La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Dorado. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, un ayudante de ingeniero contratado por el Municipio desde el 2014, realizó tareas de ingeniero licenciado en la supervisión de la ejecución de obras y mejoras de construcción, y aprobó pagos a los contratistas, sin tener la licencia de ingeniero de la Junta Examinadora ni estar registrado en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Del 1 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2021, el Municipio había formalizado 101 contratos de construcción y mejoras por $4,832,817. Del examen realizado, el 83% de los contratos incluían una cláusula que establecía que el Municipio designaría un representante como ingeniero inspector para supervisar y aprobar los pagos. Esta situación contraria a las cláusulas contractuales, impidieron que un ingeniero licenciado realizara los trabajos lo cual podría tener consecuencias adversas para los usuarios de las estructuras.

La auditoría de dos hallazgos señala que se otorgaron dos contratos de construcción por $164,777 para remodelar una rotonda e impermeabilizar el techo del anfiteatro, sin las fianzas requeridas. Además, el Municipio no le requirió a los contratistas las fianzas ni las pólizas de responsabilidad al momento de formalizar los contratos de la reconstrucción de la pista atlética y la rehabilitación de viviendas, por $870,923. A tales efectos, el Municipio no tenía la garantía del cumplimiento del contrato (performance bond), ni la garantía para pagar la mano de obra, equipo y materiales (payment bond), en caso de accidente o incumplimiento por parte del contratista.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos de Puerto Rico y el Reglamento Municipal, el director de Finanzas no obligó los créditos presupuestarios en el 33% de los contratos y enmiendas al momento de otorgarse. Esta situación no permite mantener un control eficaz de las partidas presupuestarias para el pago de los contratos.

El Informe les recomienda a los presidentes de la Junta Examinadora y del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, considerar el hallazgo publicado para que tomen las medidas que estimen pertinentes. Además, recomienda al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor. Este segundo y último informe de Dorado cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de marzo de 2021.

Vea el informe de Auditoría M-23-05.

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