La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable con excepciones de las operaciones fiscales relacionadas a las áreas de personal y propiedad de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla.

El Informe de cuatro hallazgos señala que contrario a la reglamentación se otorgaron aumentos retroactivos a siete funcionarios con un impacto de $17,398 al 30 de junio de 2016. Además, tres de estos funcionarios no tenían evaluaciones de desempeño recientes, sino de hace más de una década.

Nuestros auditores identificaron que la UPR-Aguadilla no mantuvo un control efectivo de la propiedad mueble adquirida con fondos federales porque no tenía un sistema de inventario perpetuo separado. Por ejemplo, el examen del manejo, custodia y control de un equipo de buceo adquirido con fondos federales por $8 mil para una investigación sobre la siembra de corales en el suroeste de Puerto Rico, reveló que el profesor e investigador principal del proyecto mantiene esa propiedad en su residencia. Además, este indicó que utilizaba el equipo de buceo en una investigación que realizaba con una organización privada. Sin embargo, el Informe de Custodio del inventario de la UPR de Aguadilla indica que esa propiedad federal se encontraba en la universidad.

La auditoría señala que la UPR de Aguadilla no tenía un procedimiento escrito para regir las operaciones de la flota de los vehículos de motor, unos 23, cuyo valor ascendía a medio millón.  Además, no cumplió con la Ley 136-2003, ya que presentó los informes anuales de 2013 y 2015 sobre el estado de privatizaciones con tardanza de hasta un año.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2016.

Vea el Informe de Auditoría CP-17-10

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