La Contraloría de Puerto Rico publicó el resultado de la investigación de una querella sobre alegadas irregularidades relacionadas con la facturación de terapias del habla y lenguaje a estudiantes de dos escuelas en Juana Díaz. El referido señala que se pagaron facturas a una corporación contratada por servicios no prestados.

La investigación revela que una terapista subcontratada por la compañía contratada por el Departamento de Educación del 2016 al 2017, para ofrecer servicios de audiología, habla-lenguaje, y terapia a estudiantes de educación especial, facturó $3,842, por 251 terapias que no brindó. Además, presentó documentos con firmas alteradas e información falsa en las Certificaciones de Servicios de Terapia, para justificar el cobro de estos.

Del examen de la prueba documental y testifical, la terapista aceptó que ofreció pocas terapias, que anotó un número aproximado de sesiones de terapia en los expedientes, y dijo que la maestra firmaba las certificaciones sin verificarlas. Al respecto, la compañía prescindió de los servicios de la terapista el 6 de mayo de 2017.

Las maestras de educación especial, de las escuelas Dr. Máximo Donoso Sánchez y Juanita Rivera, afirmaron en declaraciones juradas, que no reconocían su firma en las hojas de asistencia ni en las certificaciones de servicios de intervención que le presentaron.

Varios padres de ocho de los nueve estudiantes de educación especial declararon, que tres de sus hijos no habían recibido los servicios y que la terapista los contactaba para firmar los documentos. Una de las madres indicó que se negó a firmar el documento de servicio porque su hija no había recibido la terapia, otra madre no reconoció su firma en una de las certificaciones, y otra comentó que sus hijos le indicaron que la terapista se ausentaba.

Estas situaciones se refirieron a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de los Estados Unidos y al Departamento de Justicia el 19 de diciembre de 2019.

Por las acciones de la terapista, se pudo haber configurado, entre otros, los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y falsificación de documentos, tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal de Puerto Rico. Además, el Departamento no se aseguró que la compañía realizara una supervisión efectiva de la terapista y los servicios que esta prestaba.

El Resultado de la Investigación con fecha del 10 de diciembre de 2020.

Vea el Informe de Auditoría OALIL-I-21-03.

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