(CyberNews) – La Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, firmaron el martes un acuerdo colaborativo para integrar conferencias y prácticas de auditoría e investigación a la experiencia académica de los estudiantes, vigente hasta el 30 de junio de 2026.

Contralora Yesmín M. Valdivieso
“Este acuerdo forma a futuros líderes sobre nuestra misión de fiscalizar los recursos públicos, promoviendo su uso eficiente y ético”, indicó la Contralora Yesmín M. Valdivieso en declaraciones escritas.

La Rectora Angélica Varela Llavona destacó que el acuerdo refuerza la formación integral de los estudiantes, vinculándolos con prácticas de auditoría y administración pública. “Cita”, dijo la Rectora.

El acuerdo incluye un Programa de Internado para que los estudiantes adquieran experiencia en auditoría y administración pública, fomentando el interés en el servicio público. La Oficina del Contralor también participará en eventos académicos del Recinto.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos de administración pública como los controles internos, las normas de auditoría y los cánones de ética e investigación de querellas.

Por: Santiago Omar Escobar Colón
Publicado: Oct 15, 2024 10:38 AM

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP) firmaron un acuerdo colaborativo para integrar conferencias sobre las prácticas de auditoría e investigación, así como los aspectos fundamentales de la administración pública, a la experiencia académica.

El Acuerdo Colaborativo, vigente hasta el 30 de junio de 2026, une la misión universitaria de formar y capacitar profesionalmente a los alumnos, y la misión de la Contraloría de promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno.

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“Nos complace establecer este acuerdo para formar a los futuros líderes de Puerto Rico sobre la misión de la Oficina del Contralor, y para que sean los portaestandartes de la sana administración pública. El profundizar en nuestro propósito de fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley, contribuye en definitiva a difundir el mensaje del buen uso de los recursos del gobierno en beneficio de los ciudadanos”, indicó la Contralora Yesmín M. Valdivieso.

Por su parte, la Rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Angélica Varela Llavona, manifestó “este acuerdo con la Oficina del Contralor de Puerto Rico refleja nuestro compromiso con la excelencia académica y la formación integral de nuestros estudiantes, al vincularlos directamente con prácticas fundamentales de auditoría e investigación en la administración pública. Con esta colaboración, buscamos que nuestros alumnos no solo adquieran conocimientos teóricos, sino también herramientas prácticas para contribuir a una gestión pública más eficiente y ética, en línea con la misión que compartimos con la Contraloría”.

Como parte del acuerdo, los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos de administración pública como los controles internos, las normas de auditoría, los cánones de ética e investigación de querellas, entre otros. Además, la OCPR ofrecerá una experiencia formativa mediante el Programa de Internado.

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Este Programa, que se rige por el Reglamento 63 de 2014 de la OCPR, ofrece la oportunidad a los estudiantes cualificados, de conocer el funcionamiento del Gobierno en la práctica de las auditorías a la vez que fomenta el interés por el servicio público.

La Contraloría, además de ofrecer conferencias para los estudiantes, participará en las mesas informativas en los diversos eventos de los decanatos de asuntos estudiantiles y de asuntos académicos, y un Oficial de Enlace facilitará información de interés para los trabajos que se realicen en el Recinto.

“Con este acuerdo con el Recinto de Río Piedras de la UPR, queremos dar lo mejor de nuestro conocimiento y experiencia para que impacte la formación de los estudiantes. Agradecemos el compromiso de la Rectora, Dra. Angélica Varela Llavona, que al acoger este acuerdo promueve la educación de excelencia y un marco de capacitación profesional a los universitarios”, expresó Valdivieso Galib.

Oficina del Contralor y la UPRRP firman acuerdo educativo y de internado
Por Cristian Rivera Marrero – octubre 15, 2024.

Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP) firmaron hoy -martes- un acuerdo colaborativo para integrar a la experiencia académica conferencias sobre las prácticas de auditoría, investigación y aspectos fundamentales de la administración pública.

El acuerdo estará vigente hasta el 30 de junio de 2026.

“Nos complace establecer este acuerdo para formar a los futuros líderes de Puerto Rico sobre la misión de la Oficina del Contralor, y para que sean los portaestandartes de la sana administración pública”, indicó la contralora Yesmín M. Valdivieso.

Por su parte, la rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Angélica Varela Llavona, manifestó que “con esta colaboración, buscamos que nuestros alumnos no solo adquieran conocimientos teóricos, sino también herramientas prácticas para contribuir a una gestión pública más eficiente y ética, en línea con la misión que compartimos con la Contraloría”.

Como parte del acuerdo, los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos de administración pública como los controles internos, las normas de auditoría, los cánones de ética e investigación de querellas, entre otros. Además, la OCPR ofrecerá una experiencia formativa mediante su programa de internado.

También ofrecerán conferencias para los estudiantes, participarán en las mesas informativas en los diversos eventos de los decanatos y un oficial de enlace facilitará información de interés para los trabajos que se realicen en el recinto.

8 al 14 de septiembre de 2024.

Fuente: NotiCel - Sep 04, 2024

Un informe de auditoría de la Contralora de Puerto Rico reveló irregularidades en las operaciones del Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con el proceso de aprobación de beneficios y pagos del Pandemic Unemployment Assistance (PUA), las operaciones de los Oficiales Pagadores Especiales (OPE), así como la eliminación de los puntos controvertibles, entre otros, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable.

Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2022.

El informe revela que se desembolsaron $12,731,035 de fondos PUA y del FPUC – Federal Pandemic Unemployment Compensation, a 1,039 beneficiarios con números de seguro social de personas fallecidas. Del examen realizado sobre el proceso de evaluación y aprobación de las solicitudes, el Departamento del Trabajo tampoco validó la identidad de los beneficiarios, los ingresos dejados de devengar, la información provista sobre trabajos por cuenta propia, ni la identidad de las personas que trabajaron los casos. Estas situaciones dan lugar a esquemas de fraude y a emitir pagos a quien no cumpla los requisitos, indicó la Contralora.

La OCPR no pudo determinar si personas convictas recibieron beneficios del PUA para los que no cualificaban. El Departamento de Corrección y Rehabilitación certificó que no cuenta con un sistema computadorizado para el control de la población correccional, y que el proceso de ingreso y egreso de los confinados se lleva de forma manual. Al respecto, no se comentan hallazgos por las limitaciones de alcance sobre este objetivo de la auditoría.

Por otro lado, la auditoría señala que el Departamento del Trabajo no había designado una persona ajena a las funciones de la OPE para preparar los comprobantes del Oficial Pagador Especial. Esta falta de segregación de funciones propicia que se cometan errores, agrega el informe. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DA-16-13 del 16 de noviembre de 2015.

Al 8 de julio de 2021, no se habían realizado 11 conciliaciones bancarias de la cuenta del sistema FastPUA (PUA Claim and Payment Services- Portal Suscription) para el pago de desempleo por la pandemia. Además, del sistema SABEN -Sistema Automatizado de Beneficios- se habían realizado, a partir del marzo de 2020, las conciliaciones bancarias de tres meses, hasta un año más tarde. Las conciliaciones deben realizarse en un periodo de tres días laborables tras el recibo de la cuenta bancaria.

Del 2017 al 2021, la OPE había pagado beneficios de seguro por desempleo por la cantidad de $1,372,084,673. Del 27 de febrero de 2020 al 17 de marzo de 2022, se efectuaron desembolsos a 527,341 beneficiarios del PUA por $5,463,215,738.

Durante la pandemia se aprobaron y pagaron beneficios a reclamantes que no cumplían con los requisitos. De una muestra de los 418,558 puntos controvertibles o issues en la reclamación por falta de datos, se detectó que se eliminaron issues sin la evidencia aportada por el beneficiario, ni dar las razones para eliminar el punto controvertible. Al respecto, era necesario que el Departamento del Trabajo tuviese un control previo que asegurara la legalidad, corrección, exactitud y propiedad de las operaciones fiscales.

El informe comenta los múltiples atrasos del Departamento del Trabajo para entregar la información y los documentos solicitados. La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, notificó 45 días antes mediante carta, la fecha del comienzo de la auditoría así como la documentación requerida. Transcurridos 21 días del comienzo de la auditoría, el 29 de enero de 2021, quedaban 13 asuntos de los 20 requeridos sin entregar; luego de 61 días quedaban 12 de los 20 asuntos sin entregar, y 222 días después, todavía estaban pendiente dos de los 20 asuntos.

Además, el 3 de mayo de 2021 se solicitó al oficial principal de informática del Departamento, las bases de datos de los sistemas SABEN y FastPUA. La información que debió ser entregada a los auditores el 14 de mayo de 2021, se entregó incompleta el 14 de diciembre de 2021. La auditoría le recomienda al secretario del Trabajo y Recursos Humanos que se asegure que los funcionarios o proveedores privados no obstruyan las investigaciones de la Oficina del Contralor y que eviten posibles violaciones de carácter penal de la Ley 37-2004 que tipifica como delito grave la obstrucción, demora o impida la realización de una auditoría del Contralor de Puerto Rico.

La Unidad de Investigaciones y Seguridad Interna del Departamento (UISI) certificó que, al 1 de octubre de 2021, había referido 323 casos por $36,620,171 al Federal Bureau of Investigation, a la Policía de Puerto Rico, al Negociado de Investigaciones Especiales, y a la Unidad de Robo a Bancos. La UISI dirige las investigaciones de posibles fraudes internos o externos de funcionarios del Departamento o beneficiarios de los programas de desempleo.

El Negociado de Seguridad de Empleo de Puerto Rico del DTRH contó con un presupuesto federal de $246,881,782 y realizó desembolsos por $157,660,625 para una diferencia de $89,221,157 al 30 de junio de 2023.

Lea aquí el informe completa de la Contralora:

PDF: Informe sobre el Negociado de Seguridad de Empleo del DTRH.pdf

En la XLVIII Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS participaron activamente la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso y la compañera Hannelore Y. Valentín Fortunet, Directora de área de la Oficina Anticorrupción y Relaciones Externas (OARE) de la OCPR.  Participaron también nuestros compañeros Javier Soto Ortiz, Gerente de Análisis de Datos y Forense Digital y la Lcda. Loida E. Pazo Díaz, Oficial de Proyectos de la OARE, quienes presentaron el tema técnico Examen Forense Digital.

Se inicia en Santo Domingo la XLVIII asamblea general ordinaria de entidades de fiscalización superior de la región

Fuente: El Atlántico | agosto 22, 2024

Santo Domingo. – Se inició este jueves la XLVIII Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras – OCCEFS.

En la apertura, el presidente la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, anfitrión del evento, Janel Andrés Ramírez Sánchez calificó como un honor y un privilegio para la República Dominicana ser sede de tan importante evento.

“Este encuentro representa una oportunidad invaluable para fortalecer los lazos de cooperación entre nuestras entidades de fiscalización. La colaboración y el intercambio de conocimientos son pilares fundamentales para enfrentar los retos comunes que compartimos en nuestra región”. Destacó el presidente de la CCRD en la apertura del evento.

 La cuadragésima octava Asamblea General Ordinaria de la OCCEF reúne a 13 países miembro. Durante dos días de amplias jornadas de trabajo abordaran temas cruciales para el futuro de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) tales como la auditoría forense digital, la fiscalización digital y la ciberseguridad.

“Estos son temas que, en un mundo cada vez más digitalizado, revisten una importancia trascendental para la transparencia, la rendición de cuentas y lucha contra la corrupción en nuestras respectivas naciones”. Dijo Ramírez Sánchez.

José Rodrigo Flores, presidente de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras – OCCEFS, destacó la importancia de lograr los objetivos del encuentro en general y de las entidades fiscalizadoras en particular trabajando unidos.

Augusto José Félix Paiva, presidente de OLACEFS dijo que esta asamblea extraordinaria es “un esfuerzo compartido que facilita la colaboración entre países y enfrentar los desafíos contemporáneos. Reconocemos la importancia de estos eventos, los temas tratados tendrán un alto impacto en nuestras entidades fiscalizadoras”.

En la XLVIII Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS están presentes Yesmín M. Valdivieso, contralora de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Gerardo Felipe Solís Díaz, contralor General de la Contraloría General de la República de Panamá, David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación de México, Jorge Gustavo Medina, Magistrado del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras, Darlam Enrique Dalmau Palomino, Vice contralor General de la Contraloría General de la República de Cuba, Augusto José Félix Paiva, Sub-Contralor General de Paraguay y Nelson Shack Yalta, miembro honorario de Occefs.

También los anfitriones Elsa María Catano, vicepresidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Tomasina Tolentino, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña Miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

En la ceremonia se rindió un minuto de silencio a la memoria del Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez, excontralor General de Cuentas de Guatemala durante el período 2018-2022, quien falleció en febrero pasado.

Sobre la OCCEFS

Fundada en 1995, en San Salvador, El Salvador, la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) es un Grupo subregional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), autónomo y apolítico, formado por las entidades fiscalizadoras superiores de Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

El objetivo principal de esta organización internacional es promover la integración y el fortalecimiento de los Entes Contralores de la región a través de la cooperación y asistencia técnica entre los países miembros en temáticas relacionados con la función de fiscalización de los fondos públicos, de acuerdo con las competencias asignadas a cada ente en su respectivo país.

The San Juan Daily Star 

By The Star Staff

Comptroller Yesmín Valdivieso Galib announced on Sunday that her office will conduct an evaluation of the government’s actions in the areas of governance, financing and public policies regarding climate change.

The assessments will be carried out during July to consolidate data into the Climate Scanner tool.

