La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales de la  Autoridad de Energía Eléctrica relacionadas con el proceso de compras de combustible y pagos por servicios profesionales. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela que en ocho contratos y una enmienda para la compra de combustible entre el 2008 al 2012 por la suma de $4,600 millones, la AEE no incluyó en los contratos, la cláusula para imponer el cargo de intereses por demora. A pesar de la ausencia de esta cláusula en los contratos, la Autoridad desembolsó $3,247,376 a los proveedores. Además, contrario al Procedimiento de Pago de Intereses del 1996 y otros reglamentos vigentes, el tesorero de la Autoridad de Energía Eléctrica no pudo suministrar para examen de nuestros auditores, los informes y las investigaciones realizadas sobre los pagos de cargos por demora.

La auditoría, de tres hallazgos, señala que se efectuaron pagos por $2,300 millones a una compañía que se había declarado culpable por fraude en el foro federal en el 2006. Esta situación contraria a la Ley 458-2000 para Disponer la Prohibición de Adjudicar Subasta o Contrato a Personas Convictas de Delitos Constitutivos de Fraude, Malversación o Apropiación Ilegal de Fondos Públicos, se realizó mediante la transferencia de fondos a terceros a petición del proveedor. Esta cesión de fondos está regulada por el Procedimiento para Tramitar las Cesiones de Fondos aprobado en el 2002. Sin embargo, los directores de Finanzas y los tesoreros de la Autoridad,  no confirmaron la declaración jurada del proveedor.

Del 2009 al 2017, la AEE realizaron desembolsos por $2,700 millones a 29 contratistas para reconocer y pagar deuda por servicios rendidos sin contrato. Esta situación contraria a la ley vigente propicia  que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales y que se efectúen pagos por servicios no prestados.

El Informe comenta que se identificó un proveedor de combustible que rindió y pagó su Planilla Mensual de Arbitrios al Departamento de Hacienda más de dos años posteriores al término fijado por la Ley.

El Informe cubre el período del 1 de enero de 2011 al 15 de septiembre de 2017.

Vea el Informe de Auditoría CP-19-01.

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