fuente: El Vocero - fecha: 2 de abril de 2024 - por: Istra Pacheco

En el 2022 se hicieron referidos al Departamento de Justicia por presuntas irregularidades

Aunque en el 2022 hubo referidos ante el Departamento de Justicia debido a las aparentes irregularidades con el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes – que en términos prácticos sustituyó al barril de tocino – y que ahora administra la Autoridad de Tierras (AT), la situación lejos de resolverse ha empeorado, dijo la contralora Yesmín Valdivieso, quien no descarta hacer nuevos referidos, esta vez a las autoridades federales.

La funcionaria dijo que este verano espera dar a conocer la auditoría realizada a la AT y si culmina la investigación paralela de su oficina antes del 30 de septiembre también la dará a conocer. Si la pesquisa termina posterior a esa fecha, esperaría al 2025 para dar a conocer los resultados para que no le achaquen intenciones político-partidistas.

“Hemos encontrado falta de procedimientos en el área de finanzas, deficiencias en la reglamentación que ya existía, registros contables incorrectos, expedientes incompletos, los contratos no tienen detalles sobre ‘le estamos asignando tanto dinero para estas obras en específico’, por ejemplo. No dicen qué tipo de obras ni a quién se le asignó esa obra. O sea, todo muy, muy diferente a lo que nosotros esperábamos”, declaró en entrevista con EL VOCERO.

En algunos casos se asignaba dinero para ciertas obras y no había constancia de si se utilizó completo y, en caso de que no, no había rendición de cuentas sobre qué sucedió con el sobrante. En otras instancias, las organizaciones recibían el dinero, pero no había un contrato formal para la realización de las obras con términos y condiciones.

Asimismo, se asignaron fondos para que algunas organizaciones rindieran servicios comunitarios, pero lo primero que hacían era arreglar las oficinas administrativas y después -con el sobrante- se invertía en el propósito original.

La contralora criticó que el fondo se ha utilizado, además, como el antiguo barrilito de tocino que el Tribunal Supremo declaró que era inconstitucional, en la medida en que se usa el dinero público para regalar enseres eléctricos y equipos.

“Si tú le quieres regalar una nevera o una cisterna a una gente, por lo menos antes tenía que haber una resolución de la Asamblea Legislativa, se llevaba a votación y había un récord de que eso se había aprobado. Ahora no hay. No hay ningún rastro sobre eso”, lamentó Valdivieso.

Lo peor para la contralora es que el año pasado se aumentó la cantidad disponible para que los legisladores por distrito tuvieran “para servicios a la comunidad” de 15% a 50%, lo que es de sumo peligro en un año eleccionario.

“Los años eleccionarios a mí no me caen muy bien, porque cuando tú vas a hacer un bien, tú lo haces porque de verdad entiendes y yo no estoy diciendo que no haya una intención de hacer el bien, pero el bien tú lo haces callado. El bien tú lo haces humildemente. No con la expectativa de que vayan a votar por ti. Esa es la parte que a mí no me gusta. Con fondos públicos tiene que haber una transparencia. Pero aquí no hay ni la transparencia de cómo se hizo la cosa, sino que la transparencia se da cuando sale el legislador en fotos entregando la nevera o la puerta de madera. Eso para mí es politiquería”, sentenció.

La funcionaria insistió que cuando se administran fondos públicos, las personas a cargo tienen que seguir reglas y asegurarse de que se da un buen uso a ese dinero.

No obstante, reconoció que parte del problema radica en que para algunas personas en el gobierno es muy difícil negarse a seguir las regulaciones cuando es un legislador quien las llama y exige cosas como “quiero que tú le des tanto dinero a Fulano”.

“Tú sabes que, de alguna manera, cuando alguien con un puesto como ese llama, puede ser hasta intimidante. Yo a la verdad que desde el principio y cuando me enteré de que eso lo habían pasado (el aumento en los fondos discrecionales)… yo me puse mal”, expresó.