“With this project we join other audit institutions around the world to carry out independent evaluations,” the comptroller said in a written statement. “In this way we can obtain reliable information on financing, governance and public policies related to global warming and climate change in Puerto Rico.”

The project consists of collecting information on government initiatives regarding the allocation of public resources, formulation of public policy and the participation of different actors in governance. In addition, it will be possible to assess the level of commitment of governments to the commitments in the 1994 United Nations Framework Convention on Climate Change.

“We are in the execution part of this project, the conclusions of which will be presented at the end of 2024,” Valdivieso said. “We seek the cooperation of public and private entities to conclude this work, which will constitute a great contribution to knowledge and transparency of information, consistent with our constitutional mission.”

The Climate Scanner rapid review tool, designed to standardize analysis criteria that is used in each country, would provide accessible information, with clear language and visual resources. The project aims to assess governments’ climate actions, consolidate local data with global data, and substantiate possible future audits in specific areas. In addition, the project, which follows a standardized methodology, seeks to communicate the results of relevant information in the web application, share experiences and contribute to the global voice of the International Organization of Supreme Audit Institutions.

Fuente: El Nuevo Día
7 de julio de 2024

El resultado de la iniciativa, en la cual participarán otros países, se conocerá a finales del 2024, dijo Yesmín Valdivieso.

El resultado de la iniciativa, en la cual participarán otros países, se conocerá a finales del 2024, dijo Yesmín Valdivieso.
Como parte de un esfuerzo global, la Oficina del Contralor de Puerto Rico medirá, este mes, las acciones del gobierno en las áreas de gobernanza, financiación y políticas públicas en respuesta y preparación ante el cambio climático.

“Con este proyecto, nos unimos a otras entidades fiscalizadoras del mundo para llevar a cabo evaluaciones independientes. De este modo, podemos obtener información confiable sobre la financiación, gobernanza y las políticas públicas relacionadas con el calentamiento global y cambio climático en Puerto Rico”, expresó la contralora Yesmín M. Valdivieso, en declaraciones escritas.

Como parte del proyecto, la oficina recabará información sobre las iniciativas desarrolladas por las instrumentalidades respecto a su participación en la atención de esta problemática, que ya ha comenzado a trastocar la vida de las comunidades más vulnerables. Las olas de calor y los episodios de lluvia extrema –entre otros eventos a nivel mundial– son ejemplo de los efectos del cambio climático, han advertido expertos.

“Sabemos que se han aprobado leyes, que hay un grupo asesor sobre cambio climático, pero la realidad es que no sabemos qué se ha hecho. Cada vez que alguien piensa en cambio climático, piensa en paneles solares, como si eso fuera el principio y el final… pero hay que ir más allá. Hay que atender la erosión costera, el impacto de los huracanes en la vegetación…”, enumeró Valdivieso.

Para el análisis, explicó que se utilizará la herramienta Climate Scanner, mediante la cual las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) buscan proveer información accesible y de calidad, identificar los retos y los temas prioritarios de acción de los gobiernos, fortalecer las capacidades de las EFS en el desempeño de sus funciones, consolidar datos locales con los globales y desarrollar futuras auditorías.

Además, el proyecto –que sigue una metodología estandarizada– busca compartir experiencias y contribuir a los esfuerzos de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, en inglés).
“Quiero asegurarme de que, cuando pensemos en una auditoría, no solo pensemos en si se cumplió o no con la ley, y no es que no sea importante, porque lo es, pero siempre he querido que la Oficina fiscalice y que vaya más allá. Esa es la semilla que quisiera dejar sembrada, no importa si me voy en un mes o seis meses…”, dijo Valdivieso.

Reconocen la iniciativa

Expertos consultados por El Nuevo Día apoyaron el esfuerzo de la Oficina del Contralor, pero lamentaron que, a nivel legislativo, se dejara pasar la oportunidad de contar con un documento que no solo definía los cursos de acción y las estrategias públicas para atender esta problemática, sino que, a su vez, disponía las métricas a seguir.

A principios de mes, el representante Edgardo Feliciano, quien lideraba la discusión en la Asamblea Legislativa del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, anunció que no recomendaría la aprobación del documento, por lo que su evaluación quedó en manos de los representantes y senadores que sean electos el 5 de noviembre.

Entonces, Feliciano alegó que el documento de sobre 600 páginas –elaborado por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc)– había sido entregado tardíamente, señalamiento que ha sido rechazado por el grupo de trabajo. “Las métricas que entendía se iban a usar para medir la actuación de las agencias estaban establecidas en el plan… Si se hubiese aprobado, tendríamos unas métricas específicas y pudiésemos ir contra esas métricas y multar a las agencias que no cumplieran con la ley”, expuso el doctor Rafael Méndez Tejeda, miembro del Ceacc.

Como parte de la elaboración del documento, dijo Méndez Tejeda, se habían reunido con la Administración de Servicios Generales (ASG) para conversar sobre el cumplimiento de la Ley 33 de 2019, que obliga al gobierno –a partir de ese año– a adquirir vehículos híbridos o cuyo funcionamiento sea con métodos alternos a combustibles fósiles. “Dudo que algunas agencias hayan cumplido con la ley y lo hayan hecho”, aseveró.

El doctor Pablo Méndez Lázaro, también miembro del Ceacc, le dio la bienvenida a la gestión de la contralora, pero destacó, igualmente, esfuerzos similares, como la Red de Islas 2030, proyecto que lidera localmente desde el Caribbean Climate Adaptation Network (CCAN) y Sea Grant. “Busca establecer esas métricas y estándares de cumplimiento de las diferentes islas con respecto al cambio climático”, explicó.

Valdivieso sostuvo que, durante este proceso, espera reunirse con el Instituto de Estadísticas y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como con los miembros del Ceacc. “Más que una especie de monitoría, es ver dónde estamos y a dónde vamos y si hay un plan. ¿Tenemos las herramientas? ¿Tenemos la financiación?”, subrayó la contralora.

Fuente:  Walo Radio 1240 AM - Fecha: 13 de junio de 2024

(12-junio-2024) La contralora Yesmín Valdivieso emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Las Piedras en donde se divulgan posibles violaciones de Ley y un esquema de colusión (un acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia) entre proveedores del municipio.

Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones de la Oficina de Compras y Suministros, en lo que respecta al proceso de compras para el arrendamiento de camiones, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El informe revela que el ex director y la directora interina de Compras y Suministros del Municipio, obviaron de forma recurrente cumplir con el proceso establecido para solicitar y tramitar cotizaciones. En contravención de la legalidad vigente, estos funcionarios solicitaron el servicio de arrendamiento de camiones, renta de vagones y servicios de grúa a proveedores y compañías que mantenían un posible esquema de colusión.

Del examen realizado a 36 órdenes de compra por $352,085 emitidas al proveedor A, y cuatro órdenes de compra por $10,085 emitidas al proveedor B, los funcionarios consideraron 108 cotizaciones de los proveedores A y B, y de las compañías C, D, E y F. La compañía C había sido revocada por el Departamento de Estado desde el 2014, y de la compañía D no se encontró registro alguno, ni incluyó en las cotizaciones el nombre completo del representante sino un apodo.

Estas situaciones se refirieron a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEGPR), y al Departamento de Justicia, el 9 de febrero de 2023. Por estas acciones se pudo haber configurado el delito de negligencia en el cumplimiento del deber tipificado en el Código Penal de Puerto Rico.

La auditoría de seis hallazgos comenta que los proveedores que compitieron en la adjudicación de los servicios están asociados entre sí, organizados de forma comercial o corporativa con el objetivo de licitar de manera concertada y obviar el principio de justa competencia y transparencia (ver diagramas en el Informe).

Por ejemplo, el Municipio pagó $342,000 al proveedor A, que es hijo del presidente de la compañía C y tesorero de la compañía C. En el proceso de adjudicación de las compras, los funcionarios consideraron 32 cotizaciones de la compañía C, revocada por el Departamento de Estado.  En este pago también se consideraron 32 cotizaciones de la compañía D inexistente en los registros del Estado.

El Municipio pagó $123,372 al proveedor B por compras en las cuales se consideraron cotizaciones del proveedor A y de la compañía C. Además, pagaron $4,700 al proveedor B, en la cual consideraron una cotización de la compañía E. El proveedor B y la compañía E comparten el mismo presidente, el mismo incorporador, la misma incorporadora, e iguales direcciones postales y físicas.

Estas situaciones se refirieron al Departamento de Justicia y a la Oficina de Asuntos Monopolísticos el 9 de febrero de 2023 para que tomen la acción que corresponda.

El Informe de auditoría señala que un funcionario municipal de Las Piedras formalizó contratos de alquiler de equipo pesado con la identificada como Otra compañía por $1,853,024 cuyo vicepresidente era su yerno. El mismo funcionario también formalizó dos enmiendas por $120,000 con la compañía G que también pertenece a su yerno. Un subalterno de este funcionario fue el que formalizó los cuatro contratos para estos servicios de grúa y remolque por $253,500.

Para formalizar estos contratos, el funcionario debió haber notificado a la OEGPR e inhibirse. Estas situaciones se refirieron el 6 de octubre de 2022, y el 4 de junio de 2024, la OEGPR informó que no estaría presentando alguna causa de acción administrativa.

A pesar de los contratos formalizados del 2019 al 2021 por $4,592,000 para el recogido y disposición de escombros y desperdicios sólidos, el Municipio de Las Piedras formalizó 28 órdenes de compra con dos proveedores adicionales y utilizó camiones propios para este servicio cuya responsabilidad era de la compañía contratada. Esto no constituye una buena práctica de administración pública.

Además, los cuatro camiones utilizados por el contratista para depositar basura y escombros en el sistema de relleno de Humacao no estaban autorizados por el Departamento de Recursos Naturales ni por el Negociado de Transporte. Esta situación se refirió el 22 de agosto de 2023 a Recursos Naturales y al Negociado de Transporte, para que tomen las medidas que consideren oportunas.

Al 31 de diciembre de 2021, el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos reflejó recursos económicos por $36,924 en tres fondos que habían permanecido inactivos hasta cinco años. Además, el Municipio no ha realizado gestiones de cobro oportunas para recobrar una deuda de $111,327 por el alquiler de 63 cuerdas de terreno.

La auditoría también comenta que el Municipio utilizó de forma indebida los fondos provenientes de los ingresos de las patentes pagadas por adelantado de los años fiscales del 2018 al 2022. Se efectuaron $11,365,197 para gastos operacionales en los años fiscales de 2017 al 2021 sin contar con los fondos suficientes para su pago.

El Municipio de Las Piedras tiene déficits acumulados en el Fondo Operacional de $2,047,175 en el 2019, $2,571,026 en el 2020 y de $2,708,532 para el 2021. Además, no incluyó en el presupuesto del 2022 los fondos para cubrir el déficit determinado en el 2020 de $523,751.

De hecho, el presupuesto del Fondo General del Municipio fue de $12,562,776, $13,794,415, $11,983,571 y $13,459,082 del 2019 al 2022 respectivamente. 

El Municipio firmó un Acuerdo y Plan de Pago por $6,893,48, en el 2021 para transar una demanda del 2014 por incumplimiento de contrato con una compañía de manejo de desperdicios sólidos. Además, firmó otro Acuerdo de Pago con el Municipio de Juncos para pagar una deuda de $1,668,467 por la disposición de desperdicios sólidos en el vertedero.

Además de los referidos indicados arriba, el Informe le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.

Este informe cubre el periodo del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

Audio de la entrevista a la Contralora de Puerto Rico: https://soundcloud.com/waloradio/revelan-esquema-ilegal-en-operaciones-del-municipio-de-las-piedras?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fwaloradio%252Frevelan-esquema-ilegal-en-operaciones-del-municipio-de-las-piedras

Vea el informe aquí:

Fuente: Metro Puerto Rico - 05 de junio 2024

El informe revela que el Negociado desembolsó $24,175 por cubiertas de seguro innecesarias del 2015 al 2021

La Oficina del Contralor de Puerto Rico, emitió el miércoles, una opinión adversa de las operaciones del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones del Negociado objeto de este Informe, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El informe revela que el Negociado desembolsó 24,175 dólares por cubiertas de seguro innecesarias del 2015 al 2021; esto es, 9,000 dólares para asegurar obras de arte que no tenía, 2,931 dólares por la prima de instalación que no ocupaba y 12,244 dólares en endoso de cubierta posterior, para la misma instalación que no ocupaba. Esta situación se atribuye a que la directora de Administración no actualizó los inventarios de las propiedades asegurables, ni los envió a los productores de seguro antes de formalizar las pólizas. La directora de Administración no entendía el contenido de las pólizas ya que no contaba con la preparación académica sobre seguros.

La auditoría de dos hallazgos señala que la instalación 4 del Negociado, no tuvo póliza de cubierta de estructura por dos años. La aseguradora autorizó incluir la instalación 4 en la cubierta general vigente el 12 de marzo de 2021 mediante endoso.

Estas situaciones se refirieron a la Oficina del Comisionado de Seguros el 6 de julio de 2023 para que tome las medidas que correspondan.

Los auditores identificaron que el Negociado carece de reglamentos para administrar los seguros. Al 17 de agosto de 2021 no había normas para, por ejemplo, enviar anualmente la lista de propiedades y los riesgos al Área de Seguros Públicos en Hacienda, notificar al productor cualquier cambio de propiedades, o designar el funcionario autorizado para solicitar cambios en el seguro.

El Informe comenta que el administrador del Área no se aseguró de que el productor adiestrara al personal del Negociado o de que el productor hiciera partícipe al personal del Área en las reuniones con el Negociado. Además, el administrador de Área tampoco corroboró con el Negociado, la corrección del aumento en prima por la cubierta de la estructura de 3.3 millones de dólares.

