La saliente contralora Yesmín Valdivieso insiste en que la jugada, que se hace con frecuencia, le sale más cara al gobierno.

Fuente: Primera Hora.com - Frances Rosario

En momentos en que el gobierno promueve una nueva ventana de retiro incentivado, la saliente contralora Yesmín Valdivieso levantó bandera por la recurrente acción de las agencias de gobierno de sustituir la experiencia de estos empleados por contratos que salen más costosos para el pueblo.

Afirmó que a lo largo de los 10 años como dirigente de la Oficina del Contralor de Puerto Rico ha señalado en múltiples instancia este error, cuyo impacto no se ha calculado por ninguna agencia.

“A mí me preocupa muchísimo. La realidad es que el gobierno fue un monstruo con más de 400,000 empleados, en el momento más alto que hubo. Lo cierto es que si lo que queremos es bajar el gasto gubernamental, no puede ser a través de nómina, porque estás dejando ir a las personas que saben y no se hacen planes de sucesión en las agencias y, los que se quedan, no necesariamente pueden hacer el trabajo de los que se van, y de momento empiezan a ver compañías contratadas para hacer el trabajo que en su momento hacían empleados de la agencia”, resumió, al recalar que “la contratación siempre sale más cara”.

Desde el pasado 3 de agosto, el gobierno promueve un retiro incentivado a través de la Ley 80 del 2020.

La gobernadora Wanda Vázquez anunció, al momento de estampar su firma que hay “unos 9,452 participantes activos de la Ley 447” que calificarían para ese retiro incentivado, que “representan una nómina de $342,277,000, más alrededor de $60 millones en beneficios marginales… Si todos ellos se retiran bajo esta ley que autorizo, con un 50% de su salario actual, ello representaría un ahorro para el gobierno de $171,138,000”.

Cálculos provistos por el Sistema de Retiro establece que desde el 2017 hasta lo que va del año se habían retirado 6,016 maestros, de los cuales 740 han completado los trámites en este 2020. Del Sistema de Retiro de los Empleados del gobierno y la Judicatura sumaban, entretanto, 8,245 pensionados, de los cuales 1,001 son de este 2020.

La contralora estipuló que por la falta de personal que también enfrenta la Oficina del Contralor no ha podido efectuar una investigación que estipule cuántos de estos empleados retirados han sido sustituidos por contrato y cuánto le ha costado al gobierno.

Sin embargo, el ejemplo que utilizó para dramatizar el problema que crea el retiro de los empleados fue un informe de auditoría presentado el 14 de abril de 2016 de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).

Valdivieso expuso que por la Ley Especial 7 Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal, aprobada bajo la administración de Luis Fortuño, todas las personas de facturación de Assmca se retiraron. Como había una orden de congelar las plazas de los retirados, esas plazas no se llenaron y la facturación de la agencia a los planes médicos se detuvo por año y medio. Una vez llegó el gobernador Alejandro García Padilla, dijo, se estipularon contratos para hacerse cargo de esta función.

Según la auditoría del Contralor, los empleados fueron sustituidos por personas que cobraron hasta $50 la hora en sus contratos.

Uno de los ejemplos dado en la auditoría DA-16-29 indica que “una Oficial Junior de la corporación realizó en la ASSMCA funciones similares a las del puesto regular de supervisor de facturación y cobro. Los servicios se prestaron en la Oficina de Facturación y Cobros de mayo de 2013 a junio de 2014, y por estos la ASSMCA pagó $130,612 a la corporación privada por 2,612.25 horas de servicio a una tarifa de $50 por hora. Al momento de otorgar estos contratos, la ASSMCA tenía un puesto de esta clase vacante”.

Otro ejemplo establece que “una Oficial Junior de la corporación realizó en la ASSMCA funciones similares a las del puesto regular de oficial de facturación y cobro. Los servicios se prestaron en la Oficina de Facturación y Cobros de junio de 2013 a junio de 2014, y por estos la ASSMCA pagó $101,125 a la corporación privada por 2,022.50 horas de servicio a una tarifa de $50 por hora. Al momento de otorgar estos contratos, la ASSMCA tenía 11 puestos de esta clase vacantes”.

“Esa contratación salió más cara de lo que hubiera salido dejar los empleados”, estipuló Valdivieso.

Asimismo, la contralora señaló que estos retiros incentivados hacen que la agencia pierda personas con experiencia. Dijo que ha visto en el pasado en la Oficina del Contralor cuando, con la Ley PreRetiro, en la que perdió a 48 empleados.

Expuso que no es que no quiere evitar los retiros, pero le molesta que el mismo gobierno impulsa a los jefes de agencia a subcontratar servicios por la congelación de las plazas.

En el caso de la contraloría, sin embargo, no se puede contratar a empleados para hacer auditorías. Está prohibido por ley.

“Como he ido perdiendo personas, nos hemos ajustado a hacer las auditorías”, señaló.

Aceptó que, por ello, “se me cae la cara de vergüenza”, cuando ahora en agosto logró sacar una auditoría que se le realizó al municipio de Orocovis en el 2017.

“Hasta yo misma me siento mal, porque de repente no estaba cumpliendo con los dos años (de realizar auditorías a los municipios)”, sostuvo.