Fuente: El Nuevo Día
7 de julio de 2024

El resultado de la iniciativa, en la cual participarán otros países, se conocerá a finales del 2024, dijo Yesmín Valdivieso.

El resultado de la iniciativa, en la cual participarán otros países, se conocerá a finales del 2024, dijo Yesmín Valdivieso.
Como parte de un esfuerzo global, la Oficina del Contralor de Puerto Rico medirá, este mes, las acciones del gobierno en las áreas de gobernanza, financiación y políticas públicas en respuesta y preparación ante el cambio climático.

“Con este proyecto, nos unimos a otras entidades fiscalizadoras del mundo para llevar a cabo evaluaciones independientes. De este modo, podemos obtener información confiable sobre la financiación, gobernanza y las políticas públicas relacionadas con el calentamiento global y cambio climático en Puerto Rico”, expresó la contralora Yesmín M. Valdivieso, en declaraciones escritas.

Como parte del proyecto, la oficina recabará información sobre las iniciativas desarrolladas por las instrumentalidades respecto a su participación en la atención de esta problemática, que ya ha comenzado a trastocar la vida de las comunidades más vulnerables. Las olas de calor y los episodios de lluvia extrema –entre otros eventos a nivel mundial– son ejemplo de los efectos del cambio climático, han advertido expertos.

“Sabemos que se han aprobado leyes, que hay un grupo asesor sobre cambio climático, pero la realidad es que no sabemos qué se ha hecho. Cada vez que alguien piensa en cambio climático, piensa en paneles solares, como si eso fuera el principio y el final… pero hay que ir más allá. Hay que atender la erosión costera, el impacto de los huracanes en la vegetación…”, enumeró Valdivieso.

Para el análisis, explicó que se utilizará la herramienta Climate Scanner, mediante la cual las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) buscan proveer información accesible y de calidad, identificar los retos y los temas prioritarios de acción de los gobiernos, fortalecer las capacidades de las EFS en el desempeño de sus funciones, consolidar datos locales con los globales y desarrollar futuras auditorías.

Además, el proyecto –que sigue una metodología estandarizada– busca compartir experiencias y contribuir a los esfuerzos de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, en inglés).
“Quiero asegurarme de que, cuando pensemos en una auditoría, no solo pensemos en si se cumplió o no con la ley, y no es que no sea importante, porque lo es, pero siempre he querido que la Oficina fiscalice y que vaya más allá. Esa es la semilla que quisiera dejar sembrada, no importa si me voy en un mes o seis meses…”, dijo Valdivieso.

Reconocen la iniciativa

Expertos consultados por El Nuevo Día apoyaron el esfuerzo de la Oficina del Contralor, pero lamentaron que, a nivel legislativo, se dejara pasar la oportunidad de contar con un documento que no solo definía los cursos de acción y las estrategias públicas para atender esta problemática, sino que, a su vez, disponía las métricas a seguir.

A principios de mes, el representante Edgardo Feliciano, quien lideraba la discusión en la Asamblea Legislativa del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, anunció que no recomendaría la aprobación del documento, por lo que su evaluación quedó en manos de los representantes y senadores que sean electos el 5 de noviembre.

Entonces, Feliciano alegó que el documento de sobre 600 páginas –elaborado por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc)– había sido entregado tardíamente, señalamiento que ha sido rechazado por el grupo de trabajo. “Las métricas que entendía se iban a usar para medir la actuación de las agencias estaban establecidas en el plan… Si se hubiese aprobado, tendríamos unas métricas específicas y pudiésemos ir contra esas métricas y multar a las agencias que no cumplieran con la ley”, expuso el doctor Rafael Méndez Tejeda, miembro del Ceacc.

Como parte de la elaboración del documento, dijo Méndez Tejeda, se habían reunido con la Administración de Servicios Generales (ASG) para conversar sobre el cumplimiento de la Ley 33 de 2019, que obliga al gobierno –a partir de ese año– a adquirir vehículos híbridos o cuyo funcionamiento sea con métodos alternos a combustibles fósiles. “Dudo que algunas agencias hayan cumplido con la ley y lo hayan hecho”, aseveró.

El doctor Pablo Méndez Lázaro, también miembro del Ceacc, le dio la bienvenida a la gestión de la contralora, pero destacó, igualmente, esfuerzos similares, como la Red de Islas 2030, proyecto que lidera localmente desde el Caribbean Climate Adaptation Network (CCAN) y Sea Grant. “Busca establecer esas métricas y estándares de cumplimiento de las diferentes islas con respecto al cambio climático”, explicó.

Valdivieso sostuvo que, durante este proceso, espera reunirse con el Instituto de Estadísticas y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como con los miembros del Ceacc. “Más que una especie de monitoría, es ver dónde estamos y a dónde vamos y si hay un plan. ¿Tenemos las herramientas? ¿Tenemos la financiación?”, subrayó la contralora.