Del 2016 al 2019, los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados reflejaron que el Negociado obtuvo ingresos propios por 85,762,777 dólares, incurrió en gastos operacionales por 84,997,850 dólares, y tuvo una pérdida no operacional por 9,226,637 dólares, que resultó en un déficit de 8,461,710 dólares.

La auditoría le recomienda al secretario de Seguridad Pública que imparta instrucciones al comisionado del Negociado, para que se asegure cumplir con las recomendaciones del Informe del Contralor.

Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr

Fuente: Metro Puerto Rico - 05 de junio 2024

Según un informe de la Oficina del Contralor que detalla irregularidades en operaciones fiscales de la agencia

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe donde se revelan deficiencias en la gestión de recursos y el cumplimiento de las normativas legales en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentra la falta de un registro de inventario preciso de las instalaciones deportivas y recreativas, lo que ha generado discrepancias significativas en los informes presentados. Estas deficiencias han retrasado el proceso de reclamación de fondos federales y podrían haber resultado en pagos indebidos por servicios y seguros.

“Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las operaciones del Departamento, en lo que concierne a la propiedad mueble e inmueble y la preparación y remisión de informes por requerimiento de ley, no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”, reza el informe.

Además, la auditoría señala la falta de cumplimiento con disposiciones legales, como la constitución de entidades como el Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física, y la falta de rendición de informes anuales sobre el uso de fondos destinados al desarrollo del atleta puertorriqueño de alto rendimiento.

El informe también destaca la falta de remisión oportuna de auditorías y documentos requeridos a agencias federales y la Oficina del Contralor, así como deficiencias en el registro de la propiedad mueble, lo que dificulta el control adecuado de las operaciones y la preparación de estados financieros.

Asimismo, se encontraron irregularidades en las instalaciones de la Oficina Regional Noroeste del Departamento, donde se hallaron edificios abandonados y enseres deteriorados, lo que evidencia un deficiente mantenimiento de las infraestructuras.

El informe, que abarca el período del 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2023, recomienda tomar medidas correctivas para abordar las deficiencias detectadas y asegurar el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias.

Pedro Menéndez Sanabria, EL VOCERO

A pesar de los múltiples controles que existen en la contratación gubernamental, la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso Galib, opinó que se requiere mayor transparencia en el proceso para poder identificar potenciales conflictos que surgen cuando la persona o entidad contratada también forma parte del equipo de campaña de un candidato político.

La funcionaria explicó que tanto a nivel federal como estatal no se le puede privar a un ciudadano o entidad un contrato -incluyendo agencias gubernamentales, corporaciones públicas o municipios- por vínculo político alguno, ya que esto es considerado como un tipo de discrimen. Esta protección, incluso, abarca a aquellos individuos que dirigen campañas políticas.
“En el papel existe una serie de controles. Por ejemplo, cuando un contrato es de más de $10 millones tiene que pasar por la junta fiscal y cuando supera los $10,000 tiene que contar con la aprobación de OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto). En cuanto a las compras es similar. El problema está en cómo determinamos que un contrato se otorgó al más cualificado y no al que es más conveniente políticamente hablando”, explicó Valdivieso Galib a EL VOCERO.

A pesar de esto, la contralora advirtió que existe el riesgo de que los contratos gubernamentales se conviertan en una manera de premiar o hasta remunerar la participación en las campañas políticas, especialmente en el periodo eleccionario.

“Dinero botado” en Educación
La funcionaria mencionó que una manera para poder aclarar si un contrato está o no siendo utilizado como herramienta en el campo político, es la inclusión de periodos de Requerimiento de Propuestas (RFP, en inglés) con requisitos específicos y detallados. Esto, además, ayudaría a la entidad contratante a tener las bases para evaluar el cumplimiento del mismo.

La problemática de contratos en agencias, específicamente el Departamento de Educación (DE), a entidades o personas con vínculos políticos ha sido eje de controversia en las pasadas semanas desde que salió a relucir que 90 de las 93 figuras que componen la nómina de confianza en la agencia participan activamente en la campaña del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Asimismo, la dependencia otorgó un contrato por $174,300 por servicios de publicidad a la compañía Pivot Solutions L.L.C., presidida por Michelle M. Cobb, directora ejecutiva de la campaña del aspirante a la comisaría residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el senador William Villafañe.

“Recae en cada agencia o municipio velar por el cumplimiento del contrato hasta que entra la Oficina del Inspector General o nosotros en la Contraloría, pero debido a la gran cantidad de contratos no podemos auditarlos todos, así que nos limitamos a un muestreo. Es una tarea problemática y por eso es que cada vez que entramos a Educación encontramos tanto dinero botado”, comentó Valdivieso Galib.

Sin embargo, la contralora afirmó que uno de los mayores retos a la hora de identificar potenciales conflictos es que, en muchos casos, existe una discordancia entre la rama de gobierno en la que se otorga el contrato y la campaña política que impulsa la persona.

“Puede darse el caso que tengas una persona con un contrato en el municipio X y que esté trabajando con la campaña de alguien que aspira a representante de otro distrito. No quiere decir que no pueda hacerlo, porque esto es legal, pero se debe evaluar si este está cumpliendo con todo lo estipulado y si el contrato se dio porque estaba cualificado y no porque era conveniente para el candidato”, sostuvo.

Valdivieso Galib lamentó que en Puerto Rico se haya normalizado el entrelace de contratos gubernamentales con la actividad política a tal punto que cambiar esta práctica tomará mucho tiempo.

“Tenemos que asegurarnos de que somos transparentes y de que cada uno de los componentes haga un cambio, sea Educación o la Contraloría, es algo de todo el sistema. Con propuestas claras podemos escoger mejor y si después resulta que se trata de una persona que está en la política, se puede determinar entonces, sin espacio a duda, que está haciendo su trabajo, pero para eso el proceso tiene que ser lo más transparente posible”, insistió.

Prudencia y sensatez
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, comentó que, aunque es posible establecer mayores controles, recae en los candidatos tener mayor prudencia y sensatez a la hora de seleccionar a las personas que componen su equipo de trabajo para evitar cualquier señalamiento de corrupción gubernamental.

“Yo creo que esto no es algo nuevo. Aunque no me atrevo a decir que es algo institucionalizado, pero de que haya pasado antes y que ocurra en otras agencias u otros candidatos, muy a mi pesar, pienso que sí puede estar sucediendo”, opinó el legislador.
Aunque dentro de los trabajos que realiza su comisión legislativa para evaluar el presupuesto de las agencias se solicita información sobre contratos y memoriales explicativos, Santa Rodríguez reconoció que más allá de un gasto exorbitante es difícil detectar conflictos políticos, ya que el trabajo se enfoca en el asunto financiero.

“Yo puedo utilizar el grupo de la Comisión para entonces buscar los contratos que aparecen en (la Oficina) del Contralor Electoral y ese tipo de cosas, pero la realidad es que no tengo mucha gente y tengo un presupuesto que correr”, agregó.
Santa Rodríguez opinó que “siempre ha habido el cuestionamiento de que se utiliza el dinero del gobierno para, de una forma directa o indirecta, financiar campañas”.

“Posiblemente hace falta legislación para tratar de controlar esto, pero si no hay alguien que lo ejecute no se logra nada. Pienso que quizás dándoles más recursos a las oficinas del Contralor y Ética para que puedan identificar posibles conflictos de intereses. Es más una solución en conjunto, pero de que tenemos que ponernos las pilas, sí, es necesario”, concluyó.

fuente: El Vocero - fecha: 2 de abril de 2024 - por: Istra Pacheco

En el 2022 se hicieron referidos al Departamento de Justicia por presuntas irregularidades

Aunque en el 2022 hubo referidos ante el Departamento de Justicia debido a las aparentes irregularidades con el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes – que en términos prácticos sustituyó al barril de tocino – y que ahora administra la Autoridad de Tierras (AT), la situación lejos de resolverse ha empeorado, dijo la contralora Yesmín Valdivieso, quien no descarta hacer nuevos referidos, esta vez a las autoridades federales.

La funcionaria dijo que este verano espera dar a conocer la auditoría realizada a la AT y si culmina la investigación paralela de su oficina antes del 30 de septiembre también la dará a conocer. Si la pesquisa termina posterior a esa fecha, esperaría al 2025 para dar a conocer los resultados para que no le achaquen intenciones político-partidistas.

“Hemos encontrado falta de procedimientos en el área de finanzas, deficiencias en la reglamentación que ya existía, registros contables incorrectos, expedientes incompletos, los contratos no tienen detalles sobre ‘le estamos asignando tanto dinero para estas obras en específico’, por ejemplo. No dicen qué tipo de obras ni a quién se le asignó esa obra. O sea, todo muy, muy diferente a lo que nosotros esperábamos”, declaró en entrevista con EL VOCERO.

En algunos casos se asignaba dinero para ciertas obras y no había constancia de si se utilizó completo y, en caso de que no, no había rendición de cuentas sobre qué sucedió con el sobrante. En otras instancias, las organizaciones recibían el dinero, pero no había un contrato formal para la realización de las obras con términos y condiciones.

Asimismo, se asignaron fondos para que algunas organizaciones rindieran servicios comunitarios, pero lo primero que hacían era arreglar las oficinas administrativas y después -con el sobrante- se invertía en el propósito original.

La contralora criticó que el fondo se ha utilizado, además, como el antiguo barrilito de tocino que el Tribunal Supremo declaró que era inconstitucional, en la medida en que se usa el dinero público para regalar enseres eléctricos y equipos.

“Si tú le quieres regalar una nevera o una cisterna a una gente, por lo menos antes tenía que haber una resolución de la Asamblea Legislativa, se llevaba a votación y había un récord de que eso se había aprobado. Ahora no hay. No hay ningún rastro sobre eso”, lamentó Valdivieso.

Lo peor para la contralora es que el año pasado se aumentó la cantidad disponible para que los legisladores por distrito tuvieran “para servicios a la comunidad” de 15% a 50%, lo que es de sumo peligro en un año eleccionario.

“Los años eleccionarios a mí no me caen muy bien, porque cuando tú vas a hacer un bien, tú lo haces porque de verdad entiendes y yo no estoy diciendo que no haya una intención de hacer el bien, pero el bien tú lo haces callado. El bien tú lo haces humildemente. No con la expectativa de que vayan a votar por ti. Esa es la parte que a mí no me gusta. Con fondos públicos tiene que haber una transparencia. Pero aquí no hay ni la transparencia de cómo se hizo la cosa, sino que la transparencia se da cuando sale el legislador en fotos entregando la nevera o la puerta de madera. Eso para mí es politiquería”, sentenció.

La funcionaria insistió que cuando se administran fondos públicos, las personas a cargo tienen que seguir reglas y asegurarse de que se da un buen uso a ese dinero.

No obstante, reconoció que parte del problema radica en que para algunas personas en el gobierno es muy difícil negarse a seguir las regulaciones cuando es un legislador quien las llama y exige cosas como “quiero que tú le des tanto dinero a Fulano”.

“Tú sabes que, de alguna manera, cuando alguien con un puesto como ese llama, puede ser hasta intimidante. Yo a la verdad que desde el principio y cuando me enteré de que eso lo habían pasado (el aumento en los fondos discrecionales)… yo me puse mal”, expresó.

Aprobada en el 2022, la Ley 173 creó el fondo que se nutre de los recaudos del .1% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). La pieza contenía muchísimos otros asuntos, dijo Valdivieso. No obstante, el proyecto nunca lo enviaron a su oficina para su evaluación y recomendaciones, que es el curso regular.

“Para mí esto estaba escondido en el texto de la ley… Si el barrilito fue declarado inconstitucional y tenía que pasar por una resolución, había más transparencia que ahora; pero aquí el senador o el representante decide a dónde va el dinero y, ¿quién le cuestiona?”, indicó.

Aunque inicialmente el Departamento de Agricultura hizo referidos al Departamento de Justicia, que a su vez recomendó que se designara un Fiscal Especial Independiente (FEI), la Oficina del Panel del FEI detuvo la pesquisa porque están a la espera de los hallazgos de la Oficina del Contralor para evitar una duplicidad de esfuerzos y dada la especialización de esa entidad en auditorías sobre uso de dinero, dijo por su parte Eloína Torres Cancel, portavoz del FEI.

Los referidos fueron específicamente sobre presuntas actuaciones de la exdirectora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, la exadministradora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el ingeniero Miguel Santiago Irizarry.

“Se había designado al fiscal Emilio Arill, que se retiró… y ahora lo tienen asignado (los fiscales Zulma) Fuster, (Ramón) Mendoza y Fabiola Acarón. Pero ese caso para fines del FEI está paralizado en lo que se termina la investigación del Contralor”, dijo.

La pesquisa abarca más acciones, adelantó la contralora.

Cargos son otro cantar

Cuando se le cuestionó a Valdivieso cuán grave es la situación y si podría involucrar legisladores, la funcionaria declinó especificar, por entender que todavía faltan puntos que se tienen que corroborar por parte del área de asuntos legales de su oficina.

Sin embargo, ante la pregunta de si se debían radicar cargos criminales en torno al manejo que se ha dado a los fondos, Valdivieso no dudó: “Si por nosotros fuera, sí… pero eso depende de otras entidades”.

Reconoció que puede haber una percepción de que luego de las denuncias no se “resuelve nada”, por lo que puntualizó que su oficina no tiene el poder de “arreglar” las cosas.

Lo más que puede hacer son recomendaciones y en este caso, la suya es que aunque no haya concluido la auditoría el fondo no debe continuar a cargo de la AT, toda vez que no tiene el personal suficiente ni preparado para asegurar que se manejan los fondos para fines públicos.

