La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Juana Díaz. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio no realizaba disposiciones periódicas para decomisar documentos fiscales, algunos archivados hasta por 38 años.  Además, los auditores observaron humedad y hongo en el techo y paredes del archivo de documentos públicos, y que las instalaciones carecían de alarma contra incendios, equipo de control de humedad y de puerta de emergencia.

La auditoría de dos hallazgos señala que la Comisión de Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal, estuvo inoperante y no ejerció su función fiscalizadora desde el 2018 al 2020. Durante ese periodo debieron haber discutido, entre otros, las situaciones del Informe de Auditoría M-19-16 del 2018 de la Oficina del Contralor, dos informes de la unidad de Auditoría Interna del Municipio y el Single Audit Report del 2018-19.

El Informe comenta que el Municipio transó una demanda por discrimen y represalias contra una empleada municipal por $30,000. La empleada alegaba un patrón de discrimen en su contra tras informar un diagnóstico de enfermedad crónica a su supervisor. Este desembolso afectó la disponibilidad de dichos recursos para prestar servicios a sus ciudadanos.

Al 30 de junio de 2020, nueve demandas civiles por $1,161,831, estaban pendiente de resolución en los tribunales. Además, un injunction y dos casos de empleados, estaban pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

El informe de Juana Díaz, cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2020.

Vea el Informe de Auditoría M-22-06.

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