La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones relacionadas con la construcción y el mantenimiento del Programa de Modernización de Escuelas para el Siglo 21 de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

 El Informe revela deficiencias en las órdenes de cambio ya que se realizaron y completaron trabajos antes de ser autorizados. Por ejemplo, en la Escuela Federico Degetau II de Aibonito, se comenzaron los trabajos de reparación, 65 días antes de que AFI aprobara la directriz, y se completaron los trabajos, 231 días antes de que AFI aprobara la orden de cambio. En la Escuela Santiago Rivera García de Yauco, también se comenzaron trabajos de modernización, antes de autorizar las órdenes de cambio que se aprobaron entre 11 y 421 días consecutivos luego de comenzados los trabajos. Esta información confirmada por ingenieros y supervisores de los proyectos, son contrarias a las Supplementary Conditions de los contratos y a la Uniform General Conditions for Public Works Contracts que establecen que el contratista no debe realizar ningún trabajo hasta que la orden de cambio es otorgada.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que el contratista de la Escuela Federico Degetau II, certificó que completó el proyecto 613 días luego de la fecha requerida. Además, la escuela comenzó su año escolar 641 días previos a tener el permiso de uso. Esta situación ocasionó un riesgo de seguridad escolar y pudo ocasionar que se emitieran órdenes automáticas de paralización del uso de la Escuela, entre otras.

Los auditores de la Contraloría identificaron que el contratista de la escuela Federico Degetau II, no remitió, ni la AFI le requirió, el Performance and Payment Bonds por $106,980 para la fase de conservación de la infraestructura, según establecido en el contrato. Esta situación pudo tener consecuencias adversas y causar riesgos innecesarios a la AFI, al estar desprovista de las garantías en caso de reclamaciones.

El Informe devela que AFI no cuenta con un registro de firmas autorizadas de las personas encargadas de preintervenir, registrar y aprobar las certificaciones de pago, ni de los contratistas internos, externos y empleados de AFI autorizados a firmar el Construction Certification for Payment. Esta situación, que se atribuye a la falta de reglamentación, impidió a los auditores verificar la autorización de las firmas.

Contrario a la reglamentación vigente, no se localizó, ni la AFI suministró para examen, la lista de deficiencias (punch list) de los edificios B, C y del estacionamiento de la Escuela Santiago Rivera. Esta lista debe ser completada o corregida por el contratista antes del pago final. Esta situación, le impide a AFI ejercer un control adecuado del archivo de los documentos de construcción.

La auditoría comenta que 187 días después de aceptada la construcción como terminada en el 2013, la directora de la Escuela Federico Degetau II le notificó al entonces secretario de Educación, sobre las grietas, filtraciones de agua y desprendimiento de pintura detectados en el proyecto aún en garantía. No fue sino hasta el 2017 y 2018, que la AFI realizó trabajos de mejora por $616,752. El director del Departamento de Ingeniería de la AFI indicó que no presentó reclamaciones al contratista ya que la garantía estaba vencida (ver fotos en el Anejo 2 del Informe).

Este segundo y último informe de AFI, cubre el periodo del 1 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría CP-21-04.

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