fuente: Editorial, El Vocero
fecha: 13 de septiembre de 2018

En la foto, Rosa Emilia Rodríguez, jefa de Fiscalía federal.

El arresto del senador Abel Nazario por violaciones a leyes federales durante su incumbencia en la alcaldía de Yauco es un caso atípico entre las acusaciones recientes a funcionarios municipales, en donde los actos ilegales usualmente involucran transacciones por debajo de la mesa con contratistas u otras personas que ofrecen servicios a los municipios.

La Fiscalía federal declinó dar detalles importantes de las acusaciones contra Nazario, como por ejemplo, cómo se benefició el exalcalde de los actos de los que se les acusa. Sin embargo, los acontecimientos de ayer sí dejaron algo claro: la Oficina del Contralor de Puerto Rico recibió un contundente espaldarazo por parte de las autoridades federales.

Aunque los informes de esta entidad sobre los ingresos, las cuentas y los desembolsos de los municipios (que por ley son auditados cada dos años) son los que más trascienden en la discusión pública, la realidad es que la Oficina del Contralor tiene el deber ministerial de auditar todas las agencias y organismos del gobierno, y denunciar aquellas prácticas que se realizan al margen de la ley.

Con muy pocas excepciones, los informes de la Oficina del Contralor sobre las operaciones fiscales de los municipios invariablemente contienen señalamientos que deberían provocar interés en los organismos investigativos del gobierno local. Todos los informes que emite esa oficina deberían ser lectura obligada en el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Construcciones sin permisos, contratos de miles de dólares acordados verbalmente y compras sin subastas son algunos de los señalamientos que consistentemente ocupan las páginas de los informes de la contralora, y aunque algunos de estos hallazgos podrían achacarse a error humano, lo cierto es que muchos municipios reinciden en las mismas prácticas ilegales, con los consabidos costos al erario. No en balde las arcas municipales de muchos pueblos están en precario.

Por años, la contralora Yesmín Valdivieso ha luchado por lograr que se reconozca el valor de su oficina en la importante tarea de velar por el buen uso de los fondos públicos. Pero el gobierno central se hace de la vista larga con la mayoría de los referidos que salen de esta dependencia y algunos alcaldes toman los señalamientos como simples recomendaciones, sin sentirse obligados a ponerlas en práctica.

Sin embargo, y como lo demuestra el caso contra Abel Nazario, los federales sí están atentos a las auditorías de la contralora.

De acuerdo con el pliego acusatorio, la Oficina del Contralor detectó en 2013 que en el municipio de Yauco había empleados a los que se les requería trabajar dos horas voluntarias diarias. Determinando ser esto una violación a la ley federal, el Departamento del Trabajo de EE.UU. le explicó al alcalde que debía pagar estos salarios y certificar estos desembolsos.

Luego en 2016, durante una auditoría rutinaria al ayuntamiento, la Oficina del Contralor, nuevamente, encontró más irregularidades, como empleados que aunque habían recibido la paga, el municipio unilateralmente comenzó a retener los salarios de estos sin el consentimiento del Departamento del Trabajo federal. El asunto fue referido a esta agencia, que en noviembre de 2016 lo refirió a la Oficina del Inspector General.

Vale recordar también la colaboración del FBI con la contralora en el caso donde se acusó a dos empleados del municipio de Toa Baja que supuestamente conspiraron para obtener fraudulentamente propiedad de un programa que recibía fondos federales.

Estos no son los únicos casos de una colaboración efectiva entre las autoridades federales y la contralora.

Conversando con Valdivieso para la redacción de este escrito, la contralora nos comentó que los federales siempre le responden cuando ella los llama.

Que tomen ejemplo las autoridades locales.