“Debe estar en manos de otra dependencia”, sostuvo.

El representante del Movimiento Victoria Ciudadana José Bernardo Márquez, quien dio la voz de alerta sobre la inconstitucionalidad de la ley que permite repartir dinero a los legisladores por distrito, dijo que este mes se cumplen dos años desde que hizo los primeros señalamientos y catalogó como una “total desfachatez” que nada haya cambiado.

“La contralora me dio la razón en ese momento y me contestó mi referido diciendo que está de acuerdo con que el diseño del barril era ilegal e inconstitucional y exhortaba a la Legislatura a enmendarlo. Entonces la Legislatura no ha hecho eso para corregir el problema legal que se señaló. Lo que hizo fue enmendarlo para aumentar la discreción individual de los legisladores en el uso de los fondos. Es por eso que estamos viendo más legisladores haciendo reparticiones semanales y publicando en sus redes sociales”, denunció.

Lamentó, además, que el Departamento de Justicia se negó a evaluar la ley y emitiera una opinión sobre su constitucionalidad bajo el argumento de que fue un pedido solamente suyo y no del pleno de la Cámara de Representantes, que Márquez entiende no es necesario. Dijo que por ello, más recientemente, hizo un referido a la Oficina de la Inspectora General, en busca de “alguna acción con mayor premura… Van dos años de esto, nadie utiliza ninguna herramienta, ministerial, administrativa, legal para paralizar el fondo… el tiempo sigue corriendo y, peor aún, los fondos se siguen administrando de forma altamente cuestionable”.

Al cierre de esta edición no había sido posible conseguir una reacción de la Autoridad de Tierras.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) es un tratado multilateral de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de prevenir y combatir la corrupción política, promovida por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Esta fue adoptada el 31 de octubre de 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. La CNUCC es considerada el principal instrumento internacional para abordar la corrupción en todos los sectores.

El Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) es una organización de la sociedad civil que como miembro de la Coalición de la Sociedad Civil de la CNUCC realizó un estudio dirigido a evaluar el marco jurídico y la estrategia anticorrupción de Puerto Rico y su cumplimiento con las disposiciones de la CNUCC. Esta iniciativa es un esfuerzo colaborativo del CGPC con la Coalición de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Para llevar a cabo el estudio se aplicó una metodología que utilizó varias técnicas para recopilar información que incluyó el análisis documental, el análisis de los informes de auditoría de la OCPR, el diseño de un cuestionario de autoevaluación del cumplimiento del marco jurídico y la estrategia anticorrupción de Puerto Rico con las disposiciones de la CNUCC, entre otras.

Como parte de esta metodología, el 16 de noviembre de 2021 se realizó un grupo focal y un análisis FODA con personal ejecutivo y directivo de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). El personal de la OCPR estuvo destacado evaluando la ejecución gubernamental y utilizó como criterios los indicadores y los principios anticorrupción establecidos por la ONU, que se categorizan en:

1. políticas y prácticas de prevención de la corrupción,
2. penalización y aplicación de la ley,
3. cooperación internacional y
4. restitución de activos.

El 16 de marzo de 2022 el CGPC presentó a la Contralora de Puerto Rico, Hon. Yesmín M. Valdivieso, y a los funcionarios de la OCPR que participaron en el grupo focal el informe Autoevaluación del cumplimiento de Puerto Rico con las disposiciones anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. El informe contiene los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones para atender las áreas de mejoras identificadas en el grupo focal. Entre los resultados se destaca la necesidad de fortalecer el sistema de gobernanza y gestión de los asuntos públicos para mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. Además, el estudio reveló que Puerto Rico cumple parcialmente con las disposiciones anticorrupción de la CNUCC en lo relativo a las categorías de información relacionadas con las medidas preventivas y al marco jurídico y regulatorio, y que no cumple con lo relacionado a la penalización de las prácticas de corrupción. La presentación de los resultados desató un productivo intercambio de ideas y recomendaciones para desarrollar y establecer las acciones requeridas para fortalecer el marco jurídico y la estrategia anticorrupción.

El 9 de junio de 2022 el CGPC presentó el Plan de acción para guiar la implantación de las recomendaciones del estudio de investigación sobre la Autoevaluación del cumplimiento de Puerto Rico con las disposiciones anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este Plan de Acción es el resultado de los trabajos realizados con los participantes del grupo focal de la OCPR el 16 de marzo, e incluye las estrategias de buenas prácticas de gobierno sugeridas para movilizar la mejora del cumplimiento de Puerto Rico con las disposiciones anticorrupción de la CNUCC. Entre las buenas prácticas se encuentran:  

• fortalecer el ordenamiento jurídico y normativo para prevenir, combatir y penalizar la corrupción.
• revisar el marco institucional del sistema anticorrupción y formular e implantar políticas y prácticas coordinadas y eficaces.
• establecer sistemas de contratación pública, compras y subastas basados en criterios de transparencia, capacidad y competencia.
• desarrollar e implantar políticas y prácticas de transparencia y acceso a la información que promuevan la inclusión, la participación de la sociedad y la rendición de cuentas.
• fortalecer la transparencia y el acceso a la información del proceso electoral.
• impulsar las reformas requeridas para atender las debilidades del sistema judicial para prevenir, combatir y penalizar la corrupción.

El 19 de enero de 2024 se efectuó un conversatorio entre el CGPC y los participantes del grupo focal en el que se intercambiaron ideas y experiencias sobre lo plasmado en el Informe de sociedad civil sobre la implementación del Capítulo II (Prevención) & Capítulo V (Recuperación de Activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (CNUCC) en Puerto Rico preparado por el CGPC y presentado ante las Naciones Unidas en noviembre de 2023. Las recomendaciones del informe están encaminadas a proveer apoyo al gobierno de Puerto Rico en el fortalecimiento de la estrategia y el marco jurídico para prevenir, combatir y penalizar la corrupción.

Para la Oficina del Contralor, participar en este tipo de estudio e investigación es de gran relevancia, pues la corrupción es una mala práctica que opera en detrimento de una sana y transparente gestión pública. Es un fenómeno que ha afectado a Puerto Rico por décadas lacerando la confianza hacia el gobierno. Esto hace necesario crear un frente común en el que las agencias de gobierno estatales y federales, y las instituciones de la sociedad civil y del sector privado se involucren de manera proactiva para establecer y poner en función políticas públicas en pro y bienestar de la ciudadanía.

Fuente: Departamento de Trabajo de los EE. UU. | 5 de febrero de 2024

Figura 1 Julio J. Dávila Bravo, Rocío J. de Jesús Gómez (Oficina del Contralor), Ivonne Rivera (Investigadora principal de la División de Horas y Salarios), José R. Vázquez (Director del distrito del Caribe de la División de Horas y Salarios), Yesmín M. Valdivieso (Contralor de Puerto Rico), Mayra L. Nigaglioni, José Maldonado (Oficina del Contralor).

A raíz de los retos que representó la pandemia, la Oficina del Contralor de Puerto Rico respondió a los nuevos escenarios de trabajo que esto produjo.  En esta sección se agrupa informes de auditoría sobre desembolsos de fondos para atender la emergencia, cartas circulares, entre otra información.

Vigilan cumplimiento de fondos públicos

Fuente: El Vocero
Fecha: 20 de octubre de 2023

Varias leyes en Puerto Rico prohíben el desembolso de fondos públicos a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que no hayan cumplido con sus responsabilidades y no se encuentren en cumplimiento (Good Standing) con los departamentos de Estado y Hacienda, recordó la Oficina de la Contralora.

“No procede el desembolso de fondos públicos a estas organizaciones, ya sean los mismos para su uso o para que esta sirva de intermediaria en el desembolso a un tercero. De recibir y desembolsar los fondos, sin estar en cumplimiento, la OSFL está sujeta al recobro de estos por el Estado”, expresó la Contralora, Yesmín M. Valdivieso, en un comunicado de prensa.

De la misma forma, agregó que ningún funcionario público o electo puede asignar fondos a una entidad que no está al día en sus responsabilidades. Los legisladores asumen una función ejecutiva mediante la determinación administrativa del uso especifico de los fondos. “Sobre esto, véase lo dispuesto en el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 458 y 466 (1994)”, agrega el parte de prensa.

Por tanto, previo a la asignación de fondos públicos, se debe realizar una evaluación sobre si la OSFL está capacitada o no para realizar la obra o el servicio para el cual le son asignados estos fondos.

“Exhortamos a todas las OSFL a ponerse al día con todas las entidades gubernamentales requeridas y a los funcionarios públicos o electos a no asignar fondos a las OSFL hasta asegurarse de que estén en cumplimiento. La Oficina del Contralor publicó el folleto informativo Organizaciones sin fines de lucro, uso de la propiedad y de los fondos públicos”, expresó.

Para orientarse, se pueden acceder en www.ocpr.gov.pr. (Folletos y Publicaciones).

“Cualquier persona que no cumpla con estas disposiciones le será requerido y vendrá obligada a rembolsar los fondos públicos ilegalmente desembolsados”, indicó.

Hace dos semanas, Valdivieso confirmó a EL VOCERO que una auditoría extensa sobre el uso de los fondos del llamado “barril de tocino” para obras permanentes tuvo que ser ampliada y está a punto de concluir.

Recordó que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien es el custodio del Fondo de Mejoras Municipales, ha comentado que se estaban asignando a las organizaciones sin fines de lucro grandes cantidades de dinero para asuntos no cualificados, lo cual está bajo la lupa de la contraloría.

Detalló que como parte de la auditoría, entrevistaron a algunos legisladores cuyos nombres se reservó.

Fuente: Cybernews

SAN JUAN (CyberNews) – La Contralora de Puerto Rico Yesmín Valdivieso publicó el martes, el resultado de una investigación sobre supuestas irregularidades relacionadas con la contratación, los servicios prestados y los pagos realizados a dos contratistas de servicios profesionales del Municipio entre el 2017 al 2018.

Los hallazgos se remitieron para la consideración de entidades de ley y orden, y entidades que rigen la profesión.

La investigación reveló que el contratista 1 facturó 3,150 dólares por servicios directos relacionados a los acondicionadores de aire y electricidad, sin tener la licencia de perito electricista ni la de técnico de refrigeración y aires acondicionados. Además, el contratista 1 realizó trabajos sin haber formalizado un contrato por escrito y facturó dos veces por los mismos servicios de evaluar daños a los aires acondicionados ubicados en el Centro de Gobierno.

El 29 de abril de 2018, el Municipio de Cataño canceló el contrato del contratista 1, por 4,200 dólares mensuales, tras ser acusado por el Negociado de Investigaciones Federales de soborno y conspiración por fraude a un programa de fondos federales cuando era funcionario del Municipio de Toa Baja.

Estas situaciones contrarias a la ley y reglamentación vigente se remitieron a la evaluación del secretario de Justicia y de la administradora de servicios generales y principal oficial de compras el 20 y 21 de julio de 2023 respectivamente. También, se tramitaron referidos a la Junta Examinadora y Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, y a la Junta Examinadora y Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico el 18 de septiembre de 2023.

La investigación le recomienda al alcalde, entre otras, que se asegure que la secretaria municipal establezca los controles necesarios para los procesos de contratación, que el director de finanzas se asegure de la corrección de las facturas, y que recobre de los contratistas aquellas cantidades indicadas en el Informe.

Este Informe de Investigación del 4 de octubre de 2023 está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Entrevistarán a los residentes y verán los arreglos.

Fuente: Primera Hora - 5 de octubre de 2023

Como parte de una auditoría al Programa R3 del Departamento de la Vivienda, auditores de la Oficina del Contralor de Puerto Rico se prestan a visitar a los residentes de 868 viviendas en la Isla que se beneficiaron de esta ayuda otorgada para reparar casas tras la devastación ocasionada por el huracán María.

Se alertó, en comunicado de prensa, que en estas visitas se entrevistará al residente, así como se documentarán los cambios y arreglos en las viviendas.

Este programa cuenta con $3,415 millones de dólares de los fondos del Community Development Block Grant–Disaster Recovery (CDBG-DR), de los cuales se han desembolsados $990 millones, para reconstruir, reparar o reubicar viviendas en la isla

“Nuestras normas de auditoría requieren que realicemos entrevistas, exámenes y análisis, para obtener evidencia suficiente de acuerdo con los objetivos, que proporcionen una base razonable para emitir nuestra opinión y publicar los hallazgos”, explicó la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M Valdivieso.

“Las pruebas que realizaremos, como parte del proceso regular de auditoría, consistirán en examinar la inversión y el trabajo que se llevó a cabo en las residencias”, añadió.

Ante todas las alertas de fraude que se registran en la Isla, la funcionaria precisó cómo será el proceso en que se llevarán a cabo estas entrevistas a los residentes. En primera instancia, se detalló que el personal de la Oficina del Contralor se comunicará por teléfono, correo electrónico o carta con los residentes seleccionados de una muestra para coordinar la visita. El auditor, entonces, realizará la visita coordinada y estará identificado en todo momento. De ninguna manera, el personal solicitará información personal ni dinero.

En el portal web www.ocpr.gov.pr se publicará información relevante al proceso de encuesta. Para más información, también se puede comunicar con la Oficina del Contralor al (787) 754-3030, extensiones 2202, 2207, 2208, 2213, y/o a los correos electrónicos ocprc041@ocpr.pr.gov, ocprc050@ocpr.gov.pr.

