Fuente: elnuevodia.com

El severo golpe a la confianza del pueblo, vergonzosamente ilustrado en el caso de corrupción en el que un empresario con múltiples contratos en el gobierno admite haber participado en una conspiración para sobornar a la principal autoridad en el Municipio de Cataño, pone de manifiesto la urgencia de implantar mecanismos realmente rigurosos en las contrataciones gubernamentales en Puerto Rico.

Frenar las conductas que desangran el erario y, por tanto, el bolsillo de los contribuyentes, es posible solo mediante la selección de los contratistas mediante procesos limpios y la verificación certera de los trabajos que justifican los desembolsos de fondos públicos que incluyen partidas federales.

Toda relación contractual en el gobierno tiene que estar sujeta a estricto y constante escrutinio para evitar agudizar el menoscabo de la reputación de la gestión gubernamental local ante las autoridades federales.

Erradicar esquemas corruptos como los que recientemente han implicado a siete exalcaldes y otros altos directivos de varios municipios, es también tarea de las colectividades políticas a las que esos funcionarios pertenecen. Esos partidos son responsables de la selección de los candidatos que sus insignias presentan en las urnas.

El caso contra el empresario José Bou Santiago, quien el martes se declaró culpable de conspirar para sobornar al exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, genera interrogantes sobre los criterios que median en las contrataciones para compras y servicios, tanto en los ayuntamientos como en otras entidades del gobierno puertorriqueño. Estas atrocidades obligan a la revisión de acuerdos vigentes, así como una verdadera fiscalización de las licitaciones que dan pie a onerosas contrataciones originadas en el inversionismo político.

Los actos ilegales admitidos por Bou Santiago se suman a otros similares detectados en Cataño, por los que también los empresarios Oscar Santamaría, presidente de Waste Collection, así como Raymond Rodríguez y Mario Villegas, directivos de J.R. Asphalt, se declararon culpables de conspiración y soborno ante el Tribunal Federal en San Juan.

Esas ilegalidades conllevaron el desembolso de partidas millonarias para subvencionar servicios de recogido de basura, asfaltado de calles o carreteras municipales, así como de mantenimiento y ornato. En Cataño también se documentaron costosas rentas de vehículos a la empresa de Bou Santiago, incluyendo una lujosa guagua para el transporte del entonces primer ejecutivo municipal.

Los esquemas fraudulentos en Cataño, y otros casos que en menos de seis meses han dejado un saldo bochornoso de actos corruptos cometidos por políticos que juraron trabajar para el bienestar del pueblo, desnudan la falta de honradez y respeto al servicio público. Está claro que ha existido un patrón desenfrenado de favoritismo a empresas con representaciones dudosas o que burlan los procesos que deberían defender el interés público.

Las administraciones municipales, y las demás entidades públicas, están llamadas a frenar la epidemia de corrupción que carcome la gestión pública en detrimento del bienestar ciudadano y del clima saludable para hacer negocios. Por eso es urgente asegurar procesos transparentes que cobijen el manejo de los fondos públicos.

Como parte de los ejercicios impostergables para lograr pulcritud y eficiencia gubernamental, es necesario velar por el cumplimiento de los reglamentos y los estatutos, fortaleciendo las lagunas que dan paso a la delincuencia rampante. Ignorar los marcos legales propicia el manejo ilegal de los recursos públicos, como ha ocurrido con el exalcalde de Yauco, Abel Nazario. El exfuncionario ayer llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal para declararse culpable. Se le imputaron cargos relacionados con el uso indebido de fondos federales y el uso de empleados públicos para fines político-partidistas.

Corresponde a la clase política frenar los patrones de corrupción que desvían los recursos destinados a privilegiar el bienestar ciudadano y la inversión en el progreso socioeconómico. Es tarea de las autoridades no dar tregua a los funcionarios y empresarios que burlan la sana competencia del ecosistema de negocios y las circunstancias posibilitadoras de la recuperación económica de Puerto Rico.