La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario (Comisión). Las pruebas efectuadas y la evidencia en poder de la Oficina del Contralor revelaron que las operaciones no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

Del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2019, se autorizaron donativos por $61 millones a 834 organizaciones sin fines de lucro.

El Informe revela deficiencias en el 72% de las entidades sin fines de lucro examinadas, entre otras por la falta de un sistema de contabilidad, carencia de sistema efectivo de archivo, o no tenían un registro de firmas de las personas autorizadas a firmar los documentos de la Comisión.

Además, los analistas de la Comisión, no fiscalizaron de forma adecuada los fondos legislativos otorgados. Por ejemplo de la muestra examinada, se autorizaron 530 transacciones por $336,558 en el 44% de las organizaciones sin la justificación de los desembolsos; se pagaron $68,457 para compras y servicios no autorizados en el 12% de las entidades; y los analistas no inspeccionaron el 20% de organizaciones que recibieron $250,026 en fondos legislativos.

En particular, los auditores de la Contraloría hallaron reembolsos de gastos con la tarjeta de crédito personal de un administrador, sin la autorización previa de la Comisión ni evidencia de lo comprado; compras de materiales de construcción para mejoras permanentes no permitidos en el Reglamento; y pagos por adiestramientos a un director ejecutivo que a su vez era el presidente de la organización.

La auditoría de dos hallazgos señala también que, el 60% de las organizaciones evaluadas no tenían los expedientes completos. Los expedientes examinados carecían, entre otros, del plan estratégico de la entidad, del presupuesto operacional, de la certificación negativa de deuda de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y de la certificación de deuda del Departamento de Hacienda.

Esta situación se atribuye a que los directores ejecutivos de la Comisión, no se aseguraron que los analistas corroboraran que las organizaciones presentaran toda la documentación requerida. Además, tiene el efecto de que se recomienden a la Asamblea Legislativa, organizaciones que no cumplen con los requisitos para recibir los fondos.

Este segundo y último informe de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos, cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021.

El Informe de Auditoría DA-23-13 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.