La Contraloría de Puerto Rico revela que la aprobación de leyes estatales, tuvo como efecto el uso de fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1 para propósitos contrarios a lo establecido en la legislación federal. Además, la Junta del Negociado autorizó desembolsos sin considerar la declaración expresa de la legislación federal con respecto al uso de los cargos a los abonados telefónicos.

El Gobierno de Puerto Rico estableció el Fondo para la Promoción de Empleos y Actividad Económica en el 2014, y el Fondo de Responsabilidad Legal en el 2015.  Estos fondos recibieron $12,484,016 entre el 2014 y 2016 del Sistema 9-1-1.

El Sistema de Atención al Ciudadano 3-1-1, cuyo servicio no está relacionado a llamadas de emergencia, registró un déficit de $10,434,614, del 2012 hasta el 2019, que se compensó con los recaudos del Sistema 9-1-1.

Entre el 2014 y 2016, la Junta del Negociado también aprobó y otorgó $275,000 de fondos del Sistema 9-1-1 a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y $11,672 para la remodelación de la Escuela Heraclio H. Rivera de Toa Alta.  

Estas situaciones contrarias a la Ensuring Needed Help Arrives Near Callers Employing Act of 2004 y a la Wireless Communications and Public Safety Act of 1999, impidió contar con $23,205,302 para distribuir a las agencias de seguridad para atender situaciones de emergencia o desastres, y cubrir sus gastos administrativos y operacionales. Los auditores externos señalaron en el 2016 que por dos años se había incumplido con la distribución de un mínimo de 40% de los recaudos a las agencias de seguridad. 

Además, esta situación propició que la Federal Communications Commission condicionara la aprobación de un fondo de $810,300,000 a través de Uniendo a Puerto Rico Fund en el 2018, para la reconstrucción de la infraestructura de los proveedores de telecomunicaciones en Puerto Rico tras el paso del Huracán María.

La Contraloría recomienda a la Gobernadora y a la Asamblea Legislativa, promover legislación para atemperar las leyes estatales con la legislación federal que rige el Sistema 9-1-1 y considerar el uso restricto de los recaudos a los abonados telefónicos. Además, que se considere restituir al Negociado los $12,484,016 para que se utilicen de acuerdo con las disposiciones establecidas en la legislación federal.

Vea el Informe de Auditoría CP-21-03.

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