La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Luquillo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio incluyó labores de escarificación, en los contratos de repavimentación de calles del centro urbano, adjudicados en las subastas generales, que no fueron requeridos en las especificaciones de las subastas. El presidente de la Junta de Subastas indicó que, aunque no se incluyó la labor de escarificación o rayado de la superficie, se aceptó el precio ofrecido por el agraciado con la subasta, en una oferta alterna. Esta situación, no permitió la libre competencia de los otros licitadores, ni al Municipio seleccionar las mejores ofertas. Por estos trabajos alternos el Municipio desembolsó $308,880 del 2019 al 2020.

La auditoría de cinco hallazgos señala que se adjudicaron la totalidad de los proyectos de construcción examinados, sin obtener al menos tres cotizaciones contrario al Reglamento de Subasta de 2018. Para estos ocho proyectos se formalizaron siete contratos y nueve enmiendas por $645,533, uno de ellos se pago con fondos federales del programa Community Development Block Grant.

El Municipio publicó y adjudicó una subasta para los trabajos de revitalización de los Kioskos de Luquillo, sin obtener el permiso de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos. El permiso se obtuvo seis meses después. Esta deficiencia tiene el efecto de que la OGPe no ejerció su función reguladora y el Municipio no tenía la seguridad de que el proyecto se realizaría de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoría M-19-33 de 2019.

Los auditores identificaron que el Municipio no obligó los créditos presupuestarios en el 46% de los contratos y el 26% de las enmiendas examinadas en los trabajos de restauración de instalaciones deportivas, rehabilitación de viviendas y reparación de la Casa Alcaldía, entre otros. Los registros de obligaciones se dieron hasta tres meses después de la formalización del contrato, y en uno de los casos se obligaron los fondos 53 días después de culminar la obra. Esta falta de control, puede causar sobregiros y litigios innecesarios para el Municipio.

Contrario a la reglamentación vigente, el encargado de la propiedad no realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble del 2018 al 2021. Además, la Certificación Anual de Pérdidas e Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes Públicos, de los años fiscales de 2020 y 2021, se remitió a la Oficina del Contralor hasta dos años más tarde. Esta certificación juramentada por el ejecutivo principal de la agencia, se debe presentar no más tarde del 31 de agosto de cada año.

El Municipio de Luquillo no realizó las investigaciones administrativas requeridas de los 11 accidentes ocurridos del 2018 al 2021, ni del hurto de propiedad por valor de $17,281 en el 2018. Además, el Municipio notificó a la Oficina del Contralor, ocho de los 11 accidentes, tres años y medio mas tarde a lo estipulado en el Reglamento 41 sobre Notificación de Pérdidas a la Oficina del Contralor.

El Informe le recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Luquillo cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor. El informe de Luquillo, cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2022.

El Informe de Auditoría M-23-32 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.