Pedro Menéndez Sanabria, EL VOCERO

A pesar de los múltiples controles que existen en la contratación gubernamental, la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso Galib, opinó que se requiere mayor transparencia en el proceso para poder identificar potenciales conflictos que surgen cuando la persona o entidad contratada también forma parte del equipo de campaña de un candidato político.

La funcionaria explicó que tanto a nivel federal como estatal no se le puede privar a un ciudadano o entidad un contrato -incluyendo agencias gubernamentales, corporaciones públicas o municipios- por vínculo político alguno, ya que esto es considerado como un tipo de discrimen. Esta protección, incluso, abarca a aquellos individuos que dirigen campañas políticas.
“En el papel existe una serie de controles. Por ejemplo, cuando un contrato es de más de $10 millones tiene que pasar por la junta fiscal y cuando supera los $10,000 tiene que contar con la aprobación de OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto). En cuanto a las compras es similar. El problema está en cómo determinamos que un contrato se otorgó al más cualificado y no al que es más conveniente políticamente hablando”, explicó Valdivieso Galib a EL VOCERO.

A pesar de esto, la contralora advirtió que existe el riesgo de que los contratos gubernamentales se conviertan en una manera de premiar o hasta remunerar la participación en las campañas políticas, especialmente en el periodo eleccionario.

“Dinero botado” en Educación
La funcionaria mencionó que una manera para poder aclarar si un contrato está o no siendo utilizado como herramienta en el campo político, es la inclusión de periodos de Requerimiento de Propuestas (RFP, en inglés) con requisitos específicos y detallados. Esto, además, ayudaría a la entidad contratante a tener las bases para evaluar el cumplimiento del mismo.

La problemática de contratos en agencias, específicamente el Departamento de Educación (DE), a entidades o personas con vínculos políticos ha sido eje de controversia en las pasadas semanas desde que salió a relucir que 90 de las 93 figuras que componen la nómina de confianza en la agencia participan activamente en la campaña del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Asimismo, la dependencia otorgó un contrato por $174,300 por servicios de publicidad a la compañía Pivot Solutions L.L.C., presidida por Michelle M. Cobb, directora ejecutiva de la campaña del aspirante a la comisaría residente en Washington D.C. por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el senador William Villafañe.

“Recae en cada agencia o municipio velar por el cumplimiento del contrato hasta que entra la Oficina del Inspector General o nosotros en la Contraloría, pero debido a la gran cantidad de contratos no podemos auditarlos todos, así que nos limitamos a un muestreo. Es una tarea problemática y por eso es que cada vez que entramos a Educación encontramos tanto dinero botado”, comentó Valdivieso Galib.

Sin embargo, la contralora afirmó que uno de los mayores retos a la hora de identificar potenciales conflictos es que, en muchos casos, existe una discordancia entre la rama de gobierno en la que se otorga el contrato y la campaña política que impulsa la persona.

“Puede darse el caso que tengas una persona con un contrato en el municipio X y que esté trabajando con la campaña de alguien que aspira a representante de otro distrito. No quiere decir que no pueda hacerlo, porque esto es legal, pero se debe evaluar si este está cumpliendo con todo lo estipulado y si el contrato se dio porque estaba cualificado y no porque era conveniente para el candidato”, sostuvo.

Valdivieso Galib lamentó que en Puerto Rico se haya normalizado el entrelace de contratos gubernamentales con la actividad política a tal punto que cambiar esta práctica tomará mucho tiempo.

“Tenemos que asegurarnos de que somos transparentes y de que cada uno de los componentes haga un cambio, sea Educación o la Contraloría, es algo de todo el sistema. Con propuestas claras podemos escoger mejor y si después resulta que se trata de una persona que está en la política, se puede determinar entonces, sin espacio a duda, que está haciendo su trabajo, pero para eso el proceso tiene que ser lo más transparente posible”, insistió.

Prudencia y sensatez
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, comentó que, aunque es posible establecer mayores controles, recae en los candidatos tener mayor prudencia y sensatez a la hora de seleccionar a las personas que componen su equipo de trabajo para evitar cualquier señalamiento de corrupción gubernamental.

“Yo creo que esto no es algo nuevo. Aunque no me atrevo a decir que es algo institucionalizado, pero de que haya pasado antes y que ocurra en otras agencias u otros candidatos, muy a mi pesar, pienso que sí puede estar sucediendo”, opinó el legislador.
Aunque dentro de los trabajos que realiza su comisión legislativa para evaluar el presupuesto de las agencias se solicita información sobre contratos y memoriales explicativos, Santa Rodríguez reconoció que más allá de un gasto exorbitante es difícil detectar conflictos políticos, ya que el trabajo se enfoca en el asunto financiero.

“Yo puedo utilizar el grupo de la Comisión para entonces buscar los contratos que aparecen en (la Oficina) del Contralor Electoral y ese tipo de cosas, pero la realidad es que no tengo mucha gente y tengo un presupuesto que correr”, agregó.
Santa Rodríguez opinó que “siempre ha habido el cuestionamiento de que se utiliza el dinero del gobierno para, de una forma directa o indirecta, financiar campañas”.

“Posiblemente hace falta legislación para tratar de controlar esto, pero si no hay alguien que lo ejecute no se logra nada. Pienso que quizás dándoles más recursos a las oficinas del Contralor y Ética para que puedan identificar posibles conflictos de intereses. Es más una solución en conjunto, pero de que tenemos que ponernos las pilas, sí, es necesario”, concluyó.