Fuente: El vocero- 12 de septiembre de 2022

Radiografía a los informes de auditoría de la Oficina del Contralor en la última década muestra cómo la deshonestidad administrativa está arraigada en el gobierno

El incremento exponencial de casos de corrupción en Puerto Rico que evidencian los recientes arrestos de políticos y contratistas privados por las autoridades federales, genera preocupación porque visibiliza que esta conducta delictiva ha escalado hasta las altas esferas del gobierno y afecta la legitimidad de las instituciones públicas.

Investigadores del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa (CGPC) presentaron a EL VOCERO el estudio Desafíos de la corrupción para la gobernanza y la economía, en el que hicieron una radiografía de los informes de auditorías publicados por la Oficina del Contralor en la última década, y que según los datos recopilados, muestra cómo este delito está arraigado al gobierno.

¿Considera que las leyes en la Isla no son suficientemente fuertes para combatir la corrupción gubernamental?

Entre el 1ro de julio de 2010 al 30 de junio del 2019, la Oficina del Contralor publicó 1,042 informes de las auditorías realizadas en agencias de gobierno, de las que surgen 215 hallazgos de “carácter serio” que fueron referidos al Departamento de Justicia y/o a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Entre los 215 hallazgos, los investigadores del CGPC identificaron 127 incidentes que implican acciones, actos u omisiones que representan alguna modalidad de corrupción. Sin embargo, señalan que estos potenciales incidentes no representan los únicos actos de corrupción ocurridos en el periodo analizado y conjeturan que otros cientos de casos “escaparon la visibilidad de los auditores” del Contralor.

El análisis establece que de los 127 incidentes de potencial corrupción, 94 (74%) fueron documentados en los municipios, 32 (25%) en la rama ejecutiva y uno (1%) en la judicial. Los patrones identificados, en su mayoría corresponden a fraude, malversación y conflicto de interés, tres modalidades que se repiten en esquemas recientemente revelados por las autoridades federales.

“Los grandes intereses han capturado al gobierno y estos últimos casos (de corrupción) lo han hecho evidente porque ha llegado a la figura más alta del gobierno. Así que nosotros podríamos estar frente a la captura del Estado por grupos de interés particular, políticos y empresariales, y ese es el sello más amplio de lo que es un estado fallido”, sostuvo la directora ejecutiva del centro, Eneida Torres.

Saúl Pratts, catedrático en la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, y Rafael Durand, director de la investigación, urgieron a cambiar el paradigma en la lucha contra la corrupción como estrategia para frenar el aumento en la incidencia de estos casos.

“El andamiaje anticorrupción tiene un problema, y es que se queda mirando al empleado público y al gobierno como ente que da el servicio, sin tomar en cuenta la privatización, y por eso es que la gente tiene una gran desconfianza, porque el sector privado queda impune en la mayoría de estos casos (de corrupción)”, explicó Pratts, al abordar las fisuras en la estructura gubernamental.

Los casos de corrupción más notorios en Puerto Rico —como el de la exgobernadora Wanda Vázquez y el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado— involucran en los esquemas expuestos por las autoridades federales a personas del sector privado, y tienen similitud en las modalidades imputadas, entre ellas el soborno y la conspiración.

Del análisis de los informes del Contralor se desprende que de los 127 incidentes identificados, 66 (52%) corresponden a fraude, 43 (33.9%) a malversación, 10 (7.9%) a conflictos de interés, tres (2.3%) a nepotismo, tres (2.3%) a padrinazgo, uno (0.8%) a soborno y uno (0.8%) a colusión.

En los municipios

El informe refleja que en los municipios el 54.6% de los casos se agrupan en cotizaciones falsas, contratación de ingenieros y/o arquitectos sin licencia o corporaciones no autorizadas a prestar los servicios, apropiación ilegal de fondos públicos, aumento de salario al alcalde y/o dietas a legisladores sin cumplir con el proceso dispuesto, y trámites ilegales relacionados al manejo de recursos humanos.

Según la investigación, los 11 municipios identificados con el mayor número de incidentes señalados durante el 2010 al 2019, son Barranquitas con seis, seguido de Guayanilla, Ponce, Mayagüez y Bayamón con cuatro cada uno. Los municipios de Cidra, Morovis, Guaynabo, Guánica, Camuy y Canóvanas tienen tres incidentes cada uno.

El investigador Durand explicó que los señalamientos en Barranquitas —municipio que encabeza la lista— incluyen pagos por servicios no prestados, contratación de profesionales y/o corporaciones no autorizadas, funcionario del municipio firmando contratos y certificando comprobantes de pago a familiares, y nombramiento de familiares de funcionarios sin las dispensas requeridas.

Añadió que el 55% de los incidentes recurrentes en el Ejecutivo son por pago indebido a proveedor o cobro indebido del proveedor, trámites ilegales relacionados a recursos humanos y conflictos de interés en la otorgación de contratos.

Durand agregó que el 57.2% de los casos en las corporaciones públicas son por utilización de equipo y propiedad pública para beneficio de un ente privado y/o político, pago indebido de compensación por despido, y/o bonificaciones, entre otros.

“No debe ser sorpresa que muchas de estas cosas terminaron en Justicia o en la OEG y no se procedió con ningunos cargos”, expresó.

Impacto en la economía

Durand alertó sobre el costo socioeconómico que tiene la corrupción en Puerto Rico, porque profundiza la desigualdad social y la pobreza, y genera desconfianza en la ciudadanía.

“La economía de Puerto Rico evidencia una reducción de su producto interno bruto (PIB) real. Para el 2021, fue de un 2%, pero esa tendencia viene ocurriendo desde el 2005”, puntualizó Durand.

Indicó que entre los años 2017 y 2018 —cuando Puerto Rico quedó destruido por el huracán María— la caída en el PIB fue más marcada con 4.13% y 4.61%, respectivamente. EL VOCERO reseñó hace un mes, que las pérdidas anuales que causan los actos de corrupción en la Isla se han estimado en el 10% del presupuesto gubernamental, según datos del Contralor.

Durand apuntó a que las deficiencias en el andamiaje económico —dependiente del influjo de fondos federales—, la inflación y el alza en la gasolina, “tienen consecuencias en nuestras posibilidades de encaminar una verdadera y sostenible recuperación económica”.

Agregó que el desarrollo económico se ha complicado en la Isla a causa de la corrupción que promueve el uso de los recursos limitados en contratos y nombramientos que, según entiende, son innecesarios.

Los tres investigadores coincidieron en que es impostergable mejorar la gobernanza y la capacidad administrativa de las instituciones con mecanismos robustos de transparencia y rendición de cuentas.

Además, plantearon que aunque hay una estructura jurídica —que tiene un Código Anticorrupción— no ha sido suficiente para frenar la deshonestidad administrativa.

Torres, quien es la investigadora principal del estudio, destacó que “no es un problema de legislación lo que tenemos frente a nosotros… es un problema de gerencia gubernamental y de malas prácticas enraizadas, porque el veneno es el clientelismo político y el inversionismo político que ha deteriorado aceleradamente la administración pública”.

Aseveró que mejorar la gobernanza y fortalecer el sistema anticorrupción requiere de establecer prioridades claras y estimular la cultura de integridad pública basada en la meritocracia. “Ningún gobierno puede operar de manera centralizada; los gobiernos tienen ya que depender de los insumos de los ciudadanos y las comunidades, y tener un plan de país de lo que van a ejecutar”, concluyó.