del huracán María.

La Junta de Subastas del Municipio, adjudicó obras de demolición, remoción y disposición de estructuras de instalaciones deportivas a un postor cuya cotización no incluyó los costos de tramitar los permisos. Al sumarle este costo, la adjudicación de las obras no se realizó al mejor postor cuya cotización era de $3,250 más económica. Esta situación pudo propiciar el favoritismo y restar confiabilidad al proceso. Además, el Municipio de Salinas no remitió el contrato al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor (OCPR) y no se encontró evidencia de la solicitud de permisos a la Oficina de Gerencia de Permisos.

Al 10 de febrero de 2021, no se había reglamentado la contratación de los seguros y las fianzas, para establecer los procedimientos para las reclamaciones, adquirir servicios especializados de corredores y establecer la forma de pago. Esta situación se corrigió mediante la Ordenanza 2 de 2021.

Los auditores hallaron que los contratos del 2018 al 2020 se remitieron a la Oficina del Contralor hasta nueve meses después de ser otorgados. Además, contrario a la legalidad vigente, el Municipio realizó pagos por $589,864 por equipo pesado sin haber registrado antes los contratos.
El Informe también devela, incumplimientos y tardanzas de hasta siete meses para el envío del Informe Mensual de Nóminas y Puestos, la Certificación Anual de Registros de Contratos y la Certificación Negativa sobre el Estado de las Privatizaciones, a la OCPR y a otras entidades.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Salinas cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

El presupuesto del Fondo General del Municipio fue de $10,229,542 en el año fiscal de 2019, $9,869,020 en el 2020, y de $9,657,519 en el 2021. Los estados financieros auditados reflejaron superávits acumulados en el Fondo General de $402,763 en el año fiscal de 2019, $1,489,191 en el 2020 y $1,269,106 en el 2021.
Este primer informe de Salinas cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

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Vea el Informe de Auditoría OC-24-23.

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