La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Canóvanas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe de un hallazgo revela que el Municipio no formalizó 92 contratos con los licitadores agraciados en las subastas celebradas del 2018 al 2020 para la adquisición de bienes y servicios. En su lugar, emitían una orden de compra.  Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-19-01 de 2018.

La ausencia de contratos escritos, puede resultar perjudicial para el Municipio ya que al no haber documentos legales que establezcan los derechos y obligaciones de las partes, puede provocar que el licitador no honre los precios adjudicados. De hecho, el Reglamento Municipal, establece los requisitos para formalizar contratos con los proveedores agraciados en las subastas generales. Este hecho es reiterado por el Tribunal Supremo, que establece que los municipios tienen que cumplir con la formalidad de otorgar contratos para que se puedan desembolsar fondos públicos.

La auditoría comenta que el Municipio tenía un déficit corriente en el Fondo Operacional por $3,058,733 para el año fiscal 2020. El déficit presupuestario reduce los recursos disponibles para el siguiente año fiscal ya que el importe tiene que consignarse en el próximo presupuesto con carácter preferente.

Al 30 de junio de 2020, trece demandas civiles estaban pendientes de resolución por los tribunales por $12,950,000.

El Informe le recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Canóvanas cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor. Este segundo y último informe de Canóvanas, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 30 de noviembre de 2020.

Vea el Informe de Auditoría M-23-20.

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