Tribuna invitada
por Yesmín M. Valdivieso

martes, 1 de noviembre de 2016

“Se ponen de acuerdo para defraudar”

El primer informe de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se publicó en el 1952. En este informe se realizaron señalamientos sobre las recaudaciones y los inventarios físicos de propiedad y materiales de la Autoridad Municipal de Hogares de la Capital de Puerto Rico.

Desde el 1952 hasta el presente, la Oficina ha publicado 10,041 informes de auditoría de las entidades del Gobierno. Estos informes incluyen miles de situaciones donde los fondos y la propiedad pública no se utilizaron correctamente. En cada uno de estos informes, nuestra Oficina hizo recomendaciones para que las mismas no volvieran a ocurrir.

Y entonces, ¿por qué Puerto Rico está viviendo su peor crisis? Podemos achacarlo a tantas cosas: situación económica fuera de nuestras manos, la salida de las corporaciones 936, etcétera. Lo cierto es que desde nuestra Oficina vemos una constante razón: la falta de reconocimiento a lo que nuestros informes detallan; la impunidad, no sólo de aquel al que llamamos corrupto; y la falta de consecuencias claras a la labor y los deberes no cumplidos.

Algunos critican el hecho de que nuestras auditorías e informes no son oportunos, que nuestras auditorías e informes se publican después de que todo pasó. Pero lo cierto es que esa era exactamente la visión que tuvo la Asamblea Constituyente cuando creó el cargo de Contralor y la Oficina. Nuestro objetivo y responsabilidad es ver cómo las decisiones, tanto diarias como de política pública establecidas por nuestros funcionarios y gobernantes se llevaron a cabo.

No sólo somos responsables, como contralores, de emitir una opinión sobre lo bueno o lo malo de esas decisiones según nos parezca. Esas opiniones están basadas en evidencia suficiente, competente y relevante que nuestros auditores recogen durante sus auditorías. Por lo que nada de lo incluido en los informes es por capricho del contralor de turno y de empleados de carrera con muchos años de experiencia. Mucho menos, basado en percepciones de acuerdo con el color del partido del Gobernador que nos designó o del Senado y de la Cámara de Representantes que nos confirmó.

Tengo el gran honor de ser la séptima persona, en los más de 64 años de historia de nuestro Gobierno, en ocupar el cargo de Contralor de Puerto Rico. Mis antecesores fueron Rafael de J. Cordero, Justo Nieves Torres, Basilio Santiago, Ramón Rivera Marrero, Ileana Colón Carlo y Manuel Díaz Saldaña. A su manera, cada uno fue lo que fue. Unos más vocales, otros más callados, pero todos cumplieron su cargo con responsabilidad.

Desde el principio de mi tenencia acepté el hecho de que no importaba quién o qué partido gobernara, era responsabilidad de esas personas definir qué política pública se llevaba a cabo y que yo hablaría a través de nuestros informes, después de tener evidencia contundente y suficiente para decir cómo esas decisiones resultaron.

Desde la silla que ocupo hace más de seis años, he visto cómo se malgasta el dinero del Pueblo; la contratación excesiva de deberes que son propios de puestos ocupados; el pago de facturas por servicios no rendidos; personas que, al no cumplir con los deberes básicos de su puesto, con su actitud permiten el fraude; cómo, por vagancia, ven una obra y les parece bonita y completa sin fijarse que varios de los requisitos de sus contratos no se llevaron a cabo; cómo se ponen de acuerdo varios para defraudar al Gobierno a cambio de tres monedas de plata; y cómo todo esto ocurre con personas de cualquier partido.

Los informes de la Oficina del Contralor deben ser lectura obligada para todo aquel que quiera y anhele un mejor Puerto Rico, ya sea un político, funcionario o servidor público.

Utilicemos la experiencia ganada a través de nuestras auditorías para redefinir la nueva gobernanza pública que requiere nuestra Isla en estos tiempos de crisis.

Fuente: El Nuevo Día