La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Fajardo. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio formalizó un contrato y 13 enmiendas para servicios técnicos y de ingeniería, diseño y supervisión por $264,094, con una corporación no autorizada a ejercer la práctica de la ingeniería ni a ofrecer dichos servicios. Contrario a las leyes vigentes, la corporación no estaba constituida como una profesional. Esta situación se remitió el 29 de agosto al presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para que tome las acciones correspondientes. El Informe recomienda también que la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores evalúe la situación y tome las medidas que correspondan.

La auditoría comenta que del 2012 al 2015 el Municipio suscribió tres contratos y 16 enmiendas para construcción y mejoras permanentes por $5.8 millones con una sociedad especial en la cual uno de los socios se declaró culpable del delito de soborno en el 2013. Aunque la persona culpable cedió su participación a un fideicomiso, del cual era fideicomisario, mantenía interés en las ganancias generadas por la sociedad especial. El 8 de mayo el Municipio le solicitó al Departamento de Justicia una opinión sobre si corresponde exigir a la sociedad especial la devolución del dinero por lo realizado posterior a la declaración de culpabilidad del socio administrador.

El Informe de cinco hallazgos señala que el Municipio pagó $58,216 por unos trabajos adicionales de mejoras al Coliseo sin formalizar un contrato escrito con el proveedor. Además, el examen reveló que las cotizaciones de los proveedores -para la adquisición e instalación de un ascensor en la Comandancia de la Policía- no contenían el nombre, el título, ni la firma del funcionario o empleado del Municipio que recibió y aceptó las mismas. Una situación similar sobre estos controles necesarios, ya se había comentado en el Informe de Auditoría M-15-31 del 14 de mayo de 2015.

Nuestros auditores identificaron que el Municipio remitió al Registro de Contratos de la Contraloría, 151 contratos y 134 enmiendas hasta cuatro meses más tarde de lo dispuesto por la ley y reglamentación vigente. Además, se detectaron deficiencias en la reglamentación relacionada con la negociación y contratación directa de los seguros del Municipio, y la falta de controles internos con los expedientes de los vehículos y el equipo pesado.

El Informe cubre el período del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2017.

Vea el Informe de Auditoría M-19-13.

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