La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Fideicomiso, relacionadas con las propuestas para asistencia económica, los contratos otorgados por concepto de subvenciones y auspicios, los informes de progreso entregados por las entidades beneficiadas, y las funciones de los consultores internos.

El Informe revela la ausencia de disposiciones en las políticas relacionadas con las propuestas para asistencia económica en lo que respecta al recibo, control, evaluación y conservación de las propuestas. La política de subvenciones y auspicios no estaba actualizada a los cambios operacionales del Fideicomiso y carecía de disposiciones que definieran lo que es un pareo de fondos y financiación, el importe máximo que puede aprobar el director ejecutivo y la adjudicación de un contrato previo al desembolso.  Nuestros auditores identificaron en una muestra de las propuestas, que carecían de información importante por lo cual el Fideicomiso no podía mantener un control adecuado y esas deficiencias propician un ambiente para que se produzcan errores e irregularidades.

El Director Ejecutivo Interino desde enero de 2013 hasta el 30 de agosto de 2014, realizó funciones conflictivas en el recibo y evaluación de las propuestas. Este funcionario recibía las propuestas, participaba en el proceso de evaluación e incluso determinaba a quien se le adjudicaría. Además, pudo haber incurrido en conflicto de intereses ya que aprobó y formalizó dos contratos por $50,200 con una compañía que él había incorporado en el Departamento de Estado en el 2012. El Informe recomienda a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental evaluar esta situación.

La auditoría de ocho hallazgos también señala posibles conflictos de intereses por parte de un Consultor quien del 2012 al 2015 realizaba funciones conflictivas como: recibir las propuestas, ser miembro de los comités evaluadores, certificar los desembolsos como administrador del contrato y representante del área de contabilidad. Además, contrario a las normas de sana administración y de control interno, el Fideicomiso otorgó contratos con retroactividad de hasta seis meses y enmiendas de contratos hasta un año posterior a la terminación del contrato.

El Informe señala múltiples deficiencias por la ausencia de documentos y certificaciones en los expedientes de los contratos. Además, se aprobaron y pagaron importes en exceso a la política del Fideicomiso, se incluyeron gastos no aprobados en los informes de progreso de contratos de subvenciones y las entidades beneficiadas se tardaban hasta un año en entregar los informes de progreso.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2016.

Vea el Informe de Auditoría CP-18-07

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