Fuente: Editorial, EL VOCERO -  28/02/2019 

La cultura de corrupción que por tanto tiempo —y por distintas vías— ha desangrado las finanzas públicas tiene que ser combatida hasta las últimas consecuencias para lograr que en Puerto Rico sea la norma la sana administración gubernamental.

En una firme denuncia sobre los comportamientos que llevan al servicio público a la degradación, la contralora Yesmín Valdivieso explicó —aunque en otras palabras— el desprecio y la indiferencia con que históricamente los gobiernos han recibido los señalamientos correctivos de la Oficina del Contralor.

La manera festinada en que se toman decisiones con el dinero público, el favoritismo que acompaña muchas contrataciones en las distintas ramas de gobierno —incluyendo los municipios—, tradicionalmente ha dejado pérdidas presupuestarias catastróficas y daños, muchas veces irreparables, a las estructuras de servicio a la ciudadanía.

“Quisiera ver en algún momento que los contratos se hacen bien, que las enmiendas (a esas contrataciones) ya no se hacen en forma retroactiva; ver que se piden todas las cotizaciones. No quiero ver ningún otro hallazgo de que se le da un trabajo a un ingeniero sin tener licencia. Llevamos años haciendo esos señalamientos, entiendo que no nos hacen caso, es frustrante”, planteaba indignada Valdivieso en entrevista concedida a EL VOCERO y reseñada en nuestra edición del pasado lunes.

Salvo que se declaren copartícipes de la impunidad imperante, las demás agencias fiscalizadoras, como el Departamento de Justicia, tienen que recibir con seriedad y atender en la dirección correcta todos los referidos que hace la Oficina del Contralor. Y lo mismo están obligados a hacer los jefes de las agencias e instrumentalidades estatales y municipales a las que se hagan los señalamientos necesarios para enderezar procesos y prevenir la corrupción.

En otros momentos, Valdivieso también ha condenado cómo el dinero público se utiliza para pagar por servicios que no se han dado; cómo se permite el fraude; cómo —en forma reiterada— se adjudican contratos innecesarios y excesivos en áreas gubernamentales en las cuales se cuenta con empleados regulares con capacidad para hacer de manera efectiva el trabajo en cuestión.

Esa frustración expresada por la contralora debe llevar al sistema fiscalizador a afrontar con el mismo rigor correctivo tanto las irregularidades administrativas que surgen de la incompetencia, como los esquemas criminalmente estructurados para defraudar el erario.

Hay que detener esto, porque el costo social de la corrupción es muy alto y destructivo.

Desde los tiempos de gestión del hoy fenecido excontralor Ramón Rivera Marrero —que estuvo en dicha oficina de 1978 a 1986—, se estima que en Puerto Rico las malas decisiones y la corrupción provocan anualmente la pérdida de hasta el 10% del presupuesto gubernamental. El cálculo es sencillo: bajo ese esquema, de un presupuesto de $9,000 millones, se estarían dilapidando o robando unos $900 millones.

Desde su creación en 1952, dicha oficina ha emitido más de 10,000 informes sobre agencias, en el empeño de que las cosas se hagan bien. Sin embargo, es común la falta de consecuencia; es endémica la impunidad; y son comunes el gasto alegre, el escándalo, el tráfico de influencia y la falta de respeto por los recursos públicos.

Urge que —al igual que se hace con las autoridades federales— cuaje bien una dinámica de trabajo eficiente entre la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia de Puerto Rico, a los efectos de que haya una labor investigativa conjunta que culmine en el procesamiento de esos delitos.

Al expresar con fuerza su frustración y su indignación, la contralora Yesmín Valdivieso hace en estos momentos una contribución invaluable a la lucha contra la corrupción.

Consistentemente ella ha venido haciendo su parte. En esta batalla, entonces, el País no puede dejarla sola.