La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de Barceloneta. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio no realizó subasta pública en proyectos de mejoras permanentes para el Programa Head Start. Contrario a la ley y a la reglamentación vigente, se solicitaron cotizaciones a unos proveedores en específico y se fraccionaron las obras en 40 contratos y 14 enmiendas que en total sumaron $4,113,270.

La auditoría de siete hallazgos señala que el Municipio no obtuvo los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) en 47 demoliciones, 35 usos, 34 permisos ambientales y 7 construcciones. Además, en 45 de los 53 proyectos evaluados por $4,332,213, obtuvieron el permiso de construcción hasta cinco años después de otorgarse el contrato, y no formalizaron contratos en la construcción de gazebos, verjas y sellado de techos de 18 centros Head Start.

Estas situaciones impiden la libre competencia entre licitadores, no permiten que la OGPe ejerza su función fiscalizadora, ni protege los intereses del Municipio en caso de incumplimiento por parte del proveedor.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, se trasladaron nueve empleados municipales a la Empresa Municipal Barceloneta BBQ Chicken como destaques, sin cambiar su estatus y condición, a la de empleados privados. Además, una de las empleadas en destaque, fue ascendida a un puesto de índole municipal por el cual recibió $16,100 de forma indebida. El Municipio no obtuvo el rembolso del salario del chef en destaque de $37,893, según establecido en los acuerdos de colaboración, y eliminó la deuda de $11,440 en los libros de contabilidad, sin la aprobación de la Legislatura Municipal. La Unidad de Auditoría Interna del Municipio, tampoco realizó auditorías o monitoreos sobre las operaciones de la Empresa BBQ Chicken.

 Los auditores de la Contraloría identificaron el nombramiento de una persona que había sido convicta, sin haber sido habilitada por la Oficina de Habilitación para el Servicio Público conforme a la Ley 184-2004, para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público, según enmendada. Esta situación se remitió al Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos el 19 de julio de 2019, el cual concluyó que el Municipio había incumplido con la legislación laboral. Al respecto, el Municipio tuvo que devolver $11,932 por los salarios de la empleada, al Negociado de Fomento de Oportunidades del Trabajo.

El Informe indica que Barceloneta registró y remitió hasta cuatro meses más tarde, copias de 156 contratos y 65 enmiendas por $6,853,973 a la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). Además, para el periodo auditado, enviaron hasta 83 días más tarde el Informe de Nóminas, y 53 días más tarde, el Informe Anual sobre el Estado de Privatizaciones a la OCPR. Estas situaciones, contrarias a la reglamentación vigente, privan al Gobierno y a los ciudadanos de información actualizada y accesible en calidad de documentos públicos.

La auditoría comenta que el Municipio desembolsó $140,000 sin recibir beneficio alguno, debido a los pagos de acuerdos transaccionales por demandas en los tribunales: $130,000 a empleada por discrimen político y $10,000 a empleado por despido injustificado. Además, al 28 de febrero de 2019, adeudaba $1,439,993 a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura. Esta cantidad incluye $49,844 por concepto de los intereses. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-32 de 2016.

Este segundo y último informe de Barceloneta, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2019.

Vea el Informe de Auditoría M-22-16.

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