La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de Dorado relacionadas con las compras, los contratos, desembolsos, y el servicio para el mantenimiento de los acondicionadores de aire, entre otros. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio no se aseguró que dos oficiales y 10 empleados de la corporación contratada por $915,000, para las reparaciones y mantenimiento de los aires acondicionados entre el 2016 y 2018, tuvieran las licencias y las evidencias de colegiación, de la Junta Examinadora y el Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico respectivamente. El Municipio tampoco solicitó, ni el contratista certificó que los trabajos realizados fueran realizados por personas que cumplen con los requisitos del Estado mediante un formulario que provee el Colegio a tales efectos. Esta situación pudo ser perjudicial para el Municipio, ya que permitió trabajar a personas no autorizadas y que se pudiera afectar la calidad de los servicios recibidos.

Estas situaciones se refirieron a los presidentes de la Junta y del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, para que tomen las medidas que estimen pertinentes. Una situación similar detectada en una auditoría en el Municipio de Manatí, se les había referido el 5 de diciembre de 2019.

La auditoría de dos hallazgos señala que el Municipio de Dorado pagó $5,325 al contratista, por servicios de mantenimiento de acondicionadores de aire no prestados. De hecho, el Municipio no obligó los créditos presupuestarios al otorgarse los contratos sino hasta un año y diez meses más tarde contrario al Reglamento para la Administración Municipal de 2016.

El Informe publica deficiencias con respecto a las compras y servicios sin documentar y al procesamiento de las cotizaciones. Por ejemplo, los auditores de la Contraloría detectaron de una muestra, que del 2017 al 2019 se pagaron $14,126 en bienes y servicios sin documentar las gestiones para obtener al menos tres cotizaciones. Además, se detectó que el 53% de las cotizaciones examinadas, fueron solicitadas antes que se emitiera la requisición de los bienes o servicios, situación que desvirtúa el procedimiento regular de compras y le resta confiabilidad.

Al 30 de septiembre de 2020, nueve demandas civiles por $4,725,000, estaban pendiente de resolución por los tribunales. Además, tres casos estaban también pendientes de resolverse en la Comisión Apelativa del Servicio Público.

Este primer informe de Dorado, cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de octubre de 2019.

Vea el Informe de Auditoría M-22-14.

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