La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de San Lorenzo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, el Municipio pagó $12,400 en exceso a lo facturado por el arrendamiento de cuatro generadores eléctricos en el 2018. La Contraloría recomienda recobrar esta cantidad al contratista. Además, el Municipio pagó $5,240 en exceso por servicios de consultoría para la recuperación tras los huracanes Irma y María. A raíz de nuestra intervención el Municipio emitió una carta de cobro a la corporación de servicios profesionales, la cual devolvió lo recibido en exceso. Ambas situaciones se atribuyen a que el oficial de preintervenciones, aprobó cantidades mayores a las facturadas, y a que el director de Finanzas no supervisó adecuadamente los procesos.

La auditoría de tres hallazgos señala, de una muestra de cinco desembolsos examinados, que el Municipio pagó $91,558 en multas, intereses y penalidades al Servicio de Rentas Internas Federal (IRS- por sus siglas en inglés) del 2018 al 2021. Esta situación afecta los recursos de la agencia federal para cumplir sus funciones y agrava la situación fiscal del Municipio. Un hallazgo similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-30 del 10 de mayo de 2016.

El Informe devela que el exalcalde no remitió al consentimiento de la Legislatura Municipal, una oferta de transacción por $125,902 ante el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, por una demanda de cobro de servicios y equipos rentados durante el huracán María. Toda transacción que conlleve algún tipo de desembolso económico mayor de $25,000, debe remitirse a la evaluación de la Legislatura Municipal.

La auditoría comenta que el Municipio de San Lorenzo pagó $111,900 por tres demandas de discrimen político y despido injustificado del 2019 al 2021. Además, al 31 de diciembre de 2021, 13 demandas civiles estaban pendientes de resolución por los tribunales por $38,000,000, y dos casos estaban pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Publico por $75,000.

La auditoría recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Este segundo y último informe de San Lorenzo, cubre el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2021.

El Informe de Auditoría M-23-19 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.