El Nuevo Día
4 de enero de 2018
Por Gloria Ruiz Kuilan

Según Rosselló, el estatuto tiene garras para combatir el inversionismo político

El estatuto toma medidas contra los contratistas que se acerquen al gobierno con el fin de lucrarse. (Teresa Canino)

Acompañado de todo el componente gubernamental –estatal y federal- que combate la corrupción, el gobernador Ricardo Rosselló convirtió en ley hoy jueves el proyecto de la Cámara 1350 que crea el Código Anticorrupción.

“Como parte de la política pública hemos establecido cero tolerancia contra la corrupción. El objetivo de esta medida es poder agregar y tener en un solo código un sin número de leyes anticorrupción”, dijo Rosselló en una conferencia de prensa en los jardines de La Fortaleza.

El primer ejecutivo estuvo acompañado de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; la presidenta de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives; la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario; el subcontralor Nataniel Arroyo; el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera y la jefa de los fiscales, Olga Castellón. La jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez fue excusada del evento.

Rosselló precisó que el código fortalece las protecciones para los llamados whistleblowers (denunciantes de actos de corrupción).

“El código dispone para que toda aquella persona que tenga conocimiento tenga el deber de informar y una vez hecho eso nadie, el supervisor puede tomar represalias contra estas personas. No solamente es un delito grave, sino que están excluidos de la Ley de Sentencia Suspendida”, explicó la secretaria de Justicia.

Además, dijo que el código toma medidas contra contratistas que se acerquen al gobierno con la intención de cometer actos de corrupción.

“Se establece -de manera clara- cuál tiene que ser el comportamiento de un contratista”, apuntó el gobernador.

Igualmente, Rosselló dijo que el Código posee garras para combatir el llamado inversionismo político.

“Ahora no es meramente cancelar el contrato. Es delito. Todo contratista sabe que habrá consecuencias”, afirmó el gobernador.

También el Código Anticorrupción dispone que el Gobierno puede reclamar civilmente y reclamar una compensación por el triple del daño causado al erario. Para ello, solo será necesaria la convicción.

El primer ejecutivo dijo que puede haber uno de dos resultados producto de este nuevo estatuto: que se descubran más casos de corrupción o se vayan reduciendo.