Aprobada en el 2022, la Ley 173 creó el fondo que se nutre de los recaudos del .1% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). La pieza contenía muchísimos otros asuntos, dijo Valdivieso. No obstante, el proyecto nunca lo enviaron a su oficina para su evaluación y recomendaciones, que es el curso regular.

“Para mí esto estaba escondido en el texto de la ley… Si el barrilito fue declarado inconstitucional y tenía que pasar por una resolución, había más transparencia que ahora; pero aquí el senador o el representante decide a dónde va el dinero y, ¿quién le cuestiona?”, indicó.

Aunque inicialmente el Departamento de Agricultura hizo referidos al Departamento de Justicia, que a su vez recomendó que se designara un Fiscal Especial Independiente (FEI), la Oficina del Panel del FEI detuvo la pesquisa porque están a la espera de los hallazgos de la Oficina del Contralor para evitar una duplicidad de esfuerzos y dada la especialización de esa entidad en auditorías sobre uso de dinero, dijo por su parte Eloína Torres Cancel, portavoz del FEI.

Los referidos fueron específicamente sobre presuntas actuaciones de la exdirectora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, la exadministradora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el ingeniero Miguel Santiago Irizarry.

“Se había designado al fiscal Emilio Arill, que se retiró… y ahora lo tienen asignado (los fiscales Zulma) Fuster, (Ramón) Mendoza y Fabiola Acarón. Pero ese caso para fines del FEI está paralizado en lo que se termina la investigación del Contralor”, dijo.

La pesquisa abarca más acciones, adelantó la contralora.

Cargos son otro cantar

Cuando se le cuestionó a Valdivieso cuán grave es la situación y si podría involucrar legisladores, la funcionaria declinó especificar, por entender que todavía faltan puntos que se tienen que corroborar por parte del área de asuntos legales de su oficina.

Sin embargo, ante la pregunta de si se debían radicar cargos criminales en torno al manejo que se ha dado a los fondos, Valdivieso no dudó: “Si por nosotros fuera, sí… pero eso depende de otras entidades”.

Reconoció que puede haber una percepción de que luego de las denuncias no se “resuelve nada”, por lo que puntualizó que su oficina no tiene el poder de “arreglar” las cosas.

Lo más que puede hacer son recomendaciones y en este caso, la suya es que aunque no haya concluido la auditoría el fondo no debe continuar a cargo de la AT, toda vez que no tiene el personal suficiente ni preparado para asegurar que se manejan los fondos para fines públicos.

“Debe estar en manos de otra dependencia”, sostuvo.

El representante del Movimiento Victoria Ciudadana José Bernardo Márquez, quien dio la voz de alerta sobre la inconstitucionalidad de la ley que permite repartir dinero a los legisladores por distrito, dijo que este mes se cumplen dos años desde que hizo los primeros señalamientos y catalogó como una “total desfachatez” que nada haya cambiado.

“La contralora me dio la razón en ese momento y me contestó mi referido diciendo que está de acuerdo con que el diseño del barril era ilegal e inconstitucional y exhortaba a la Legislatura a enmendarlo. Entonces la Legislatura no ha hecho eso para corregir el problema legal que se señaló. Lo que hizo fue enmendarlo para aumentar la discreción individual de los legisladores en el uso de los fondos. Es por eso que estamos viendo más legisladores haciendo reparticiones semanales y publicando en sus redes sociales”, denunció.

Lamentó, además, que el Departamento de Justicia se negó a evaluar la ley y emitiera una opinión sobre su constitucionalidad bajo el argumento de que fue un pedido solamente suyo y no del pleno de la Cámara de Representantes, que Márquez entiende no es necesario. Dijo que por ello, más recientemente, hizo un referido a la Oficina de la Inspectora General, en busca de “alguna acción con mayor premura… Van dos años de esto, nadie utiliza ninguna herramienta, ministerial, administrativa, legal para paralizar el fondo… el tiempo sigue corriendo y, peor aún, los fondos se siguen administrando de forma altamente cuestionable”.

Al cierre de esta edición no había sido posible conseguir una reacción de la Autoridad de Tierras.