La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Maunabo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio no celebró subasta pública para la construcción del gimnasio del coliseo municipal. El costo de la obra por $142,065, excedió el límite de $100 mil que establece el reglamento federal para usar los fondos del Community Development Block Grant (CDBG). Tampoco el Municipio le requirió al contratista el pago de arbitrio de construcción que la ley autoriza, ni se lo descontó de los pagos realizados, por lo cual dejó de recibir $21,192 para atender, por ejemplo, gastos operacionales de Maunabo.

La auditoría señala que el Municipio no tiene centralizada las funciones de compras y que pagaron bienes y servicios por $51,398 sin obtener las tres cotizaciones de al menos tres proveedores. El Informe M-14-28 del 2014 comentó una situación similar.

El Municipio no cumplió con remitir a la Contraloría de Puerto Rico, la Certificación Anual de Notificación de Pérdidas para el año 2014 y 2015, ni tampoco notificaron el hurto del motor de una lancha. Además, en el Departamento de Obras Públicas Municipal, adquirían combustible sin autorización escrita, no mantenían expedientes de los vehículos municipales, ni inventarios perpetuos de las piezas.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, el Municipio autorizó el destaque de ocho empleados para prestar servicios en cuatro escuelas públicas y una entidad sin fines de lucro, sin formalizar acuerdos escritos. Además, no había actualizado el Plan de Clasificación y Retribución, ni contaba con un comité para seleccionar el personal del servicio de carrera. Estas situaciones pueden propiciar irregularidades y/o favoritismos en el proceso de reclutamiento.

Nuestros auditores identificaron que la Unidad de Auditoría Interna, no había efectuado auditorías periódicas que incluyera las áreas de materialidad y riesgo en las recaudaciones, compras, subastas o nóminas. La falta de fiscalización de Auditoría Interna, puede propiciar que se cometan errores y priva a la gerencia de información necesaria sobre el funcionamiento de los sistemas, controles y demás operaciones municipales. Una situación similar ya se había comentado en el Informe de Auditoría M-14-28.

El Municipio no había aprobado un reglamento para la administración y uso de las instalaciones del Centro Comunal del barrio Tumbao. Sobre este centro comunal, el alcalde y la entonces presidenta de la Legislatura Municipal, recibieron una querella en julio de 2015, en la cual se alega que una legisladora municipal alquilaba dicho centro y no se sabe qué hacía con el dinero recibido. Nuestro examen reveló que no consta las alegaciones de la querellante en las actas, no se investigaron los hechos, no se refirió la querella a la Unidad de Auditoría Interna, ni se notificó al Departamento de Justicia, ni a la Oficina de Ética Gubernamental, ni a la Oficina del Contralor

La auditoría comenta también que el Municipio mantenía 43 empleados transitorios por periodos mayores al año reglamentario. Algunos de los empleados llevan hasta 24 años clasificados como transitorio.

Este segundo y último informe de Maunabo, cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2015.

Vea el Informe de Auditoría M-20-01.

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