La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable con excepciones sobre las operaciones fiscales relacionadas con los pagos de los beneficios del seguro por desempleo del Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

El Informe revela que la Unidad de Servicios Técnicos adscrita al Programa de Seguro por Desempleo, no contaba con reglamentación ni con procedimientos aprobados para regir sus operaciones. Esta Unidad está a cargo, entre otras, de las medidas de control sobre la asignación e inactivación de los códigos asignados a los entrevistadores de reclamantes del seguro por desempleo, de los accesos al sistema automatizado de Beneficios (SABEN) y, de la aplicación para el pago de beneficios por depósito directo. La falta de reglamentación propicia el ambiente para cometer errores y afecta la confiabilidad de las transacciones.

La auditoría de tres hallazgos señala que la falta de reglamentación y el hecho de que la directora del Negociado no ejerciera una supervisión eficaz, es la causa de que la especialista de la Unidad de Servicios Técnicos realizara funciones conflictivas. Algunas de estas funciones, contrarias a la Ley 230 del 1974, Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, era activar y desactivar los códigos y los accesos, a la vez que podía editar, añadir o eliminar información en la aplicación de depósito directo.

Nuestros auditores identificaron múltiples faltas de control interno sobre los códigos asignados a los entrevistadores. Por ejemplo, la especialista no mantenía un registro de códigos asignados e inactivados y no se aseguraba, antes de activar los códigos a los entrevistadores, que éstos no habían sido utilizados previamente. La especialista tampoco se aseguraba de que los gerentes de las 13 oficinas locales, de Arecibo, Aguadilla, Bayamón, Carolina, Caguas, Coamo, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Germán y San Juan, asignaran los códigos en orden consecutivo.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2017.

Vea el Informe de Auditoría DA-18-10.

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