La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de Trujillo Alto. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio cedió gratis el uso del Coliseo Rubén Zayas Montañez y sus cantinas a una corporación organizadora de eventos de boxeo, desde agosto de 2018 hasta septiembre de 2019. Durante este periodo, se presentaron 11 carteleras de boxeo sin un contrato que eximiera del pago del canon de arrendamiento por $43,501, a la entidad corporativa.

El 25 de octubre de 2019 se formalizó un contrato de auspicio con dicha entidad a cambio de 150 boletos de entrada; sin embargo, el Municipio no contaba con un reglamento para otorgar auspicios a entidades con fines de lucro. De hecho, no se encontraron para examen evidencia del control en la distribución de los boletos de entrada de una de las carteleras.

Estas situaciones contrarias a las leyes, reglamentos y jurisprudencia vigente, pueden resultar perjudicial al Municipio, propicia que no se use de forma efectiva y eficiente los fondos y que no se apliquen normas uniformes con respecto a los auspicios.

La auditoría de tres hallazgos señala que el alcalde nombró a una administradora de documentos públicos que no cumplía con los requisitos de adiestramientos para ocupar el puesto. Además, el Municipio no había preparado las listas de disposición de documentos públicos desde el 2013. Esta situación puede propiciar la pérdida de documentos importantes.

Los auditores de la Contraloría no pudieron examinar la contestación del Municipio a las preguntas de licitadores de una pre subasta relacionada con la venta o arrendamiento de bienes inmuebles. La secretaria de la Junta de Subastas indicó que no encontró los documentos ni evidencia de su envío. Este hecho, resta confiabilidad a los procesos de adjudicación de subastas y puede propiciar el favoritismo.

El Informe comenta que el déficit presupuestario de Trujillo Alto ascendió a $5,098,267 en el 2017, $3,944,160 en el 2018 y $2,213,749 en el 2019. El hecho de operar con déficit en un año fiscal determinado, reduce los recursos disponibles para el año siguiente. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-18-10 del 30 de diciembre de 2017.

El Municipio desembolsó $22,500 en el 2019, como parte de un acuerdo con un empleado ante la Comisión Apelativa de Servicio Público por represalias, daños y perjuicios. Además, pagó $206,692 por cinco demandas resueltas en los tribunales por cobro de dinero, daños y perjuicios.

Al 31 de diciembre de 2019, ocho demandas civiles estaban pendientes de resolución por los tribunales por $911,250.

El informe de Trujillo Alto, cubre el periodo del 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2019.

Vea el Informe de Auditoría M-22-12.

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