La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Vega Alta. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela múltiples deficiencias por la cesión de propiedad municipal en el 2018, a comerciante, durante 15 meses, sin la previa autorización de la Legislatura Municipal. El alcalde le solicitó a la Legislatura en el 2019, la aprobación para firmar un acuerdo colaborativo a cambio de que el comerciante prestara servicios de mantenimiento a los equipos de la Unidad Marítima de la Policía Municipal. Sin embargo, dicha Unidad había sido desarticulada en el 2013 y la Legislatura Municipal no recomendó el proyecto ya que no satisfacía los criterios de razonabilidad sobre la legalidad.

La auditoría de siete hallazgos señala que el Municipio eximió a contribuyentes del pago de patentes municipales y arbitrios de construcción por $87,725, sin la aprobación de la Legislatura Municipal. Esta situación ocasionó que se concedieran beneficios contrarios a la Ley. Además, sin la aprobación de la Legislatura Municipal, el Municipio alquiló un apartamento de su propiedad por 11 meses.

El Informe indica que el recaudador oficial interino ejercía tareas conflictivas de recaudación, depósito y ajustes en las cuentas de los contribuyentes. Además, al 6 de febrero de 2019, Vega Alta mantenía 62 cuentas de contribuyentes que tenían más de cinco años de vencidas por $162,055.

Los auditores hallaron faltas de control en los almacenes de herramientas y equipos, ya que no se registraban los despachos y devoluciones diarias. Además, dos ambulancias permanecieron, una ocho y la otra 27 meses, en talleres de reparación privados propiciando su deterioro y contrario al Reglamento de Vehículos de 2016.

Al 29 de marzo de 2019, el Municipio no había actualizado el Reglamento de Personal del Gobierno Municipal de Vega Alta como dispone la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos. Esta situación no permite mantener un sistema adecuado para la administración de personal, por ejemplo, en el uso de licencias por víctimas de violencia doméstica, paternidad, adopción y otras.

Contrario a la reglamentación vigente, el puesto de administrador de documentos públicos estuvo vacante desde el 2016, y el administrador nombrado en el 2019 no contaba con los adiestramientos necesarios autorizados para ejercer sus funciones. Esta situación propicia la pérdida, deterioro o destrucción de documentos, e impide mantener un control adecuado.

La auditoría comenta que el proyecto para la construcción y rehabilitación del Gimnasio Domingo Navarro se detuvo debido a que el Banco Gubernamental de Fomento dejó de enviar los fondos asignados tras la declaración de estado de emergencia en el 2016. Al 29 de abril de 2019, el contratista había facturado $137,158 y el Municipio no cuenta con fondos para continuar el proyecto. (ver fotos en el Anejo 1 del Informe)

Al 19 de marzo de 2019, el Municipio tenía 73 empleados clasificados como transitorios hasta por más de 18 años, contrario a ley aplicable. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-18-01 de 2017.

El Municipio no realizó investigaciones internas para identificar las causas de débitos no autorizados por $23,758 de la Cuenta Corriente en el 2016. Tampoco notificó a la Contraloría de Puerto Rico, dichas transacciones de compras personales y equipo electrónico ni presentó una querella en la Policía. El Municipio si le reclamó al Banco, que reintegró dichos importes a la Cuenta.

A pesar del hurto de un tractor por parte de un empleado municipal, el Municipio no aplicó medidas disciplinarias. El empleado alegó que se lo había llevado porque necesitaba una pieza para reparar equipo de su propiedad. El tractor fue devuelto desmantelado y sin varias piezas. El hurto se reportó al Negociado de la Policía de Puerto Rico, pero el caso fue desestimado, ya que la agente no compareció a la tercera vista señalada por el Tribunal. (Ver Anejo 2 del Informe)

El Municipio no había atendido, al 29 de agosto de 2019, la recomendación de recobro de $21,750 publicado en el Informe de Auditoría M-18-01 del 2017.

El Informe recomienda a la directora ejecutiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Vega Alta cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Este primer informe de Vega Alta, cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría M-21-14.

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