La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de Vivienda Pública (AVP) del Departamento de la Vivienda. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la Oficina de Reglamentación y Cumplimiento de la AVP, no realizó auditorías de las cuentas de la caja chica de la Administración ni de los agentes administradores del 2015 al 2018. El Manual de Adquisiciones y Políticas de Adquisición de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico, dispone que las auditorías sobre las cuentas de la caja chica se deben realizar cada seis meses. Para el periodo del 2015 al 2019, se desembolsaron $2,843,577 de las cuentas de la caja chica. Esta situación impidió mantener una fiscalización continua y eficaz de estos fondos.

La auditoría señala deficiencias en los procesos de adquisición de bienes y servicios realizados por los agentes administradores de los proyectos. Del examen de los expedientes de 40 órdenes de compra por $1,187,569 se detectó que: el 85% no tenía el documento Solicitud de Compra Pequeña, el 90% no tenía la certificación del Registro Único de Licitadores, y en el 45% no se encontró evidencia de haber verificado en el Excluded Parties List System, si los proveedores estaban excluidos de recibir contratos.

Estas situaciones no permiten a los agentes administradores el control adecuado de los procesos de compra, se podrían adquirir bienes con proveedores no habilitados por el gobierno estatal o con proveedores desautorizados por el gobierno federal. La auditoría recomienda, entre otras, que se prepare un plan de talleres y adiestramientos a los agentes administradores sobre el Manual de Adquisiciones, y que se cumpla con obtener la documentación y evidencia en todas las adquisiciones de bienes y servicios. Los agentes administradores son las 14 compañías privadas contratadas para administrar 334 proyectos de vivienda pública. El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019.

Vea el informe de Auditoría DA-23-06.
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