La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Cataño. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio desembolsó $934,895 sin utilidad en el 2015, por servicios de ingeniería, en la proyectada construcción de 119 viviendas en el barrio Palmas de Cataño para personas de edad avanzada. El proyecto no se construyó ya que el Municipio no fue seleccionado en la primera ronda en un proceso de competencia por fondos de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda mediante créditos contributivos y fondos del US Department of Housing and Urban Development. El entonces alcalde decidió no participar en una segunda ronda.

La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio pagó en el 2015, una multa de $13,332 del Instituto de Cultura Puertorriqueña por incumplir la ley 223-2004 de la Música Puertorriqueña. Esta ley establece una participación justa y razonable de música autóctona puertorriqueña en las fiestas patronales o cualquier otro evento musical.
Contrario a la ley y reglamentación vigente, el alcalde nombró en enero de 2017, a una Ayudante Especial por $2,646 sin haber completado el bachillerato. Además, la secretaria municipal nombrada, no tenía el bachillerato requerido en Administración Comercial sino en Artes, y el director de Obras Públicas no tenía el bachillerato en Ingeniería sino en Ciencias Ambientales. Ambos recibían sueldos mensuales de $3,572 y $3,969 respectivamente. Esta situación tiene el efecto de que las acciones y decisiones tomadas por ellos en el ejercicio de sus funciones, pudieran objetarse en perjuicio del Municipio. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-17-10 de 2016.

El Informe indica que el Municipio no cumplió con enviar los informes mensuales de nóminas y puestos a la Oficina del Contralor desde julio de 2015 a diciembre de 2018. Además, del 2016 al 2018, notificaron con tardanzas de hasta más de dos años, la desaparición de 44 unidades de propiedad y un accidente con valor en inventario de $262,158.
Los auditores detectaron que el 69% de los expedientes de cada vehículo de motor, estaban incompletos, y que no mantenían un inventario físico y perpetuo de los materiales, las piezas y los suministros que se guardan en el almacén. Tampoco el Municipio preparaba requisiciones para el despacho de estos.

La auditoría comenta que, al 30 de septiembre de 2020, el Municipio tenía 10 demandas civiles por $2,318,447 pendientes de resolución por los Tribunales, y tres casos administrativos pendientes ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público. Además, Cataño mantenía 191 empleados nombrados en puestos transitorios hasta 14 años tras su nombramiento, contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos.

El Informe recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Contraloría de Puerto Rico.

La auditoría de Cataño cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría M-21-27.

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