“Tan pronto concluya este proceso que requieren las normas de auditoría, procederemos a publicar los hallazgos en cumplimiento con el Plan Anual de Auditorías y la misión de la Oficina del Contralor de Puerto Rico”, indicó Valdivieso.

Así lo reveló una investigación sobre programa que impulsó el gobierno de Puerto Rico este cuatrienio.

Por Metro Puerto Rico - 27 de septiembre 2023

Una auditoría coordinada entre la Oficina de la Contralora de Puerto Rico y su contra parte en Argentina culminó en un informe especial sobre iniciativas para el desarrollo sostenible y fin de la pobreza en Puerto Rico que reveló la inactividad de entes creados por el gobierno, al punto de no haber utilizado fondos asignados para la lucha contra la pobreza.

Se trata de una investigación dirigida por la Auditoría General de la Nación de la República Argentina. En coordinación con auditores de la Contraloría evaluaron la eficacia en la aprobación, el desarrollo y la implementación de acciones basadas en la política pública para reducir la pobreza y la pobreza infantil en Puerto Rico, según establecido en la Orden Ejecutiva OE-2021-039, aprobada por el gobernador el 25 de mayo de 2021 y en la Ley 84-2021, Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social, aprobada el 31 de diciembre de 2021.

Aunque se estableció la comisión mediante ley, no se establecieron los mecanismos necesarios para cumplir sus objetivos, ya que no se integraron las iniciativas estatales y federales con las de los gobiernos municipales, las entidades sin fines de lucro y con las del sector privado. Además, la Comisión no había preparado un plan estratégico, ni una lista de los fondos disponibles a nivel federal y estatal, y la ley no incluyó tampoco métodos de participación ciudadana, entre otros.

Para el año fiscal de 2023, se había aprobado un presupuesto de $1,200,000 para sufragar el Programa contra la Pobreza Infantil. Sin embargo, al 20 de enero de 2023, no se habían utilizado estos fondos. Esta situación impidió medir el avance para reducir la pobreza infantil.

Con respecto al logro de las metas para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 y la disminución de la brecha de género, el Informe indica que se implementó una campaña para promover la solicitud del crédito tributario por niño, pero no se establecieron acciones adicionales a la política pública de reducción de la pobreza infantil y la pobreza. Al 6 de octubre se habían radicado 222,327 planillas en el Servicio de Rentas Internas Federal con el reclamo del crédito tributario por niño. Esto representó el 73% del total de las familias que cualificaban. “A largo plazo, no se puede determinar el impacto de estos fondos, ya que no es una ayuda recurrente”, lee el informe.

La auditoría coordinada es realizada por diferentes entidades fiscalizadoras superiores (EFS o entidades fiscalizadoras), ofrece las condiciones necesarias para analizar diferentes perspectivas sobre un mismo tema y, al mismo tiempo, presenta un panorama de cómo es tratado el tema a nivel nacional o regional.

La pobreza, según la ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, tales como acceso a alimentos, agua potable, servicios de salud, vivienda, educación e información.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico recibió una invitación por parte de la Auditoría General de Argentina para participar de una auditoría coordinada sobre la implementación de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, Fin de la Pobreza (Objetivo 1), y la mitigación del impacto del COVID-19, con énfasis en la disminución de las brechas de género.

El Informe Especial enumera los programas federales y estatales, y su propósito para mitigar la pobreza por agencia del Gobierno. Además, detalla el importe de las diversas leyes y programas del Gobierno para atender la pandemia del COVID-19 tales como la Ley CARES, Ley CRTRA y la Ley ARPA, entre otras.

Fuente: La Isla Oeste

San Juan. La Contraloría de Puerto Rico publicó una auditoría coordinada sobre la eficacia de las acciones de política pública para: reducir la pobreza y la pobreza infantil, mitigar el impacto del COVID-19, y disminuir la brecha de género.

La auditoría, dirigida por la Auditoría General de Argentina, analiza el panorama de Puerto Rico con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible, Fin de la Pobreza, según la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

El Informe especial revela que, aunque se estableció un marco legal para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 mediante la creación de una Comisión Asesora por Orden Ejecutiva el 25 de mayo de 2021, esta no estuvo en funciones ni se creó una estructura para su implementación. La Comisión Asesora la formaban 11 funcionarios que sólo se reunieron en una ocasión.

INFORME ESPECIAL OC-24-16

OC-24-16 by La Isla Oeste

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La auditoría indica que la Orden Ejecutiva no incluyó métodos de participación ciudadana ni acciones para disminuir la brecha de género para atender los objetivos. Además, no se nombraron a los ocho representantes de universidades, sector privado y de las entidades sin fines de lucro en la Comisión Asesora.

El Gobierno de Puerto Rico estableció el 31 de diciembre de 2021, la Comisión para Combatir la Pobreza mediante la Ley 84-2021, para reducir la pobreza infantil y la desigualdad social en un 50% para el 2032, entre otros objetivos. Según datos del Censo de los Estados Unidos al 2022, el 42% de la población y el 58% de los menores de 18 años vivían en situación de pobreza en la isla.

Sin embargo, no se establecieron los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos, ya que no se integraron las iniciativas estatales y federales con las de los gobiernos municipales, las entidades sin fines de lucro y con las del sector privado. Además, la Comisión no había preparado un plan estratégico, ni una lista de los fondos disponibles a nivel federal y estatal, y la ley no incluyó tampoco métodos de participación ciudadana, entre otros.

Para el año fiscal de 2023, se había aprobado un presupuesto de $1,200,000 para sufragar el Programa contra la Pobreza Infantil. Sin embargo, al 20 de enero de 2023, no se habían utilizado estos fondos. Esta situación impidió medir el avance para reducir la pobreza infantil.

Con respecto al logro de las metas para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 y la disminución de la brecha de género, el Informe indica que se implementó una campaña para promover la solicitud del crédito tributario por niño, pero no se establecieron acciones adicionales a la política pública de reducción de la pobreza infantil y la pobreza. Al 6 de octubre se habían radicado 222,327 planillas en el Servicio de Rentas Internas Federal con el reclamo del crédito tributario por niño. Esto representó el 73% del total de las familias que cualificaban. A largo plazo, no se puede determinar el impacto de estos fondos ya que no es una ayuda recurrente.

El Informe Especial enumera los programas federales y estatales, y su propósito para mitigar la pobreza por agencia del Gobierno. Además, detalla el importe de las diversas leyes y programas del Gobierno para atender la pandemia del COVID-19 tales como la Ley CARES, Ley CRTRA y la Ley ARPA, entre otras El informe especial, cubre el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.

Fuente: Periódico La Perla - Fecha: 21 de septiembre de 2023

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico reveló, desde el 2018 hasta el primer semestre del año fiscal de 2021, la Oficina Regional Educativa (ORE) de Ponce, no celebró subastas para la adquisición de los servicios de transporte escolar.

Durante este periodo, la Oficina otorgó 407 contratos de emergencia por $7,299,090, por este servicio.

La Oficina de Auditoría Interna del Departamento de Educación, había comentado una situación similar en el 2018.

Además, la auditoría señala que los contratos contenían una cláusula que justificaba que por la falta de un presupuesto definido, no podía cumplir con el proceso de subasta para la contratación de la transportación escolar. Al ser un servicio esencial, el Departamento entonces determinó utilizar el proceso de emergencia.

Del examen realizado, se concluye que la Oficina suscribió contratos de emergencia cada seis meses durante cuatro años fiscales consecutivos.

El Contralor concluye que esta situación propicia que se beneficien a unos proveedores en particular y que no se evalúen otras ofertas.

“La Ley 3-2017, Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico, no es una excusa contractual para no haber llevado a cabo las subastas correspondientes. Por el contrario, la ley es una razón adicional para realizar los procesos de subasta requeridos”, expone el reporte.

La auditoría comenta que, no se pudieron examinar los expedientes físicos de nueve contratos de transportación escolar otorgados del 7 al 12 de agosto 2019, por $1,021,925.

El superintendente notificó que los expedientes estaban ubicados en uno de los edificios afectados por el terremoto del 7 de enero de 2020, al cual no se podía entrar por razones de salud y seguridad.

El Informe le recomienda a la secretaria de Educación, que imparta instrucciones para que se cumpla con la reglamentación aplicable a las subastas de transporte escolar. Este primer informe de la ORE de Ponce, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Cuatro empleados de la zona de Manatí-Dorado recibieron unos $15,892 aunque tenían sus salarios regulares

fuente: El Nuevo Día - fecha: 21 de septiembre de 2023

Cuatro empleados públicos de la entidad conocida como Área Local de Desarrollo Laboral de Manatí-Dorado (ALDL) recibieron pagos del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) aunque ninguno perdió su fuente de ingreso principal durante el trimestre de julio a septiembre de 2020.

Según un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), estos empleados recibieron pagos del PUA emitidos por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) por un total de $15,892 pese a que los cuatro empleados recibieron sus salarios regulares durante ese período de tiempo.

“Además de una verificación de datos adicional, se identificaron otros seis empleados para los cuales el DTRH emitió pagos por beneficios del PUA. No obstante, no se pudo determinar el importe de los beneficios pagados o si los recibieron”, lee el informe.

Como parte de su informe, la OCPR recomendó a DTRH a tomar las medidas pertinentes tras la revelación del desembolso de estos fondos del PUA y exhortó a la directora ejecutiva de la oficina a también tomar cartas en el asunto.

El informe de auditoría detalló, además, que esta entidad también adquirió el marbete de un autobús pesado sin cumplir con los requisitos de ley.

Mediante entrevista y certificación del 4 y 10 de agosto de 2022, el agente comprador informó que el 14 de junio de 2022 entregó la licencia del autobús al dueño de una estación de inspección, ubicada en el municipio de Barceloneta, quien procedió a expedirle el certificado. Esto, sin haber inspeccionado dicha unidad. El 30 de junio de 2022 el agente comprador adquirió el marbete para el autobús en una colecturía ubicada en Arecibo.

De acuerdo con el documento, ALDL es un “área de prestación de servicios” que recibe fondos federales para adiestramientos y empleos y recibe fondos por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El proyecto no tuvo utilidad ni redundó en beneficio de la universidad, ni del interés público

Fuente: Cybernews-12 de septiembre 2023

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó hoy, martes, el resultado de una investigación sobre alegadas irregularidades con la adquisición del licenciamiento e implementación de una plataforma para el desarrollo de un programa de educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico en Carolina (UPRCa).

La investigación reveló que UPRCa pagó $254,881 dólares por la adquisición de la plataforma, que no se implementó y que hubiese permitido la creación de aulas virtuales, acceso al portal institucional y la participación desde múltiples dispositivos electrónicos, según establece el contrato formalizado el 20 de diciembre de 2019.

Sin embargo, la plataforma no se estaba utilizando, no se encontró evidencia del plan de trabajo para su implementación, y no se realizó un estudio de necesidad y viabilidad. Esta situación se atribuye a los cambios de personal en las oficinas del Decanato de Asuntos Académicos y del Rector del recinto que afectaron los servicios, las fechas y el desarrollo de este proyecto.

Al respecto, el 9 de diciembre de 2022, el Rector notificó al contratista la terminación del contrato.

La institución educativa invirtió recursos en un proyecto que no tuvo utilidad ni redundó en beneficio de la universidad, ni del interés público.

El Informe recomienda al Rector, entre otras, que para inversiones futuras se planifique adecuadamente la contratación según establece la “Política ATI-013 de la Carta Circular 140-16, Normas Generales sobre la Implantación de Sistemas, Compra de Equipos y Uso de la Tecnología de Información para los Organismos Gubernamentales, del 2016″.

Este informe del 31 de agosto de 2023 está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Fuente: Metro - 28 de junio de 2023

Según un informe de la contralora Yesmín Valdivieso, Educación pagó $335,793 por servicios de agua y luz en escuelas cerradas desde el 2017

La Contralora Yesmín Valdivieso emitió el miércoles una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Mayagüez (OREM) del Departamento de Educación.

El Informe de un hallazgo revela que, el Departamento de Educación pagó 335,793 dólares por servicios de agua potable y energía eléctrica en escuelas cerradas desde el 2017.  La suspensión de estos servicios se produjo hasta cuatro años después del cierre.  Del 2017 al 2018 se cerraron 90 escuelas en la región educativa de Mayagüez.

De hecho, al 7 de julio de 2022, el Departamento pagó 47,379 dólares por concepto de siete cuentas de energía eléctrica que se mantenían activas o en uso en tres de las escuelas cerradas. Estos pagos innecesarios se pudieron haber utilizado en las operaciones del Departamento y, además, personas ajenas pudieron haberse beneficiado de los servicios de agua y luz en las escuelas.

De las visitas realizadas a diez de las escuelas cerradas, se identificaron ocho en estado de abandono, cinco de ellas vandalizadas y llena de escombros. Los auditores encontraron también, equipos y materiales de instrucción abandonados, parafernalia de sustancias controladas, personas ajenas a la institución, y una de las escuelas servía de establo para 14 caballos.

La Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, no prestó el mantenimiento a las escuelas cerradas y el Departamento tampoco impartió instrucciones al respecto.

Además, cuatro de las escuelas visitadas tenían documentos administrativos y académicos confidenciales, y no se localizaron documentos relacionados al cierre tales como: el inventario físico, hoja de materiales transferidos, o la certificación de disposición de equipo preparada por el director escolar, entre otros.

La auditoría comenta que el Departamento no midió el cumplimiento de los objetivos del proceso de consolidación y cierre de las escuelas. Un ayudante especial del secretario y el superintendente de la OREM confirmaron que no contaban con información sobre el impacto económico, impacto en los estudiantes, y la calidad de servicios ofrecidos tras el cierre de escuelas.

