La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Puerto de Ponce. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela deficiencias con las recaudaciones, el inventario de recibos y cheques en blanco, y con el registro de cheques. Además, la directora auxiliar de Administración y Finanzas realizaba funciones conflictivas ya que hacía tareas de contabilidad a la vez que registraba los cobros en el sistema computadorizado, preparaba los recibos de los recaudos y los cancelaba. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-06-16 del 2005.

La auditoría de tres hallazgos señala que no se verificaba la disponibilidad de fondos al momento de registrar las órdenes de compra, se pagaron dos compras de trabajos eléctricos y sellado de techos sin requisiciones escritas y se emitieron seis pagos por $34,343 para la compra de bienes y servicios sin la certificación del funcionario que los recibió. Esta situación también se había comentado en el Informe de Auditoría M-06-16 del 2005.

Nuestros auditores identificaron que la contratación para realizar la auditoría de los estados financieros del Puerto de Ponce del 2012 al 2016, se otorgó hasta dos años y medio posterior a la fecha que dispone la Ley 273-2003 de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías Externas de Entidades Gubernamentales. Esta situación ocasionó atrasos en el inicio de los trabajos de auditoría.

El Informe cubre el periodo del 12 de diciembre de 2011 al 28 de febrero de 2017.

Vea el Informe de Auditoría M-18-34.

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