La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión parcialmente adversa sobre el manejo y control del presupuesto operacional, la contratación de servicios de ingeniería, las transferencias de crédito, y las compras sin subasta ni cotizaciones del Municipio de Manatí.

El Informe revela que al 30 de junio de 2015, el Municipio estaba sobregirado por $11.9 millones y además tenía déficits acumulados en el fondo operacional de $11.2 para el 2013, $10.7 para el 2014 y $9.5 para el 2015. El operar con déficits afecta adversamente los servicios a la ciudadanía. Situaciones similares ya se habían señalado en el Informe de Auditoría M-15-10 del 2014.

Contrario al ordenamiento jurídico vigente, el Municipio contrató por $53,719 a una corporación regular para ofrecer servicios de ingeniería relacionados con la inspección para la remodelación del balneario Los Tubos. Esta situación se refirió al Departamento de Justicia y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico el 28 de septiembre de 2016, ya que los servicios solicitados sólo podían ofrecerse mediante la figura jurídica de una corporación profesional.

La auditoría de 10 hallazgos señala que el entonces alcalde y la Legislatura Municipal autorizaron 492 transferencias de créditos por $12.2 millones sin que el director de Finanzas emitiera las certificaciones de sobrantes requeridas. Además, se alquilaron servicios sin obtener al menos tres cotizaciones, funcionarios ajenos al Departamento de Servicios Generales tramitaron 10 cotizaciones y el ciudadano particular que forma parte de la Junta de Subastas se ausentó en un 89% de las reuniones.

El Municipio realizó varias construcciones sin obtener los permisos correspondientes. Por ejemplo, construyó por $356,000 un edificio de empaque de piñas que está vacío salvo una oficina que está en uso aunque no cuenta con el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos (ver fotos en el Anejo 1). Además, el municipio construyó una cancha de baloncesto en la Urbanización Monte Verde contrario a las recomendaciones de realizar un estudio de suelo por lo riesgoso del terreno y sin el consentimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (ver fotos en el Anejo 2).

El Informe indica que se pagó $37,500 a la corporación A que dejó de realizar trabajos contratados. A tales efectos, el Municipio contrato por $37,500 a la Corporación B para prestar los servicios que la Corporación A dejó de realizar. Esta situación de pagar por trabajos no realizados es contraria al contrato con la Corporación A y a la Ley 81-1991.

Nuestros auditores identificaron múltiples deficiencias con las recaudaciones y la operación de un campamento de verano, atrasos de hasta 12 meses en la preparación de las conciliaciones bancarias y cobros no efectuados por el alquiler de instalaciones recreativas. Además, el municipio mantenía balances de $50,697 en seis cuentas bancarias de programas especiales inactivas por periodos de hasta 81 meses. Esta situación dificulta la contabilidad municipal y priva al Municipio de recursos económicos que puede utilizar para otras necesidades.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2016.

Vea el Informe de Auditoría M-18-15.

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