La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones fiscales del municipio de Morovis.

El Informe revela déficits acumulados en el Fondo Operacional de $3.7, $1.5, $1.5 y $1.1 millones del 2012 al 2015 respectivamente. Además, en el 2012 sobrestimó los ingresos en 32%, hecho que contribuye a que se incurra en déficits. Una situación similar se había señalado en el Informe M-14-45 del 2014.

La auditoría indica que el Municipio ordenó la demolición y construcción de un edificio para uso de servicios de salud en el 2010 y la construcción de una cancha de baloncesto y vóleibol en el barrio Pueblo en el 2013, ambos por $1.1 millones, pero sin los permisos de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos. De hecho, el municipio le pagó $30,000 al arquitecto encargado de preparar los planos de las canchas pero éstos no tuvieron utilidad. Algunos de los defectos hallados en el proceso era que las canchas diseñadas no cabían en el espacio disponible ya que el arquitecto no tomó en cuenta las medidas del solar; tampoco preparó planos de conexiones eléctricas, sanitarias, potables ni pluviales, ni de las entradas y aceras, entre otros.

El Informe de 13 hallazgos señala que por no remesar a tiempo los descuentos de nómina de los empleados al Seguro Social Federal, el Municipio tuvo que pagar $342,789 en intereses, recargos y penalidades al Servicio de Rentas Internas Federal (IRS). Esta situación redujo los recursos económicos del Municipio y pudo impedirle a los empleados el acceso a los beneficios.

Nuestros auditores identificaron la compra de bienes y servicios sin obtener cotizaciones, el pago de tres servicios de mecánica sin obtener las propuestas requeridas por ley, atrasos de hasta 12 meses en la preparación de las conciliaciones bancarias y múltiples deficiencias con las recaudaciones.

La auditoría comenta además, irregularidades en la facturación de los servicios de despacho de combustible por parte de un empleado de una gasolinera privada. El Municipio tenía un acuerdo interagencial con la Administración de Servicios Generales para la adquisición de gasolina. La Unidad de Auditoría Interna detectó la posible apropiación ilegal de fondos con el uso de las tarjetas electrónicas en la adquisición de combustible y el entonces alcalde remitió dicho informe al Departamento de Justicia en el 2015. El examen del Instituto de Ciencias Forenses, a petición de la Oficina del Contralor, concluyó que un empleado de la gasolinera fue el autor de las firmas falsificadas en el 46.3% de los recibos de compra de combustible analizados y muy probablemente también del 51.7% de los recibos, o sea del 98% de los recibos examinados. Esta situación se remitió al Secretario de Justicia el 6 de octubre y a la fecha está en proceso de investigación.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015.

Vea el Informe de Auditoría M-17-30.

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