La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Arecibo. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto y algunas transacciones de personal.

El Informe señala que del 2010 al 2013 el Municipio realizó cinco préstamos al Banco Gubernamental de Fomento por $14.4 millones para pagar deudas, cubrir deficiencias de efectivo y por los gastos de financiamiento. De las deudas, casi $13 millones corresponden al ex –Alcalde y $1.4 millones al Alcalde. A pesar de los préstamos realizados, en abril del 2015 todavía el Municipio adeudaba $5.4 millones a varias agencias del gobierno y a entidades privadas. Estas situaciones afectan a las entidades a quienes se le adeuda dinero, obligan al pago de intereses y penalidades, y afectan los servicios a los arecibeños.

La auditoría refiere a la Secretaria de Justicia y a la Directora de la Oficina de Ética Gubernamental, una situación sobre el uso indebido de una licencia por enfermedad por parte de una policía municipal. Esta empleada solicitó 85 días de licencia por enfermedad y por ello se le desembolsó $5,582. Sin embargo, contrario a lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Municipal de Arecibo, trabajaba por contrato en una oficina legal, mientras disfrutaba de una licencia por enfermedad.

El Informe de 14 hallazgos señala múltiples deficiencias relacionadas con la compra de equipo pesado, la adquisición de bienes sin obtener las cotizaciones requeridas y las recaudaciones. El Municipio compró cinco camiones por $141,850 sin comprobantes de desembolso, y para mayo del 2015 dicha propiedad no se habían registrado en el Módulo de Propiedad. Además, se adquirieron bienes y servicios por $187,018 sin las cotizaciones requeridas según dispone la Ley 81-1991.

Nuestros auditores identificaron que contrario a la Ordenanza 3 del 11 de julio de 2002, el ex –Alcalde, siete funcionarios y 16 empleados asistieron al Desfile Puertorriqueño en New Jersey en septiembre de 2011 a un costo de $11,366. Esta situación redujo los recursos para prestar servicios esenciales y necesarios a los residentes.

Vea el Informe de Auditoría M-17-35.

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