La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la Comisión de los Puertos de Mayagüez. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que se pagaron de forma indebida $101,637 por enmiendas a contratos con vigencia retroactiva. Contrario a la Ley 237-2004 sobre los Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales, la Carta Circular 2012-01 del Departamento de Justicia, la Carta Circular OC-15-03 de la Oficina del Contralor y a opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Junta se apartó de las disposiciones citadas, no protegió los intereses de la Comisión y autorizó enmiendas a los contratos con carácter retroactivo.

La auditoría de un hallazgo señala que la Comisión registró y remitió a la Contraloría de Puerto Rico, cinco enmiendas por valor total de $147,000, hasta cuatro meses después de haberse formalizado. Esta situación contraria a las leyes y normas vigentes, impidió, entre otros efectos, que las enmiendas estuvieran disponibles a la ciudadanía como documentos públicos en el Registro de Contratos.

Este es el segundo y último informe de la Comisión de Puertos de Mayagüez y cubre el periodo del 13 de agosto de 2013 al 30 de junio de 2016.

Vea el Informe de Auditoría M-20-04.

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