La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Santa Isabel. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio no emitió la certificación de sobrantes requeridos para aprobar transferencias de créditos, en ninguna de las 552 órdenes ejecutivas y resoluciones por más de $5 millones. Además, no se presentaron para autorización a la Legislatura Municipal 312 órdenes ejecutivas, no se localizaron 91 órdenes ejecutivas y se encontraron errores en las registradas en el sistema. Estas situaciones se atribuyen a que el alcalde y la directora de finanzas se apartaron de la ley aplicable y no administraron de forma eficiente las finanzas del Municipio.

La auditoría de nueve hallazgos señala múltiples deficiencias como la ausencia de firmas requeridas en los comprobantes, y desembolsos de pago sin estar aprobados, o sin la certificación de los proveedores. Nuestros auditores detectaron también, diferencias hasta de $4 millones entre los balances en los libros del mes y los balances en el Informe de Flujo de Efectivo de Contabilidad, y que no habían preparado las conciliaciones bancarias de nueve cuentas por $21.2 millones.

El Informe indica que la Legislatura Municipal no pudo cumplir su responsabilidad de evaluar la razonabilidad de donativos otorgados por $234,393, ya que el Alcalde no remitió ninguno de los donativos a ese cuerpo legislativo. Una situación similar ya se había comentado en dos informes de auditorías anteriores, el M-13-16 del 2012 y el M-16-20 del 2016.

Contrario a la ley y la reglamentación vigente, el Municipio emitió recibos oficiales con tardanzas de hasta 44 días, no mantenía un inventario perpetuo de los recibos en blanco y por instrucciones de la directora de Finanzas los recaudadores del Hotel Santa Isabel no emitieron recibos por $99,939 de las recaudaciones diarias, y no le entregaron copia del recibo a los clientes. Además, no se realizaron revisiones periódicas de la caja menuda y la persona encargada de esta, no tenía el nombramiento de pagador especial. Estas situaciones propician la comisión de irregularidades, y el uso indebido y pérdida de fondos.

Nuestros auditores identificaron que el Municipio tenía ocho cuentas de fondos especiales y federales por $23,545 inactivos por más de tres años, y no mantenía un registro de inversiones de tres certificados de depósito por $317,269 que guardaban en una cooperativa. 

En Santa Isabel no se realizó el inventario físico anual de la propiedad del 2014 al 2016 y el encargado certificó que el último inventario se llevó a cabo en diciembre del 2012. Tampoco en el archivo inactivo se había preparado un inventario de los documentos al 23 de febrero de 2017.

El Informe comenta que Santa Isabel tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de $4.5 millones para el 2014, $3.9 millones para el 2015 y de $3.8 millones para el 2016. Estos déficits constituyen más de una tercera parte del presupuesto total para esos años. Además, el Municipio solo consignó $37,585 en el 2016 para disminuir el déficit.

Otro comentario especial de la auditoría indica que los tres single audits de los años fiscales del 2014 al 2016 expresaron opiniones de abstención de opinión y cualificadas. Los contadores públicos autorizados determinaron que carecían de la evidencia competente, suficiente y relevante, y que los estados financieros no mantenían registros de contabilidad adecuados.

Al 30 de junio de 2017, estaban pendientes de resolución por los tribunales dos demandas por $141,199 y seis casos presentados por los empleados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Este es el primer informe de Santa Isabel y cubre el periodo del 1 de junio de 2014 al 30 de junio de 2017.

Vea el Informe de Auditoría M-19-43.

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