Los auditores identificaron cuatro planteles escolares bajo la custodia del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ocupados por dos municipios y dos corporaciones sin fines de lucro sin contar con un contrato de arrendamiento por escrito. Una de las escuelas servía de Head Start del Suroeste y Early Head Start. Otro de los planteles lo ocupaba una corporación sin fines de lucro cuyo presidente usaba uno de los salones como su residencia.

Este primer informe de la Oficina Regional Educativa de Mayagüez cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2022, y está disponible en  www.ocpr.gov.pr.

Según informe de la Contraloría de Puerto Rico

Fuente: Cybernews/ El Vocero-26 de mayo 2023

Un informe reciente de la Contraloría de Puerto Rico evidenció que el Municipio de Lares realizó un proyecto de construcción de plataformas para nichos en el cementerio municipal sin obtener el debido permiso.

“El permiso de construcción para mejoras a la pista atlética Julio C. Morales, que costó 183 mil 384 dólares, se obtuvo seis meses después de iniciar los trabajos”, declaró la Contraloría. “Estas situaciones impidieron que la Oficina de Gerencia de Permisos pudiera ejercer su función reguladora antes del inicio de la construcción”, añade.

“En seis de las 14 cotizaciones para tres de los cinco proyectos examinados, no se identificó quién las solicitó y las aceptó”, lee el informe. “Estas deficiencias propician la comisión de irregularidades en los procesos”.

El informe también revela que dos acuerdos del Municipio con una entidad sin fines de lucro no recibieron aprobación de la Legislatura Municipal antes de su formalización en 2019 y 2020. Además, el acuerdo de 2019 no se remitió al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, y el de 2020 se registró dos años y medio después de su formalización.

Se identificó que el Municipio de Lares no mantuvo un control continuo y eficaz de las finanzas y operaciones, ya que la Oficina de Auditoría Interna no realizó auditorías en áreas de materialidad y riesgo, por ejemplo, en compras y desembolsos con los fondos para atender la emergencia del COVID-19.

“El Municipio de Lares no informó 46 de los 55 accidentes y hurtos a la Contraloría de Puerto Rico”, advirtió el informe. “Además, no se realizaron investigaciones administrativas en 34 incidentes. Esto impide que el Municipio pueda determinar las causas de los incidentes y tomar las medidas correspondientes”.

Las deficiencias con las actas de la Legislatura Municipal, la falta de un reglamento para el personal de confianza y un reglamento para el uso de ponchadores biométricos son otras situaciones que el informe señala como preocupantes.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto debe asegurarse de que el Municipio de Lares cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor, concluye el informe. El documento cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2022.

El informe fue referido al Departamento de Justicia

Fuente: Cybernews-22 de mayo 2023 

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico que fue referido al Departamento de Justicia reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) pagó más de un millón de dólares a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) sin un contrato escrito.

Según la auditoría, el DCR pagó un total de $1,691,571 a la agencia gubernamental el 13 de septiembre del 2018 por el reembolso de gastos incurridos en el análisis del desarrollo de dos instituciones correccionales, bajo la modalidad de alianzas público-privadas. El mismo incluía $1,383,124 de los trabajos realizados por la Autoridad relacionado con el proyecto, $165,974 por cargos por servicios y $142,473 por intereses de la línea de crédito.

El análisis de la Contraloría indica que el Departamento de Corrección no formalizó un contrato escrito de asistencia con la Autoridad.

“La ausencia de contratos escritos, puede propiciar que se presenten reclamaciones fraudulentas e ilegales”, advirtió la Contraloría en el informe.

Además, la auditoría también reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no ha utilizado el equipo tecnológico de dos de los siete laboratorios educativos, adquiridos por trescientos trece mil, setecientos siete dólares, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde su instalación.

“Esto no solo supone un despilfarro de recursos, sino que priva a los internos de la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y conocimientos”, añade el informe de la Contraloría.

El informe también evidenció el pago de diecisiete mil, ochocientos sesenta dólares a un contratista por horas de adiestramiento no realizados.

Se detectaron, además, múltiples desviaciones de la reglamentación en relación a los contratos de servicios profesionales y consultivos y deficiencias en el procesamiento de facturas para pago.

Finalmente, el informe destacó un caso en el que una contratista facturó diecisiete mil, seiscientos setenta y dos dólares por trabajos en horarios que confligían con otros trabajos facturados a otras entidades gubernamentales.“Estas situaciones se remitieron a la consideración del secretario de Justicia el 12 de mayo de 2022″, concluyó la Contraloría.

Fuente: CyberNews/El Vocero-31 de mayo de 2023

El informe señala que el municipio no registró en su sistema de contabilidad los comprobantes de desembolso de 24 de 51 transferencias electrónicas

La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes, una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del municipio de Humacao. 

Según el informe, el municipio proporcionó $24,959 como capital en exceso a las resoluciones aprobadas por la Legislatura Municipal, para establecer la Empresa Municipal para el Desarrollo Económico, Cultural, Recreativo y Deportivo.

“El hecho de no obtener el consentimiento de la Legislatura, impide cumplir con su responsabilidad de evaluar la asignación de fondos”, detalla el informe.

Entre 2012 y 2019, el municipio desembolsó un total de $3,943,284 a la Empresa Municipal.

El informe de la Contraloría señala que el municipio no registró en su sistema de contabilidad Monet GFS, los comprobantes de desembolso de 24 de las 51 transferencias electrónicas que realizó a la Empresa Municipal del 2016 al 2019. Esto representa $1,594,391 de un total de $3,352,922 transferidos en parte para realizar mejoras al Centro de Bellas Artes y al Coliseo.

La Empresa Municipal no formalizó contratos escritos por servicios de arquitectura por los que desembolsó $24,165.

Además, tampoco se formalizaron contratos escritos por los servicios prestados como director ejecutivo, del también director de Finanzas del Municipio, desde el 2014 al 2018 por $34,025. El informe finaliza con una recomendación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure de que el Municipio de Humacao cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Como parte de las buenas prácticas en comunicación interna, en la Oficina del Contralor se rediseñó la Revista institucional NotiContralor-e. Incluimos un video preparado por el equipo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) que presenta a la Directora de Prensa y Comunicaciones de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, explicando esta estrategia de comunicación interna.

Por otro lado, La Gerente de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Oficina del Contralor de Puerto Rico nos presenta la herramienta de comunicación interna Help Desk, el cual permite un mayor control y estatus de las peticiones que hacen los compañeros al área.

Evolución y tendencias sobre el fraude de fondos públicos
Por: Marielis Rivera Márquez
Directora  – Centro de Desarrollo Profesional
y Actividades Especiales

El personal de auditoría de nuestra Oficina participó del adiestramiento Evolución y tendencias sobre el fraude de fondos públicos. El adiestramiento, realizado el pasado 18 de mayo, contó con los conferenciantes: el exdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Lcdo. Hiram R. Morales Lugo, y la exfiscal federal, Lcda. María Domínguez.

Semana Digital
Del 14 al 20 de mayo de 2023

La Oficina del Contralor se une a la celebración de la semana digital en Puerto Rico para reconocer los avances logrados y para apoyar toda iniciativa que nos posicione como una Contraloría moderna y tecnológica. Gracias a la transformación digital, podemos cumplir mejor la misión de fiscalizar las transacciones de los fondos y la propiedad pública, así como contribuir de forma eficaz al logro de una administración pública de excelencia.

El mundo digital abarca todos los órdenes de nuestra vida. En nuestra institución, implantamos herramientas digitales, tecnologías de vanguardia y dispositivos inteligentes, que nos ayudan a contar con una estructura ágil y efectiva. Algunos ejemplos para destacar son: la Mecanización de Formularios en la División de Finanzas, la aplicación del Control del Progreso de las Auditorías que integra las bases de datos y permite simular proyecciones, así como la optimización de la aplicación del Business Intelligence para fortalecer la eficiencia de los procesos de auditoría y apoyar la toma de decisiones oportunas.

También agradecemos los avances en el campo digital, que la destreza y creatividad de los compañeros han realizado para el beneficio de esta institución y de los ciudadanos. 

Muchas felicidades a todos esta semana y seguiremos adelante en el desarrollo del mundo digital
en la Contraloría de Puerto Rico.  

Yesmín M. Valdivieso
Contralora

Fuente: metro.pr

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico reveló que el alcalde del Municipio de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro Carrión, modificó sin aprobación de la legislatura de Juncos el propósito de la compra de un colegio en el cual se construyeron dos habitaciones tipo hotel.

El informe indica que en 2009, Juncos adquirió el antiguo Colegio Corazón de María por 2.5 millones de dólares para desarrollar una escuela de cursos vocacionales e incluir un área para niños con impedimentos. Sin embargo, el alcalde modificó el propósito inicial sin aprobación y en 2019 construyó dos habitaciones tipo hotel, cuyo proyecto se encontraba detenido en febrero de 2022.

“El alcalde modificó el propósito para el cual el habían aprobado la adquisición de la propiedad, sin contar con la aprobación de la legislatura municipal, es decir, de una escuela para cursos vocacionales a un hotel. No fue hasta el 25 de abril de 2022 que, mediante la Ordenanza 18, la Legislatura Municipal enmendó la Ordenanza 9, para cambiar el uso propuesto de las instalaciones adquiridas al de un hotel de aproximadamente 50 habitaciones, y espacios comerciales para el alquiler de pequeñas y medianas empresas. La aprobación del cambio de uso se realizó 12 años y 6 meses después de la aprobación de uso original de la propiedad, y 3 años y 6 meses después de que se contratara la construcción de las habitaciones modelo”, lee el informe.

Del mismo modo, se señala que el municipio no realizó un estudio de viabilidad y mercadeo para el desarrollo del proyecto hotelero en la estructura adquirida previo al desembolso de $63,320 invertidos en la construcción de las habitaciones modelo.

La auditoría señala también que no se realizó un estudio de viabilidad y mercadeo para el proyecto hotelero y que la Unidad de Auditoría Interna no realizó auditorías de los sistemas de información en 2021. Además, se encontraron irregularidades en la adjudicación de proyectos de construcción y en la entrega de fianzas por parte de contratistas.

El informe recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto asegurar el cumplimiento del Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Fuente:jayfonseca.com - Cynthia López Cabán
01/05/2023

Un informe de la Oficina de la Contralora concluyó que el Municipio de Guaynabo invirtió $15,921,660 en la construcción del Museo de la Música Rafael Ithier, que no ha tenido utilidad ni ha redundado en beneficio del interés público.

La auditoría, divulgada hoy, consignó que del 2013 al 2017, se formalizaron 16 contratos y 22 enmiendas con cinco contratistas para servicios de diseño, construcción, inspección, supervisión y estudio de suelo. El ayuntamiento desembolsó $11.2 millones en las labores de reconstrucción del museo, que ubica en la antigua escuela elemental Román Baldorioty de Castro. Gastó otros $4.4 millones en el diseño.

Los trabajos del museo iban a todo vapor cuando el convicto exalcalde Héctor O’Neill renunció en medio de una investigación por hostigamiento sexual en junio de 2015. A su llegada a la alcaldía, el ahora convicto exalcalde Ángel Pérez Otero abandonó la iniciativa, que a su llegada al poder el hijo de Héctor O’Neill y actual alcalde, Edward O’Neill anunció que retomaría.

El año pasado Edward O’Neill indicó al periódico Primera Hora que el Museo de la Música abriría para principios del 2023, pero la apertura todavía no ha ocurrido.

En total, la auditoría, que comprende el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020, identificó cinco señalamientos.

El ayuntamiento también compró una planta de concreto mezclado por $221,158 a un proveedor de Kentucky, para producir concreto de alta calidad. De esa cifra, pagó $205,387 por el equipo y $15,771 por servicios de transportación y embarque hacia Puerto Rico. La adquisición de esta maquinaria, según una auditoría, tenía el propósito de reducir los costos de construcción del municipio y dar servicios de hormigón a otros municipios y empresas privadas. Sin embargo, esta inversión no ha tenido utilidad ya que la planta está deteriorada, cubierta de vegetación y no se había instalado.

“En una inspección realizada el 16 de julio de 2020, por nuestros auditores y un empleado municipal, se observó que la planta no se había instalado. Esta se encontraba en los terrenos del Departamento de Obras Públicas, deteriorada y cubierta por vegetación”, reveló la auditoría de 29 páginas.

Pero además de desembolsar millones largos para iniciativas que no tuvieron ninguna utilidad, la auditoría encontró, que el municipio no celebró una subasta para adquirir los módulos de juego o playground del parque pasivo de Torrimar por $124,294 . El Reglamento Municipal dispone que para compras que exceden los $100,000, se tiene que celebrar subasta. En su lugar, el Municipio solicitó cotizaciones a cuatro proveedores.

El Municipio desembolsó otros $29,450 para el pago de tres multas por violaciones a reglamentos relacionados con el manejo de desperdicios sólidos, control de erosión, trámites de permisos generales. Además, pagó una penalidad por condiciones de trabajo no seguras estipuladas en la reglamentación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en ingles). Estas situaciones tienen el efecto de reducir los recursos disponibles, y pueden ocasionar daños ambientales y pleitos judiciales innecesarios.

Los auditores detectaron que del 2015 al 2018, el Municipio realizó 907 pagos por $35,578,580, mediante transferencias electrónicas, sin reglamentación para este tipo de procesamiento de pagos. Además, no suministraron para examen 17 desembolsos y sus justificantes correspondientes al pago de obras de construcción por $870,147, y no se marcaron como pagados los justificantes de siete comprobantes de desembolso por la suma de $242,206. Estas deficiencias no permitieron verificar la corrección y propiedad de dichos desembolsos.

