La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), relacionadas con los proyectos de mejoras capitales. 

El Informe revela la inversión sin utilidad de $192 millones en la compra de terrenos o desarrollo de proyectos que no se construyeron o no se completaron. La AEE invirtió $62,205,965 en la cancelación del proyecto Gasoducto del Sur, desembolsó $31,911,596 en el proyecto Vía Verde que nunca comenzó, y pagó compras y servicios por $85,533,332 para el proyecto de conversión de unidades en la Central Cambalache, Central San Juan, Central Palo Seco y Central Aguirre, que luego canceló.

El Informe comenta que, tras dos años desde la cancelación del contrato de la AEE para el proyecto del Gasoducto del Sur, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desembolsó $51,855,640 para la adquisición de algunos de los activos y por la línea de crédito que asumió de la AEE. De los activos, la AAA vendió 35 tubos a la AEE por $45,500, ya que éstos no podían ser utilizados para transportar agua. Los auditores de la Contraloría confirmaron que dichos tubos estaban en desuso y deteriorados en el Almacén 5 de la Central Palo Seco (ver fotos en el Anejo 8 del Informe).

La auditoría de seis hallazgos señala también que la AEE adquirió en el 2011, dos aerogeneradores por $3,714,21. Uno de los aerogeneradores está instalado para servir a la Planta de Tratamiento de Aguas Usadas de la AAA, y el otro está almacenado en la Central Palo Seco (ver fotos en el Anejo 6 del Informe). Los auditores hallaron que el equipo instalado también presenta problemas técnicos.

En el 2011, la AEE adquirió seis predios de terreno y edificios colindantes a las oficinas centrales de la Autoridad en Santurce por $2,140,960, que se encuentran abandonados y en desuso (ver fotos en el Anejo 7 del Informe). De hecho, los terrenos y las estructuras no están registrados en el sistema de contabilidad de la Autoridad.

Del examen realizado a las minutas de la Junta, encontramos falta de detalles y documentación sobre las consideraciones y negociaciones para cancelar contratos, o los métodos de selección de los contratistas. Estas situaciones obedecen a que no se realizaron estudios de conveniencia y viabilidad no se consideraron los costos asociados y el impacto económico en la AEE. Además, la Junta no requirió los estudios de impacto, ni protegió los mejores intereses de la Autoridad.

Contrario a las leyes y reglamentación vigente sobre contratación, la AEE no solicitó propuestas de al menos tres profesionales para ninguno de los servicios contratados en el desarrollo del Proyecto Vía Verde. Además, se identificaron pagos antes de formalizar contratos, y que el director ejecutivo no había presentado un contrato de cuantía mayor a $500,000 para la aprobación de la Junta. De 2009 al 2012, la Autoridad había formalizado 15 contratos y siete enmiendas.

La AEE no suministró a los auditores, las evaluaciones sobre la capacidad administrativa operacional y financiera de un contratista para desarrollar Via Verde a quien se le pagó $12,576,262. Además, desembolsó $393,630 en servicios de publicidad y planificación, en exceso a lo contratado.

La Junta de la Autoridad, no había actualizado los By-laws con las nuevas disposiciones de la Ley Num. 83, de la Autoridad de Energía Eléctrica, no había evaluado el cumplimiento con los estándares de gobernanza de la industria, ni había realizado reuniones públicas de marzo de 2016 a diciembre de 2018.

La auditoría revela que la AEE incumplió con los principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos por la Ley 57-2014 de Transformación y Alivio Energético.  Al 10 de diciembre de 2019, la Autoridad no contaba con normas o procedimientos escritos para regir el trámite de la información que por ley se requiere publicar, y no había publicado en su portal 188 contratos y enmiendas por $1,940,566,845 que sí estaban anotados en el Registro de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Luego de 78 años de haberse constituido la Autoridad de Energía Eléctrica como una corporación pública, la División de Contabilidad no cuenta con un manual de normas y procedimientos de contabilidad. Además, se observaron deficiencias en el sistema de cuentas en el PREPA Chart Accounts que no se revisa desde el 1989. Estas situaciones impiden mantener información financiera confiable y afecta la toma de decisiones razonables.

La Oficina del Contralor exhorta a que se tome en consideración el impacto y la carga de proyectos de esta envergadura en sus presupuestos. Los proyectos que comprometen los presupuestos presentes y futuros, pueden representar una carga financiera en momentos de crisis fiscal como la que se vive desde la aprobación de leyes que declaran el estado de emergencia fiscal en Puerto Rico desde el 2006.

El Informe, firmado por la Directora de Asuntos de Auditoría, Edna Velázquez Díaz, incluye anejos de fotos de los hallazgos. Este tercer y último informe de la AEE, cubre el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría CP-21-01.

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