La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Guaynabo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, la entonces vicealcaldesa en funciones, otorgó, el 29 de marzo de 2019, un Acuerdo Supletorio por $30,888 con carácter retroactivo, para cubrir los honorarios por una póliza de seguros vigente, del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018. Esta situación, contraria a la ley, se remitió a la consideración del secretario de Justicia el 5 de febrero de 2021. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-42 de 2017.

La auditoría de cinco hallazgos señala deficiencias con el proceso de adjudicación de propuestas para los servicios de mantenimiento y reparación de la flota vehicular. Contrario a la ley, el Comité Evaluador de Solicitud de Propuesta, solicitó una propuesta de servicio a la compañía que ya estaba contratada por el Municipio y recomendó su contratación.

Esta situación resta confiabilidad a los procesos de adjudicación de servicios y propicia el favoritismo. Además, aumentó los costos de $17,082,600 (del 2008 al 2016), a $23,690,000.

Los auditores hallaron que dos de los empleados de la compañía que prestaban los servicios de mantenimiento de los vehículos municipales, no estaban autorizados a ejercer dicha profesión por carecer de las licencias. El Comité Evaluador de Solicitud de Propuesta, no había solicitado al presidente de la compañía, evidencia de las licencias emitidas por la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de sus empleados de refrigeración. Además, el examen de comprobantes de desembolso, no incluían la certificación de labor realizada ni las facturas describían los servicios prestados.

Al 28 de febrero de 2018, el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos, reflejaban siete fondos especiales con recursos económicos por $370,240 que habían permanecido inactivos hasta tres años. Además, el incendio de un camión municipal con valor de $72,500 no se notificó a la Oficina del Contralor, ni se realizó una investigación administrativa.

El Informe comenta que el exalcalde hizo alegaciones de culpabilidad por dos infracciones a la Ley 54 y a otros dos delitos menos graves. El 18 de febrero de 2022 el Tribunal de Primera Instancia acogió el preacuerdo de las partes y dictó sentencia que impuso sanciones y penalidades al exalcalde.

Al 31 de octubre de 2018, el Municipio contaba con 551 empleados en puestos transitorios de los cuales el 93% había ocupado dichos puestos por periodos de hasta 27 años.
Otro comentario del Informe indica que el Municipio desembolsó $50,000 en el 2018, por una demanda por represalias, discrimen, daños y perjuicios sin recibir ningún beneficio a cambio. Esta situación afectó los recursos para prestar servicios a los ciudadanos.

Al 30 de junio de 2019, Guaynabo tenía 21 demandas pendientes de resolución por los tribunales por $16,214,062. Además, el Municipio tenía pendiente para recobrar $13,400 pagados en exceso a un proveedor, de una recomendación del Informe de Auditoría M-17-42 del 2017.

Este primer informe de Guaynabo, cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2019.

Vea informe de Auditoría M-22-34.

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