Como parte del análisis de su oficina, la contralora Yesmín Valdivieso incluyó un comentario especial sobre la presentación de cargos y convicción del entonces alcalde Ángel Pérez Otero, quien renunció al cargo el 16 de diciembre de 2021 y después de que agentes federales lo arrestaran en su residencia. El 22 de marzo de 2023 un jurado lo encontró culpable de cargos de soborno, extorsión y conspiración por recibir dinero del convicto contratista Oscar Santamaría a cambio de contratos municipales para sus empresas.

Fuente:  Metro Puerto Rico - 02 de mayo 2023

Hace 11 años el gobierno recibió el control de los terrenos de la antigua base naval Rosevelt Roads, sin embargo una auditoría publicada hoy por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, revela que las instalaciones de la Estación Naval se encuentran deterioradas y no se están utilizando.

El traspaso de las Parcelas I y II de la antigua Base Naval Roosevelt Roads se completó entre 2012 y 2013 bajo las administraciones de los exgobernadores Luis Fortuño y Alejandro García Padilla.

En tanto, en el periodo que cubre la auditoría, del 1 de julio de 2016 al 15 de septiembre de 2021, señala que al cabo de nueve años transcurridos desde la transferencia de tres parcelas a la Autoridad, y realizar inversiones por $30,792,029, sólo tenía 14 proyectos con 17 arrendatarios que ocupaban una tercera parte de los acres de terreno de la Autoridad. Mientras mantiene una deuda de $24,498,168,

Por otro lado, apunta a que la Autoridad no había contratado un desarrollador maestro, tras una evaluación de ocho proponentes en el 2014, y de realizar gastos al respecto por $459,455.

Además, tras formalizar un contrato con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para otorgar un préstamo por $4,936,000 y recibir una subvención de $666,200 con el propósito de llevar a cabo mejoras al sistema de agua potable, esta se encuentra en fase de comenzar el proceso de subasta.

A junio de 2021, sólo se habían creado 392 empleos, según los informes de Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

La auditoría le recomienda al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, tomar las medidas que correspondan con respecto al retraso en el redesarrollo de los terrenos y las instalaciones de la Estación Naval.

El informe señala, además, que la Autoridad no requirió a tiempo itinerarios de trabajo e informes de progreso en contratos de arrendamiento formalizados del 2015 al 2018 para la operación del astillero y de un dique seco y para el desarrollo de una comunidad resort de alquiler residencial.

“El cumplimiento de estos requisitos contractuales se produjo, hasta cuatro años más tarde con los itinerarios y hasta dos años más tarde con los informes de progreso. Estas situaciones no permiten tener un control del estatus de los trabajos ni supervisar el cumplimiento de los contratos”, establece la contralora.

Fue en julio del 2020 que la exgobernadora Wanda Vázquez colocó la primera piedra del primer proyecto para el desarrollo de las tierras, que consistía en la rehabilitación de unas 700 casas militares para convertirlas en villas de hotel.

En tanto, el informe también señala que la Autoridad no mantiene un expediente técnico por proyecto y la Junta no suministró a examen, evidencia de que el director ejecutivo haya presentado tres de los cinco planes de trabajo, ni seis presupuestos. “De este modo, la Autoridad no pudo ejercer un control adecuado del archivo, y además, se dificulta la labor fiscalizadora de los auditores de la Contraloría”, menciona.

Fuente: TeleOnce - Programa, El Poder del Pueblo.
marzo 27, 2023

El Nuevo Día
27 Mar 2023 por: Maricarmen Rivera Sánchez

“(Los municipios) no hacen inventarios anuales y,
si no tienes un inventario, no puedes saber si se te perdió algo o si lo robaron”

Un análisis de la Oficina del Contralor confirma que continúan todo tipo de irregularidades al otorgar contratos, adquirir bienes y hasta el pago de cuentas privadas como el agua y la luz con fondos públicos

Mientras todavía se digiere la culpabilidad del ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, por aceptar sobornos a cambio de favorecer al ex contratista Oscar Santamaría, un análisis de la Oficina del Contralor (OCPR) que surge de múltiples auditorías contables denota que las malas mañas -con dinero público- siguen siendo la orden del día en los municipios.

La contralora Yesmín M. Valdivieso recopiló los hallazgos más comunes que han encontrado los auditores de la OCPR en los municipios y recientemente, presentó el informe en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).
En síntesis, podría decirse que uno de cada tres municipios auditados entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de diciembre de 2022, no siguieron las leyes y reglamentos ya vigentes.

Por ejemplo, en el renglón de obras permanentes, los auditores de la OCPR encontraron que las obras se realizaron sin permiso; hicieron trabajos sin formalizar contratos, faltaba información en las facturas y los estudios de viabilidad brillaban por su ausencia.

TRUCOS PARA EVADIR LAS SUBASTAS
Uno de los hallazgos más comunes es la práctica de fraccionar el costo de la obra de construcción para evadir los topes que obligan a realizar subastas para cada trabajo.
Encontraron, además, frecuentemente, que en los municipios se pagan servicios profesionales sin que medie un contrato y en ciertos servicios –de relaciones públicas, ingeniería, arquitectura, plomeros y electricistas– se contratan personas que carecen de las debidas licencias que exige el estado. Otra de las fallas frecuentes es que, a la hora de requisar bienes, se solicitan con demasiada especificidad. Por ejemplo, en vez de requerir la compra de un vehículo, se ponen detalles como la marca que quieren adquirir.
“Se supone que si quieres decir que quieres una SUV, pues no tienes que decir que sea de tal marca. Cuando vemos que describen demasiado lo que quieren también se considera mal porque la idea no es que compres el carro que tú quieras, es que compres uno que pueda suplir las necesidades de la entidad”, indicó Valdivieso.
En los municipios, de igual forma, es frecuente encontrar empleados nombrados por demasiado tiempo en puestos transitorios y pagos indebidos de liquidación de licencias.

PAGA CON CARGO AL MUNICIPIO
Otro de los hallazgos comunes se relaciona al robo de fondos públicos. En su informe, la contralora detalló como uno de los hallazgos más comunes en los municipios es la apropiación de fondos públicos y utilizar cuentas bancarias del municipio para pagar cuentas privadas de agua, luz, cable y préstamos personales.
Además, según la OCPR, la pérdida de propiedad e incluso hurtos que se notifican muy tarde a las autoridades son la orden del día.
Según Valdivieso, una de las razones para que la pérdida de bienes públicos sea tan común es que los ayuntamientos no cuentan con un registro de la propiedad municipal.

“En varios informes hemos dicho que no se están reportando todas las pérdidas y la razón por la que no se reportan es porque no hacen inventarios anuales y si no tienes un inventario, no puedes saber si se te perdió algo o si lo robaron”, afirmó.

Los informes de la OCPR son públicos y, en caso de tener hallazgos, son referidos al Departamento de Justicia y a otras entidades fiscalizadoras.
Valdivieso reconoció que no le complace ver que se repiten los mismos señalamientos en las auditorías año tras año.
“No estoy complacida del todo. Nadie me puede cuestionar que le he puesto las herramientas necesarias en las manos, damos adiestramientos mensuales porque ahora -el curso de contratación es obligatorio- son de ocho horas. Las herramientas las estamos dando. No es que estamos exigiendo cosas y los dejamos ahí a ver cómo sobreviven”, dijo la CPA.

Alejandra Jover, EL VOCERO 23/03/2023

Valdivieso señaló que con la campaña “Alto a la corrupción” de la División de Investigaciones Especiales de su agencia, han logrado cursar varias querellas gracias a información provista por el público. >Archivo / EL VOCERO

Se proponen recuperar el dinero de fondos públicos implicados en esquemas de corrupción

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó ayer que implementará mecanismos legales para recobrar los fondos públicos implicados en esquemas de corrupción de los funcionarios de gobierno o de contratistas privados que se han lucrado ilegalmente de las arcas gubernamentales.

“Vamos dirigidos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño. Junto al gobernador, Pedro Pierluisi, hemos estado evaluando distintos mecanismos para atajar la corrupción pública, como parte del plan de seguridad y la política anticorrupción de esta administración. Entre estos, se encuentran la posibilidad de iniciar demandas civiles en recobro del dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico. Para esto tendremos que realizar una evaluación caso a caso. Queremos que devuelvan lo que le han robado al pueblo”, expresó el secretario de Justicia en comunicado de prensa.

El año pasado el gobernador aprobó una enmienda al Código Penal de Puerto Rico, mediante la Ley 76-2022, que dispone la pena de restitución, ya sea en dinero, mediante la prestación de servicios, o la entrega de los bienes ilegalmente apropiados.

“A través de este estatuto, podríamos recobrar el dinero en el procedimiento penal”, explicó Emanuelli Hernández.

La contralora Yesmín Valdivieso —a raíz del caso que se ventila en el Tribunal federal contra Ángel Pérez, el exalcalde de Guaynabo— indicó a EL VOCERO que muchas de las personas convictas por actos de corrupción tuvieron que entregar lo que tenían al gobierno federal, pero no sabe si las entidades federales lo devolverán al fisco.

“Ciertamente, lo que son fondos públicos se supone que se recobre, punto, y esa gestión le corresponde al secretario de Justicia”.

“Que tengan dinero para pagar, son otros veinte pesos. Que se determine que son fondos públicos es otro asunto; muchos de estos dineros salieron de las cuentas personales de los que hicieron los pagos, y que puedas pensar que los dineros que tenían salieron de fondos públicos es un poco más complicado de evidenciar”, explicó Valdivieso.

“Pero la regla general es que fondos públicos perdidos son fondos que tienes que recobrar”, recalcó.

“¿Recobrar ese dinero resarce el daño público?”, preguntamos.

“El daño que se ha hecho jamás va a ser verdaderamente borrado”, respondió la contralora.

En referencia a la visita de Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, luego del huracán María, alertó que “cuando te ponen la etiqueta de ‘Mira todos los corruptos que existen en Puerto Rico’, es muy difícil quitarles esa idea a las personas”.

Valdivieso concede que hay personas corruptas en todos los niveles de la sociedad, pero la culpa cae sobre todo el mundo.

“Somos muchas personas decentes que trabajamos y no le tenemos que robar a nadie. Hay gente que estaba robando porque sencillamente lo podían hacer”, indicó.

“El daño está hecho. Van a pasar muchos años de que esta mala fama se olvide”, lamentó.

La contralora agregó que en actos de corrupción se pierde el 5% del producto bruto en el mundo, “y estamos hablando de trillones de dólares. Es un mal mundial, pero desgraciadamente de esa gente no se saben los nombres. Aquí conocemos quiénes son y quiénes le fallaron al pueblo de Puerto Rico, y eso es muy difícil de tragar y perdonar”.

Denunciar la corrupción

Valdivieso señaló que con la campaña Alto a la corrupción, de la División de Investigaciones Especiales de la agencia, han logrado cursar varias querellas fundamentadas en información provista por el público.

Las personas pueden denunciar el daño o descuido a la propiedad mueble o inmueble del gobierno, apropiación o malversación de fondos públicos, compra ilegal de materiales o equipo, irregularidades en las subastas, intervención indebida en el proceso de compras, contratos onerosos al erario o que se hayan otorgado en violación a las leyes y a reglamentos, y empleados “fantasmas” que reciben salario sin trabajar.

“Nunca podríamos saber si alguien está cometiendo actos de corrupción a menos que alguien se moleste, se canse y lo denuncie”, expresó Valdivieso.

“Parar la corrupción es posible, pero necesitamos que, si conoce a alguien cometiendo actos ilegales, se comunique con nosotros”, señaló.

Además de la Oficina del Contralor, las querellas pueden ser radicadas en la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) o la Oficina del Procurador de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Vital la transparencia

Manuel Quilichini, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, coincidió con Valdivieso en que le corresponde a Justicia recobrar el dinero perdido a causa de la corrupción.

“Le toca al Departamento de Justicia porque es el bufete de Puerto Rico, no solamente en la parte criminal sino también en la parte civil. Así que en ese sentido coincido con Yesmín Valdivieso en que a Justicia le toca recobrar el dinero robado”, indicó.

“En cuanto a si lo debe hacer o no, yo entiendo que nos han robado mucho dinero, la gente confiesa libremente que nos ha robado pero entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Puede que sea ir a prisión, pero a veces es por un periodo corto de tiempo. Las personas que han robado se han lucrado increíblemente; solamente veamos el caso de Víctor Fajardo, que se robó millones de dólares, que es dinero del pueblo. Yo entiendo que la ley está para el recobro”, puntualizó el abogado.

Agregó que recobrar el dinero puede ser difícil porque los funcionarios lo gastan y no les queda nada.

“Francamente yo creo que tratar de recobrar el dinero puede ser bien cuesta arriba, pero el intento se debe hacer porque es un disuasivo a los que quieran seguir robando. En cuanto a la confianza en nuestras instituciones, lo que necesitamos es transparencia. El gobierno hace muchas cosas de espalda al público y eso es lo que causa la suspicacia. Si supieran poner todo sobre la mesa —quién se gana una subasta, cuánto se paga— la transparencia ataca la raíz de la corrupción”, abundó Quilichini.

Para conocer más sobre el programa Alto a la corrupción y hacer denuncias de forma anónima, visite https://www.ocpr.gov.pr/querellese/

La periodista Glorimar Velázquez colaboró en esta historia.

Semana y día de la Mujer
5 al 11 de marzo y 8 de marzo de 2023

Recordemos esta semana
los actos de valor y sacrificio alcanzados por la mujer
en todos los ámbitos de la vida.

