fuente: El Nuevo Día / Punto de Vista
por: Yesmín M. Valdivieso
fecha: 16 de noviembre de 2021

Cuando en el 2010 juramenté a mi cargo como Contralora de Puerto Rico, juré defender la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Desde ese instante me comprometí a defender y fiscalizar el buen uso de la propiedad y de los fondos públicos. Asumí esta responsabilidad con el mayor respeto al puesto que desempeño, y con el firme compromiso de servir a los ciudadanos.

La Contraloría de Puerto Rico, tiene un extenso legado de casi siete décadas de conocimiento y experiencia, adquirido en los más de 10,600 informes de auditorías e investigaciones que garantizan un conocimiento cabal y de primera mano, sobre las mejores prácticas administrativas para lograr el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del gobierno en beneficio de nuestro Puerto Rico. De hecho, en los últimos 11 años, hemos publicado 67 Informes de Auditoría sobre los distintos componentes del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Por eso es preocupante, las situaciones en las cuales se observa un evidente uso incorrecto de la propiedad pública y de los escasos recursos económicos que deben servir para prestar los servicios esenciales del pueblo.

La Universidad de Puerto Rico está llamada a desempeñarse como centro académico e investigativo, motor del desarrollo económico y de la promoción social. Los estudiantes, constituyen uno de los tres componentes importantes en la ecuación de la gobernanza universitaria, junto a los profesores y empleados, en el ejercicio responsable y juicioso de la propiedad y los fondos públicos.

El cierre de algunos recintos, se traduce en pérdida de fondos públicos. Sólo en el Recinto de Rio Piedras se paga aproximadamente, $200,000 en nómina diarios -$5 millones mensuales-, sin que el personal pueda realizar su trabajo a capacidad, ya que no todos los trabajadores pueden trabajar remoto por la labor que realizan. Si a ese gasto le sumamos el costo de los cierres de los otros recintos, la cifra sería significativa.

La situación económica de Puerto Rico es crítica. Esta evidencia debe llevar a reflexionar que, tan reprobable son los gastos innecesarios, extravagantes y excesivos que la Oficina le ha señalado a las tres ramas de gobierno, como aquellas acciones que impiden prestar por acción u omisión, los servicios esenciales a los ciudadanos.

Puerto Rico merece personas comprometidas que utilicen con prudencia la propiedad y los fondos públicos, para ponerlos al servicio de los ciudadanos. En la Contraloría de Puerto Rico, seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de fiscalizar y levantar la voz de alerta, sobre el mejor uso de los recursos en beneficio del pueblo.