La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Vega Alta. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio usó personal, propiedad y fondos públicos para repavimentar las calles y el estacionamiento en un condominio privado que no cumplía con los requisitos establecidos para ello en la ley y la ordenanza vigente. El Municipio no pudo certificar la titularidad de las calles del condominio, no formalizó un contrato con el condominio para establecer el costo de los servicios, y los auditores no pudieron determinar el costo de los trabajos y de los materiales de repavimentación.

(Ver fotos en Anejo 1).

La auditoría de tres hallazgos señala también, que el entonces alcalde dio instrucciones para reparar la verja, instalar tablero de un canasto y pintar las áreas recreativas de dicho condominio. Estas situaciones son contrarias a la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico.

El Informe publica que los expedientes del Municipio carecían de la evidencia escrita de la solicitud de cotizaciones recibidas, y no identificaba a los empleados que participaron en el proceso. Además, las facturas e informes de labor de asesores contratados por $69,000 para servicios de inspección y supervisión de construcción, no incluyeron una descripción de labores realizadas. Estas situaciones no permiten un control adecuado de las compras y propicia que se cometan irregularidades en los desembolsos.

El examen de una muestra de los expedientes y las actas de subastas generales en Vega Alta del 2016 al 2019, develó que no estaban numeradas y carecían de la información completa sobre las determinaciones de la Junta de Subastas, entre otras deficiencias. Estas situaciones propician la falta de transparencia y confianza en la corrección de los procesos y los acuerdos.

La auditoría comenta que, al 18 de febrero de 2021, siete demandas civiles contra el Municipio por $1,202,000 estaban pendientes de resolución por los tribunales.

Este segundo y último informe de Vega Alta, cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 29 de febrero de 2020.

Vea el Informe de Auditoría M-22-23.

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