Y que esta celebración sea un motivo de reflexión
y aliciente para alcanzar nuevas metas personales y profesionales.

Aprovechamos para invitarlos a participar mañana del evento conmemorativo
del Día Internacional de la Mujer organizado por la OLACEFS:
¿Cómo lograr la igualdad cuando hay corrupción?

¡En la Contraloría nos unimos a este noble propósito
y agradecemos la contribución única de la mujer al cumplimiento de nuestra misión!

Yesmín M. Valdivieso
Contralora

Fecha: 27 de febrero de 2023
Por: Lcda. Loida E. Pazo Díaz, JD, LLM, CFCE - Ayudante Ejecutiva de la OARE, Oficina del Contralor

El 24 de febrero el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico celebró la 1^era Conferencia Anual Anti-Fraude. En la conferencia se discutieron temas como: las funciones del Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción (PRECO), estrategias para el desarrollo de programas anticorrupción, la evasión fiscal en Puerto Rico y Estados Unidos y sus consecuencias, el esquema regulatorio para la protección de datos en Puerto Rico y Estados Unidos, la importancia de la colaboración entre agencias para prevenir el fraude, y diferentes esquemas de fraude vistos desde la perspectiva del defraudador, entre otros.

La contralora Yesmín Valdivieso, fue parte de los panelistas invitados, siendo la Oficina del Contralor una de las agencias que forma parte del Grupo PRECO. En el evento también participaron el Sr. Bruce Dorris, presidente y principal ejecutivo de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, el Sr. Francisco Parés Alicea, secretario del Departamento de Hacienda, el Sr. José Carlos Colón De Jesús, secretario auxiliar Área de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, el Sr. Luis Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, la Sra. Ivelisse Torres Rivera, inspectora general de Puerto Rico, el Sr. Joseph González, agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, y el Sr. Juan Carlos López Velázquez, agente especial del FBI en el área de corrupción pública.

Fuente: David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación
elfinanciero.com.mx

La OCCEFS es un grupo subregional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), autónomo y apolítico, cuyo objetivo es promover el fortalecimiento de las EFS de Centroamérica y el Caribe a través de la cooperación y la asistencia técnica en las diversas temáticas vinculadas con la fiscalización de fondos públicos.

Se acaba de celebrar los veintiocho aniversarios de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). En 1995, en la ciudad de San Salvador, las EFS de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá decidieron formar una alianza para promover la integración y el fortalecimiento de las EFS de Centroamérica: la Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCEFS).  Posteriormente, se integrarían a la nueva Organización la EFS de República Dominicana y la Contraloría del Banco Centroamericana de Integración Económica (BCIE).

Con la incorporación de República Dominicana a la Organización, se tomó la decisión de reformar los Estatutos de la OCEFS para cambiar su denominación a Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS). En 2003, la Contraloría General de la República de Cuba fue aceptada como miembro de la OCCEFS, la Auditoría General de Belice haría lo propio en 2007, la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 2015 y la Auditoría Superior de la Federación de México, en 2019.

La OCCEFS es un grupo subregional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), autónomo y apolítico, cuyo objetivo es promover el fortalecimiento de las EFS de Centroamérica y el Caribe a través de la cooperación y la asistencia técnica en las diversas temáticas vinculadas con la fiscalización de fondos públicos. Por medio de la OCCEFS, las once EFS que la conforman estudian y analizan procesos y metodologías de fiscalización y desarrollan proyectos conjuntos que contribuyen a la mejora de sus capacidades y de su independencia.

El órgano supremo de la Organización es su Asamblea General, en la que participan sus once miembros, y cuenta con el apoyo de la Presidencia -a cargo de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador- y la Secretaría Ejecutiva -encabezada por el Tribunal de Cuentas de la República de Honduras-. Además, cuenta con cuatro comités: Comunicación e Imagen, Asuntos Jurídicos, de Incremento de Capacidades y de Planificación Estratégica.

Actualmente, como parte de la OCCEFS, la Auditoría Superior de la Federación coordina el Comité de Incremento de Capacidades (CIC), el cual fue creado en 2017, con la finalidad de gestionar iniciativas para el desarrollo sostenible de las capacidades tanto de la Organización como de sus EFS miembros.  Bajo la coordinación de la ASF, el CIC elaboró un Diagnóstico de las Necesidades de Capacitación de la OCCEFS en materia de conocimiento para la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desarrolló dos ciclos de Webinarios, uno en materia de integridad y ética públicas y otro sobre ODS y la Agenda 2030, y un Encuentro Regional de Fiscalización, en el que se discutió sobre buena gobernanza, transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Además, la ASF implementó el curso digital “Panorama general para la fiscalización de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, el cual, en 2022, fue cursado por más de cuatrocientas personas funcionarias de las EFS de OCCEFS y OLACEFS. En sus primeros veintiocho años de vida, la OCCEFS se ha distinguido por ser un espacio en el que, gracias a los lazos de amistad, solidaridad y cooperación mutua, así como el respeto al sistema democrático, se discuten y analizan temáticas de actualidad en materia de control y fiscalización gubernamental, se comparten buenas prácticas y se accede a asistencia técnica, lo que ha contribuido a su vez, a fortalecer las capacidades de cada una de las once EFS que la integran.

Día de Acción de Gracias
jueves, 24 de noviembre de 2022

El Día de Acción de Gracias
es una de las celebraciones del año más bonitas que vivimos,
como un gran encuentro con nuestra familia y seres queridos.
El motivo de esta fiesta también es muy bonito:
dar gracias a Dios por todas las bendiciones que nos brinda.

La Oficina del Contralor se une a la celebración de este día tan significativo.
La acción de dar gracias nos ayuda a crecer
en comprensión, empatía y a ser más solidarios.

Este año cumplimos nuestro 70mo aniversario;
buen momento para dar gracias por todas las oportunidades, frutos,
y, sobre todo, por las amistades y compañeros
que forman una gran familia en la Contraloría.

¡Hoy doy gracias a todo el personal,
y espero que la alegría que causa ser agradecidos
fortalezca nuestro compromiso con la Oficina!

¡Les deseo un entrañable Día de Acción de Gracias
y… buen provecho a todos!

Yesmín M. Valdivieso
Contralora

Les incluimos el mensaje de la Contralora con motivo de la Semana del Auditor que se celebra del 11 al 17 de septiembre.
¡Muchas felicidades!

Fuente: El vocero- 12 de septiembre de 2022

Radiografía a los informes de auditoría de la Oficina del Contralor en la última década muestra cómo la deshonestidad administrativa está arraigada en el gobierno

El incremento exponencial de casos de corrupción en Puerto Rico que evidencian los recientes arrestos de políticos y contratistas privados por las autoridades federales, genera preocupación porque visibiliza que esta conducta delictiva ha escalado hasta las altas esferas del gobierno y afecta la legitimidad de las instituciones públicas.

Investigadores del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) presentaron a EL VOCERO el estudio Desafíos de la corrupción para la gobernanza y la economía, en el que hicieron una radiografía de los informes de auditorías publicados por la Oficina del Contralor en la última década, y que según los datos recopilados, muestra cómo este delito está arraigado al gobierno.

¿Considera que las leyes en la Isla no son suficientemente fuertes para combatir la corrupción gubernamental?

Entre el 1ro de julio de 2010 al 30 de junio del 2019, la Oficina del Contralor publicó 1,042 informes de las auditorías realizadas en agencias de gobierno, de las que surgen 215 hallazgos de “carácter serio” que fueron referidos al Departamento de Justicia y/o a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Entre los 215 hallazgos, los investigadores del CGPC identificaron 127 incidentes que implican acciones, actos u omisiones que representan alguna modalidad de corrupción. Sin embargo, señalan que estos potenciales incidentes no representan los únicos actos de corrupción ocurridos en el periodo analizado y conjeturan que otros cientos de casos “escaparon la visibilidad de los auditores” del Contralor.

El análisis establece que de los 127 incidentes de potencial corrupción, 94 (74%) fueron documentados en los municipios, 32 (25%) en la rama ejecutiva y uno (1%) en la judicial. Los patrones identificados, en su mayoría corresponden a fraude, malversación y conflicto de interés, tres modalidades que se repiten en esquemas recientemente revelados por las autoridades federales.

“Los grandes intereses han capturado al gobierno y estos últimos casos (de corrupción) lo han hecho evidente porque ha llegado a la figura más alta del gobierno. Así que nosotros podríamos estar frente a la captura del Estado por grupos de interés particular, políticos y empresariales, y ese es el sello más amplio de lo que es un estado fallido”, sostuvo la directora ejecutiva del centro, Eneida Torres.

Saúl Pratts, catedrático en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, y Rafael Durand, director de la investigación, urgieron a cambiar el paradigma en la lucha contra la corrupción como estrategia para frenar el aumento en la incidencia de estos casos.

“El andamiaje anticorrupción tiene un problema, y es que se queda mirando al empleado público y al gobierno como ente que da el servicio, sin tomar en cuenta la privatización, y por eso es que la gente tiene una gran desconfianza, porque el sector privado queda impune en la mayoría de estos casos (de corrupción)”, explicó Pratts, al abordar las fisuras en la estructura gubernamental.

Los casos de corrupción más notorios en Puerto Rico —como el de la exgobernadora Wanda Vázquez y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado— involucran en los esquemas expuestos por las autoridades federales a personas del sector privado, y tienen similitud en las modalidades imputadas, entre ellas el soborno y la conspiración.

Del análisis de los informes del Contralor se desprende que de los 127 incidentes identificados, 66 (52%) corresponden a fraude, 43 (33.9%) a malversación, 10 (7.9%) a conflictos de interés, tres (2.3%) a nepotismo, tres (2.3%) a padrinazgo, uno (0.8%) a soborno y uno (0.8%) a colusión.

En los municipios

El informe refleja que en los municipios el 54.6% de los casos se agrupan en cotizaciones falsas, contratación de ingenieros y/o arquitectos sin licencia o corporaciones no autorizadas a prestar los servicios, apropiación ilegal de fondos públicos, aumento de salario al alcalde y/o dietas a legisladores sin cumplir con el proceso dispuesto, y trámites ilegales relacionados al manejo de recursos humanos.

Según la investigación, los 11 municipios identificados con el mayor número de incidentes señalados durante el 2010 al 2019, son Barranquitas con seis, seguido de Guayanilla, Ponce, Mayagüez y Bayamón con cuatro cada uno. Los municipios de Cidra, Morovis, Guaynabo, Guánica, Camuy y Canóvanas tienen tres incidentes cada uno.

El investigador Durand explicó que los señalamientos en Barranquitas —municipio que encabeza la lista— incluyen pagos por servicios no prestados, contratación de profesionales y/o corporaciones no autorizadas, funcionario del municipio firmando contratos y certificando comprobantes de pago a familiares, y nombramiento de familiares de funcionarios sin las dispensas requeridas.

Añadió que el 55% de los incidentes recurrentes en el Ejecutivo son por pago indebido a proveedor o cobro indebido del proveedor, trámites ilegales relacionados a recursos humanos y conflictos de interés en la otorgación de contratos.

Durand agregó que el 57.2% de los casos en las corporaciones públicas son por utilización de equipo y propiedad pública para beneficio de un ente privado y/o político, pago indebido de compensación por despido, y/o bonificaciones, entre otros.

“No debe ser sorpresa que muchas de estas cosas terminaron en Justicia o en la OEG y no se procedió con ningunos cargos”, expresó.

Impacto en la economía

Durand alertó sobre el costo socioeconómico que tiene la corrupción en Puerto Rico, porque profundiza la desigualdad social y la pobreza, y genera desconfianza en la ciudadanía.

“La economía de Puerto Rico evidencia una reducción de su producto interno bruto (PIB) real. Para el 2021, fue de un 2%, pero esa tendencia viene ocurriendo desde el 2005”, puntualizó Durand.

Indicó que entre los años 2017 y 2018 —cuando Puerto Rico quedó destruido por el huracán María— la caída en el PIB fue más marcada con 4.13% y 4.61%, respectivamente. EL VOCERO reseñó hace un mes, que las pérdidas anuales que causan los actos de corrupción en la Isla se han estimado en el 10% del presupuesto gubernamental, según datos del Contralor.

Durand apuntó a que las deficiencias en el andamiaje económico —dependiente del influjo de fondos federales—, la inflación y el alza en la gasolina, “tienen consecuencias en nuestras posibilidades de encaminar una verdadera y sostenible recuperación económica”.

Agregó que el desarrollo económico se ha complicado en la Isla a causa de la corrupción que promueve el uso de los recursos limitados en contratos y nombramientos que, según entiende, son innecesarios.

Los tres investigadores coincidieron en que es impostergable mejorar la gobernanza y la capacidad administrativa de las instituciones con mecanismos robustos de transparencia y rendición de cuentas.

Además, plantearon que aunque hay una estructura jurídica —que tiene un Código Anticorrupción— no ha sido suficiente para frenar la deshonestidad administrativa.

Torres, quien es la investigadora principal del estudio, destacó que “no es un problema de legislación lo que tenemos frente a nosotros… es un problema de gerencia gubernamental y de malas prácticas enraizadas, porque el veneno es el clientelismo político y el inversionismo político que ha deteriorado aceleradamente la administración pública”.

Aseveró que mejorar la gobernanza y fortalecer el sistema anticorrupción requiere de establecer prioridades claras y estimular la cultura de integridad pública basada en la meritocracia. “Ningún gobierno puede operar de manera centralizada; los gobiernos tienen ya que depender de los insumos de los ciudadanos y las comunidades, y tener un plan de país de lo que van a ejecutar”, concluyó.