La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Toa Alta. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que Toa Alta desembolsó $12,622,952 en una estructura de cinco pisos para estacionamientos, oficinas y otros usos, que se encuentra abandonada y paralizada desde el 2015. La inversión de $6,702,916 por parte del exalcalde y $5,920,036 por el alcalde actual, no han tenido utilidad, ni beneficios al interés público. (ver fotos en el Anejo 2 del Informe)

Además, en el 2016 el Municipio compró 42 máquinas de ejercicio al aire libre para instalar en siete áreas recreativas por $57,995, que al 2019 se encontraban almacenadas y sin utilidad. (ver fotos en el Anejo 3 del Informe)

La auditoría de ocho hallazgos señala que, Toa Alta adquirió por $98,850 mediante subasta en el 2013, una pantalla a color LED 10’ x 30’ de uso externo para ubicar en la entrada del pueblo. En el 2018 la pantalla permanecía en cajas en estado de deterioro, almacenadas en la Casa Alcaldía. Para esta transacción, la Junta de Subastas no impuso la penalidad por entrega tardía y el Municipio no se aseguró de su instalación. (ver fotos en el anejo 4 del Informe)

Contrario a la ley y reglamentación vigente, el Municipio fraccionó el costo de las obras de construcción en la cancha Laura Dávila Félix, para obviar el requisito de subasta pública que se debe celebrar cuando la obra excede de $200,000. Por el contrario, el Municipio adjudicó un contrato por $168,472 y previo a la vigencia del contrato el alcalde aprobó dos órdenes de compra que elevaron el proyecto a $209,468. Esta situación impidió la libre competencia, da la impresión de favoritismo y propicia la comisión de irregularidades.

Del análisis de las cotizaciones de compras del 2014 al 2018 se identificaron cotizaciones con fechas de hasta ocho meses anteriores a la compra, y órdenes de compra con fechas posteriores a la compra. Además, se procesaron cotizaciones sin identificar el empleado que las tramitó y no se verificó la disponibilidad de fondos en órdenes de compra.

Los auditores detectaron que los directores de Finanzas en funciones, otorgaron contratos por $3,265,363, sin haber obligado los créditos presupuestarios, sino hasta tres meses después. Además, los secretarios municipales en funciones remitieron, contratos y enmiendas a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, hasta un mes tarde, contrario a lo establecido en la ley y la reglamentación vigente.

El Informe devela múltiples deficiencias en la actividad contable y financiera del 2014 al 2018; por ejemplo, no se marcaron como pagados los justificantes de 52 comprobantes de desembolso, no se contabilizaron dos comprobantes de desembolso para el pago de transporte escolar, y no se suministraron 38 comprobantes de desembolso y sus justificantes. Además, se pagó una deuda contraída en el 2014 de la partida presupuestaria de 2015 contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos.

El Municipio carece de reglamentación para el procesamiento de pagos mediante transferencias electrónicas. Del 2014 al 2017 se habían realizado 1,678 pagos por $29,737,950 mediante transferencias electrónicas.

La auditoría señala que el presidente de la Junta de Subasta no protegió adecuadamente los intereses del Municipio ya que no se redactaron las actas en la apertura de tres subastas formales y no se prepararon las actas de adjudicación de cuatro subastas. 

El Informe comenta, que la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda Federal, cuestionó si se cumplieron los objetivos y beneficios previstos en el programa Community Development Block Grant (CDBG), por el desembolso de más de $9.5 millones bajo la Sección 108, para la construcción de un edificio multiuso y de un cementerio municipal. Además, el informe de monitoreo del Inspector General indica que el Municipio utilizó $139,767 en gastos inelegibles y los registros contables no reflejaban la totalidad de la información financiera.

Al 31 de diciembre de 2018, Toa Alta no había recobrado $3,179,182 correspondientes a informes de auditoría de 2009, 2010, 2013 y 2016.

El Informe de Auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Este tercer y último informe de Toa Alta, cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría M-21-34.

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